Sabado, 04 de Julio de 2020

El otro día escuché al presidente Sánchez explicando las fases de la desescalada, ese término acuñado por el Gobierno que, según la RAE, no existe.

No es el único gol que nos han colado: no hay plan B, algo que Sánchez reconoce sin rubor lanzando un órdago que tiene más de chantaje que de reconocimiento de su incapacidad para sacar esto adelante; y tampoco parece haber sentido común dentro de esta crisis sanitaria que no vimos venir, pero que podemos, y debemos, gestionar.


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Me pregunté qué pensarían los miles de autónomos, hosteleros y pequeños empresarios de aquí, de Aragón. De un día para otro tuvieron que cerrar, tramitar expedientes de regulación de empleo y esperar a que el Gobierno autonómico aprobara medidas y ayudas para que su cierre no se convierta en definitivo. Esto fue el 14 de marzo. Ya bien entrado el mes de mayo, ni están ni se esperan.

Un día les dicen que abran al 30% y otro que al 50%; las rectificaciones se suceden y mientras la ministra de Trabajo se felicita de que las medidas del confinamiento no hayan sido tan destructivas -el 30% de la población activa está en paro temporal o total-; la de Transición Ecológica explica que reabrir no es obligatorio. Pues igual algunos Ministerios tampoco son necesarios, ya disculparán el desahogo.

España lleva casi dos meses bajo el estado de alarma. Y a nosotros, los políticos, se nos pide que seamos útiles. Que tomemos decisiones acertadas en las ciudades y en los pueblos en los que gobernamos, y que sumemos donde ejercemos la labor de oposición.

“No hay plan B, algo que Sánchez reconoce sin rubor lanzando un órdago que tiene más de chantaje que de reconocimiento de su incapacidad”

Porque la pandemia es mundial, pero su gestión es estatal, autonómica y municipal; y ahí estamos evidenciando dónde se hace una política con mayúsculas y dónde reina el postureo y una insoportable levedad de la política.

Un día vemos al alcalde de Valderrobres entrar en la residencia de su pueblo a trabajar; y otro asistimos a las rectificaciones y contradicciones de un Gobierno que, con más de 25.000 fallecidos, es incapaz de decretar el luto.


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Que proclama que la crítica es una falta de responsabilidad. Que ha intentado, por obra y gracia de un estado de alarma con tintes de estado de excepción, que la libertad de expresión se ponga en cuarentena; y que califica el desacuerdo como falta de lealtad; cuando la peor traición sería la de no servir a los españoles.

No pongamos los instrumentos que nos da la política a nuestro servicio: pongámonos al servicio de la mejor Política. Ojalá estemos a la altura de los sanitarios, policías y miembros de las Fuerzas de Seguridad que se han dejado la piel sin levantar la voz.

*Javier Campoy Monreal es presidente del Partido Popular de Zaragoza y diputado autonómico en las Cortes de Aragón.

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