Tras la comparecencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, hace dos días, anunciando el plan de desescalada en cuatro fases, y a la espera de la publicación oficial en el BOE, los empresarios de la hostelería han publicado un comunicado para poner de manifiesto su más profundo malestar con las medidas anunciadas por el ejecutivo de Sánchez.

Hasta 130 hosteleros han firmado este comunicado, representando a más de 370 locales de negocio y empleando a más de 3.129 trabajadores. En primer lugar, alertan de que ninguno de los hosteleros del país ha sido consultado acerca de su opinión respecto de la pertinencia de las medidas propuestas.

Entre estas firmas, que están sumándose continuamente, se encuentran los grupos hosteleros más importantes de este país como Grupo Larrumba, Grupo el Paragüas o Pastelerías Mallorca (Madrid); Grupo Verbena (Ginger/Garbo/Gonzo), Grupo Marengo y Grupo los Cabezudos (Zaragoza), o Restaurant B-ONE Palau del Mar, de Michele Bertoluzzi (Barcelona).

«Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector», aseguran.


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«Queremos incidir en que el cierre de la hostelería por efectos del COVID-19 nos afecta todos por igual pero va a ser especialmente agresivo con aquellos que menos músculo financiero tienen: establecimientos pequeños, con escasa solvencia, con dependencia de la rotación más que de los márgenes: locales de superficie escasa, de alquiler y con necesidad de gran afluencia para obtener beneficios», detallan.

En cuanto a la reducción de aforo que se plantea o de las inversiones necesarias que se apuntan, y que en tantos casos están cercanas a la toma de temperatura, túnel de desinfectado o mamparas, suponen condicionantes que bien en el lucro cesante -limitación del aforo- o en los costes que suponen; generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios cuando no la desaparición de muchos al no soportar la caída del rendimiento. O una inflexión fuerte en los precios, reconocen en el citado comunicado.

LA PROPUESTA

Con la intención de paliar los efectos mencionados, los firmantes del comunicado requieren al Gobierno de España que se pronuncie respecto de la moratoria de los alquileres de local de negocio, y con medidas concretas.

Entre ellas, que los hosteleros sean reintegrados por la totalidad de los alquileres abonados a partir de la adopción del estado de alarma o que, subsidiariamente, en caso de que haya hosteleros que todavía no hubieran abonado estas cantidades se les declare exentos de cumplir tal obligación.

Así como que la exención del pago de los alquileres se prolongue hasta la reapertura de los locales de negocio, aún cuando esta se produzca en una fecha posterior a la del final del Estado de Alarma.

La pandemia es una circunstancia sobrevenida, externa e imprevisible y supone por sí misma una alteración de las obligaciones contractuales, apuntan los hosteleros firmantes, que no tiene por qué ser soportada por una sola de las partes; de lo contrario, se rompería el equilibrio contractual que la norma persigue.

Proponen que el gobierno favorezca que los arrendatarios de locales de negocio puedan proponer al arrendador una revisión de las condiciones mientras dure o haya durado la situación excepcional que se deriva de la declaración del Estado de Alarma. Y que esto se pueda extender no solo al arrendador de los locales sino también a otros proveedores y suministradores.

Por otro lado, solicitan que los ayuntamientos contribuyan a paliar la crisis que vive nuestro sector y que preparen baterías de medidas de carácter fiscal de carácter inmediato (como exención de tasas, IBI, ayudas directas al pago de alquiler…) y así impedir la destrucción del tejido productivo.

Por último, solicitan al gobierno que garantice y facilite la realización de tests de diagnóstico a todos los profesionales de este sector.


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La Hostelería Española retomará su actividad cuando el Gobierno pueda asegurar que la reapertura no conllevará ningún riesgo añadido que contribuya a fomentar un rebrote del virus COVID-19. Consideran que sería imperdonable que el recobro de la «normalidad» tuviese como consecuencia un impacto negativo en la salud de nuestros trabajadores o de nuestros clientes.

«Es evidente que la hostelería española no puede abrir en las condiciones que propone el gobierno y por ello queremos dejar claro que los hosteleros no abriremos nuestros locales de negocio hasta que las medidas que se adopten sean sensatas, razonables y eficientes, y por ende, contribuyan a la reconstrucción de un sector que aporta más del 7% del PIB de nuestro país», finalizan.