Lunes, 01 de Junio de 2020

En los últimos años estamos comprobando una evolución de las compras. De ser una parte operativa de las organizaciones a claramente estratégica. Esta tendencia es consecuencia también del entorno VUCA -volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad- en el que nos encontramos.

Por ello, el entorno nos exige disponer de unos protocolos, procedimientos y herramientas de compras que faciliten y agilicen la toma de decisiones que en algunos casos pueden llegar a salvar vidas.


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Se está hablando mucho estos días de los más de 640.000 test fallidos comprados por el Gobierno de España para detectar contagios por coronavirus.

Este dispositivo no se validó hasta disponer de una primera remesa de 59.000 unidades que, según el Estado, no daban más de un 30% de fiabilidad, cuando lo estipulado era un 80%. Por el contrario, la empresa vendedora Bioeasy, alegó que no se estaban usando de forma adecuada. Sin embargo, la decisión final por parte del gobierno fue devolverlos.

A día de hoy seguimos sin disponer de los detalles de la negociación, y cuál de las partes implicadas tenía razón, la única certeza es que esta compra junto con el resto de material sanitario ha costado a los españoles más de 432 millones de euros, y que además el Gobierno decidió seguir confiando en Bioeasy.

Todo esto puede hacernos cuestionar si realmente el Gobierno ha hecho una buena praxis en la compra del material sanitario, ya que resulta complicado entender cómo no se hizo una validación previa de los dispositivos, y más cuando la compra se realizó a una empresa no incluida en el listado de proveedores homologados que facilitó el Ministerio de Comercio de China.


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Si dispone realmente el Gobierno de España de una base de datos de proveedores homologados, tendría que tener un proceso de homologación de proveedores que exija certificaciones reconocidas a nivel mundial como la ISO.

O quizá no tenga estipulado un proceso o procedimiento que garantice o justifique la elección de un proveedor u otro. ¿Cuenta en su equipo con algún experto de compras que acompañe en la negociación tratando de proponer la mejor alternativa?. Por otro lado, una duda pertinente es saber si el Gobierno de España habrá sido capaz de involucrar a todas las partes implicadas en el proceso de compra.

“La única certeza es que esta compra junto con el resto de material sanitario ha costado a los españoles más de 432 millones de euros”

En medio de esta negociación también hemos presenciado una falta de control y liderazgo. La declaración del estado de alarma asume que la gestión autonómica esencial pasa a disposición del gobierno central, pero lo que hemos podido ver es que incluso autonomías como Andalucía, y ante la pasividad del gobierno, decidieron hacer su propio acopio de material de protección, esto además de ineficiente, probablemente haya tenido un mayor coste para los españoles. 

Toda esta inoperancia ha generado la crispación de sanitarios, ha puesto vidas en juego y ha incrementado la desconfianza del ciudadano. Cómo decía Bill Gates, “la mayor fuente de conocimiento son tus clientes insatisfechos“, esperemos que este hecho sirva de reflexión al gobierno o a sus posibles sucesores para mejorar y establecer protocolos o procedimientos de compras que ayuden en una mejor toma de decisiones.

Nosotros los contribuyentes, clientes del Estado, debemos ser capaces de exigir al Gobierno la máxima transparencia, y una mejor gestión de los recursos que en este caso podría haber evitado seguramente un mayor número de contagios.

*José Luis Ybarra es EMBA en ESADE

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