Lunes, 08 de Marzo de 2021

Los dos edificios del cuartel de Pontoneros (el cuartel propiamente dicho y la residencia oficiales) conforman uno de esos “vacíos urbanos” a los que nos solemos referir quienes nos dedicamos al urbanismo.


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Dos edificios catalogados, de carácter monumental, que el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió nada menos que en 1972 en el marco de la llamada “operación cuarteles”, sin lograr dar un uso hasta 2001, cuando se rehabilitó parte del cuartel para instalar dependencias del área de Cultura.

No es nada excepcional la dificultad que supone dar usos adecuados a edificios catalogados que, lógicamente, fueron diseñados para otras funcionalidades radicalmente diferentes. Ahí tenemos los casos de GIESA, Averly, la Harinera o la Azucarera que, o bien requirieron grandes inversiones, o bien permanecen esperando proyectos que los recuperen para la ciudad.

En el caso de Pontoneros, dos han sido los principales intentos de poner estos edificios al servicio de la ciudad. En 2013, como parte del proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura en 2016, se proyectó una residencia universitaria que, como consecuencia de la crisis económica, quedó desierta. Más tarde, el Gobierno de ZEC planteó una propuesta de viviendas que no reunió el consenso necesario.


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Con estos antecedentes, el Gobierno de Jorge Azcón ha planteado una propuesta que supone, en la práctica, la conversión de estos edificios en un equipamiento privado cuya propiedad, a través de la figura del derecho de superficie, se venderá por un periodo de tiempo entre 76 y 99 años.

“Sin la menor ambición por mejorar y transformar la ciudad, Azcón y Serrano han puesto a Zaragoza el cartel de ‘Se Vende”

Más allá de diatribas ideológicas, el planteamiento del gobierno presenta dos problemas fundamentales. En primer lugar, la renuncia del Gobierno Azcón a mejorar los usos del patrimonio público y a que éste revierta sobre el bien de la ciudad. Ante las dificultades, en lugar de sacar adelante proyectos como los de la Harinera de San José o la Azucarera del Rabal, hoy convertidos en espacios de referencia de la ciudad, Azcón y Victor Serrano se quitan el problema de en medio convirtiendo el patrimonio histórico en un negocio privado.

Además, el proyecto de Pontoneros es de una dudosa legalidad por cuanto afecta a la estructura fundamental del Plan General y tuerce el sentido que la legislación urbanística confiere a la figura del derecho de superficie.


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Pero, sobre todo, desnuda el no modelo de ciudad del gobierno PP-Ciudadanos. Sin la menor ambición por mejorar y transformar la ciudad, Azcón y Serrano han puesto a Zaragoza el cartel de “Se Vende” convirtiendo el área de Urbanismo en un zoco donde todo se pone en venta, sin importar el beneficio de la ciudad. Un modelo de gestión que se está convirtiendo en una auténtica desamortización municipal.

En alguna ocasión acusé a Víctor Serrano de que su falta de ideas le llevaría a no dejar para la ciudad ningún legado para la historia de la ciudad. Me equivoqué. De continuar así, el legado del gobierno Azcón-Serrano será la despatrimonialización del Ayuntamiento de Zaragoza sólo para el beneficio particular.

*Horacio Royo es concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

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