Según los datos publicados por el Boletín Oficial de Aragón, el Gobierno autonómico proyectó un presupuesto en Sanidad y Bienestar Social de 1.100.000 euros en el año 2015, 2.000.000 en 2016 y 2.286.000 en el ejercicio 2017.

Un aumento del gasto más que relevante, pues la coalición PSOE-CHA duplica prácticamente el dinero que se destinaba cuando gobernaba el Partido Popular y, sin embargo, ese crecimiento resulta absolutamente ineficaz si comparamos la inversión con los resultados.


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Ejemplos concretos: las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas apenas han disminuido; los nuevos hospitales prometidos para Alcañiz y Teruel siguen en el tablero de dibujo del arquitecto que los diseñó; el servicio de urgencia de ambulancias además de ser más lento en tiempo de respuesta es menos completo respecto a personal.

«Los nuevos hospitales prometidos para Alcañiz y Teruel siguen en el tablero de dibujo del arquitecto que los diseñó»

Excepto el Servet y el Clínico los centros hospitalarios repartidos por el territorio, desde Barbastro al Obispo Polanco, ha disminuido su cartera servicios o su frecuencia de tal manera que aumentan los pacientes oscenses y turolenses que se ven obligados a trasladarse a Zaragoza para poder realizarse pruebas diagnósticas simples.

Las esperas en los servicios de Urgencias de los grandes hospitales no bajan; la gran promesa electoral de la Renta Social Básica no ha sido aprobada o no ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Los grupos de población sensibles como la infancia, la adolescencia o la juventud siguen esperando del Gobierno de Aragón leyes que reafirmen el respeto a sus derechos. Y eso que, como decía antes, el Gobierno de Javier Lambán disfruta de casi el doble de dinero.

«Las esperas en los servicios de Urgencias de los grandes hospitales no bajan o la gran promesa electoral de la Renta Social Básica no ha sido aprobada. Y eso que el Gobierno disfruta de casi el doble de dinero»

Es evidente que no existe una relación lógica entre lo que el Gobierno de Aragón nos obliga a pagarle vía impuestos y lo que nos está dando a cambio.

Porque en estos dos últimos años nos ha subido los impuestos más que a la media de los españoles y, sin embargo, la calidad de la Sanidad y de los servicios sociales que recibimos no han variado, y en algunos casos nos va peor, tal y como refleja el último informe (septiembre de 2017) de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública donde nuestra Comunidad Autónoma baja en la lista.

De hecho, sigo sin entender cómo es posible que la Administración de Lambán cada vez tenga más dinero y a los ciudadanos nos cueste más llegar a fin de mes.

Los últimos datos del Consejo Social de Aragón (CESA) certifican que en 2016 aumentaron las familias con dificultades para cubrir sus necesidades vitales, y en teoría estamos saliendo de la recesión.

Los defensores del aumento indiscriminado del gasto público, y Javier Lambán es un ejemplo, siempre han sustentado esa teoría mediante la adquisición de más ingresos a través de más impuestos.

Así planteada es una ecuación de imposible resolución porque llegará el día en que la gente ni siquiera tendrá capacidad para pagarlos.

En Aragón la izquierda utiliza las palabras ‘solidaridad’ y ‘social’ como salvoconducto para justificarse pero la mayoría de los aragoneses de a pie seguimos preguntándonos, después de más de dos años de gestión socialista en Aragón, al menos en Sanidad por qué básicamente seguimos con los mismos problemas.

* Carmen Susín es portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón