Europa es una casa con una gotera en el techo. No apareció de la noche a la mañana. Al principio bastaba con colocar un cubo; luego vinieron más cubos, parches y excusas cada vez más sofisticadas. El problema nunca fue la falta de diagnósticos, sino la renuncia a actuar. Mientras el tejado resistía, preferimos mirar hacia otro lado.

Durante más de veinte años, Europa ha circulado con el freno de mano echado. No hubo un colapso dramático, sino una deriva silenciosa y constante. Mientras Estados Unidos disparaba su productividad, hoy un 20% por encima de la UE, Europa acumulaba retraso décima a décima, hasta convertir una brecha inicial casi anecdótica en un problema estructura imposible de ignorar.

Esta trayectoria revela un problema de fondo. El modelo económico europeo ha privilegiado la estabilidad y la gestión del corto plazo, pero ha quedado rezagado en innovación, inversión y transformación productiva a gran escala. Mientras el entorno global fue benigno, ese equilibrio precario funcionó; hoy se ha agotado.

El resultado es incómodo y tangible. Con un crecimiento débil, la UE tiene menos margen para sostener el Estado del bienestar, menos recursos para seguridad y transición energética, y menor capacidad para absorber shocks externos. En un mundo de crisis recurrentes, esta fragilidad ya no es una hipótesis académica, sino una realidad política.

Los avisos no llegaron de golpe, sino uno tras otro. La pandemia de COVID-19 reveló nuestra dependencia del exterior incluso para mascarillas y equipamiento básico, y mostró que Europa podía improvisar, coordinar y finalmente actuar de forma conjunta. Sin embargo, aquella victoria táctica dejó claro un déficit estratégico: nuestra autonomía era limitada. Apenas unos años después, la invasión rusa de Ucrania evidenció que la seguridad no es un bien abstracto ni gratuito, y que delegarla indefinidamente en aliados transatlánticos ya no era opción. Esa misma impotencia se ha repetido en Gaza, donde las divisiones internas relegaron a la UE a un papel de pagador humanitario con escasa influencia política real.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, con bombardeos sobre Caracas y la posterior detención y traslado fuera del país del presidente venezolano y su esposa, ha añadido un dilema incómodo: si Europa avala de facto la operación erosiona los principios jurídicos con los que combate la agresión rusa; si la condena, tensiona a su principal garante de seguridad. El posterior interés de Washington por Groenlandia, con la Casa Blanca impulsando negociaciones con Dinamarca sobre el futuro estratégico de la isla ártica y sin descartar opciones de presión política o militar, ha subrayado hasta qué punto la relación transatlántica puede convertirse en un instrumento de coerción incluso frente a aliados de la OTAN.

Estas dinámicas han avivado dudas sobre la capacidad de Europa para defender un orden internacional basado en reglas cuando ese mismo orden parece negociable a golpe de fuerza. Esa lección se hizo ineludible con la vuelta de Donald Trump en enero de 2025 y la consolidación de su agenda America First. El mundo había cambiado, Europa estaba fuera de juego y perdiendo peso geopolítico.

Cinco lecciones que 2025 nos ha enseñado

1. La defensa ya no es opcional. Invertir en defensa ha dejado de ser un debate moral para convertirse en una exigencia de poder si Europa quiere seguir contando. Bajo la presión de Trump, la OTAN ha fijado el suelo en el 2% del PIB y ha elevado el listón hasta un 5% en 2035, con más gasto en capacidades militares duras y en seguridad ampliada. Bruselas ha respondido con la European Defence Industrial Strategy (estrategia para fortalecer la industria de defensa europea) y el futuro European Defence Industry Programme (programa para coordinar compras y producción), que empujan un giro de “Buy European” para anclar compras y producción en la base industrial europea. El problema es el cómo.

Gran parte del aumento se está ejecutando en clave nacional y a la carta, multiplicando miniclústeres protegidos en lugar de crear campeones continentales. El silencio calculado ante Venezuela y la incomodidad sobre Groenlandia reflejan el mismo problema. Una Europa que depende de Estados Unidos para su seguridad se siente obligada a mirar hacia otro lado incluso cuando se vulneran principios que considera fundacionales. Sin planificación común de capacidades, concentración industrial y cesiones reales de soberanía, Europa gastará más, pero no necesariamente mejor. 

2. Prosperidad, seguridad y bienestar son inseparables. La productividad no es un debate técnico; es la base material de cualquier proyecto político. Sin crecimiento real, los recursos para defensa, transición ecológica o bienestar social serán limitados. La UE ha avanzado con la Competitiveness Compass (hoja de ruta estratégica para competitividad, innovación y descarbonización) y la Savings and Investments Union (estrategia para canalizar ahorro hacia inversión productiva), pero el verdadero reto será traducir estas estrategias en riqueza tangible y sostenida, no solo en hojas de ruta o KPIs.

3. Europa ya no marca el ritmo global, lo sigue. Mientras Estados Unidos y Asia acumulan capital, tecnología y mercados, la UE reacciona tarde y a la defensiva. La brecha en I+D+i es el síntoma más visible, 2,3% del PIB en la UE frente al 3,5% de EE. UU., lo que supone alrededor de un 35% menos de esfuerzo innovador.

En 2025 esta asimetría se hizo brutalmente tangible con el chantaje arancelario de la Administración Trump, cuando las amenazas de aranceles del 30% desembocaron en un acuerdo cerrado bajo presión que fija un 15% de tarifa para buena parte de las exportaciones europeas, especialmente en automoción, mientras la UE elimina aranceles a los bienes industriales estadounidenses.

Por otro lado, Europa también ha avanzado en la firma de acuerdos comerciales estratégicos (por ejemplo, el acuerdo UE-Mercosur está en proceso de negociación avanzada), pero estas aperturas no sustituyen la necesidad de capacidad negociadora y resiliencia industrial.

No es casual que “aranceles” haya sido la palabra del año en política económica; una Europa lenta, fragmentada y dependiente paga un precio creciente por cada retraso. Asimismo, iniciativas como el 28th Regime for Innovative Companies (un nuevo marco para startups innovadoras) o la European Innovation Act (una ley para promover innovación industrial) apuntan en la dirección correcta, pero corren el riesgo de quedarse en proyectos políticamente cómodos si no se acompañan de capacidad real para negociar desde la fuerza y reducir vulnerabilidades.

4. La autonomía estratégica sigue siendo un eslogan. Europa continúa dependiendo de terceros en defensa, materias primas y cadenas de suministro. El dato es elocuente más del 80% de las grandes empresas europeas dependen indirectamente de tierras raras chinas, una vulnerabilidad que limita cualquier pretensión de soberanía económica.

El Critical Raw Materials Centre (centro para monitorizar y coordinar compras) y las compras conjuntas previstas en 2026 son pasos necesarios, pero corren el riesgo de quedarse en gestos políticos si no reducen dependencias reales. Sin control industrial y diversificación efectiva, la autonomía seguirá siendo retórica, no poder.

5. La unidad europea es frágil y el modelo económico la pone a prueba. Los conflictos internos surgen cuando se cruzan intereses concretos en energía, industria, agricultura o presupuesto. La reacción desigual de los Estados miembros ante la operación americana en Venezuela, entre silencios, apoyos velados y críticas aisladas, muestra hasta qué punto la unidad también se resquebraja cuando el dilema es elegir entre principios jurídicos y alineamiento con Washington.

Europa compite en un mercado global donde otros actores no enfrentan la misma fragmentación regulatoria, lo que aumenta las tensiones entre Estados miembros al repartir costes y beneficios de cada decisión. Iniciativas de 2026 como el Energy Security Package (paquete de medidas para seguridad y resiliencia energética) o la profundización del mercado único hasta 2028 (con la eliminación de barreras y mayor integración de capital, servicios y energía) son pasos cruciales, pero no sustituyen la integración real en capitales, energía, telecomunicaciones y defensa que Draghi identificaba como el verdadero desafío para una Europa cohesionada y competitiva.

Decisiones que no pueden esperar

2026 no va a borrar décadas de retraso, pero puede decidir si Europa sigue parchando goteras o empieza a reparar el tejado de verdad. La agenda está llena de hojas de ruta estratégicas, planes energéticos y nuevas etiquetas para el mercado único. Lo que falta son decisiones incómodas: unir mercados de capitales, consolidar energía, poner telecomunicaciones y defensa bajo reglas comunes y aceptar que habrá que concentrar producción y ceder control nacional.

La vuelta de Trump en 2025 dejó una lección clara, Europa no puede permitirse depender de lo que ocurra cada cuatro años al otro lado del Atlántico y, tras la intervención en Venezuela y la escalada de tensiones en torno a Groenlandia, debe decidir también si mantiene principios o sacrifica sus normas por conveniencia. Seguir el camino fácil, con vetos cruzados y simulacros regulatorios, es lo que nos ha llevado a la divergencia lenta y a perder peso global. Europa puede aprovechar este ciclo para construir mercados verdaderamente comunes o resignarse a un papel subordinado en un mundo definido por otros. El tiempo de los cubos bajo la gotera se acabó, ahora toca decidir si se repara el tejado o se acepta vivir en la fuga.

*Álvaro Lombardo es experto en asuntos europeos y competitividad industrial.

El crecimiento del sector es tan vertiginoso que la Comisión Europea advierte que, para 2030, el consumo de los centros de datos podría crecer hasta un 30%, equivalente a la electricidad anual de España.

Esta tendencia evidencia una paradoja incómoda. La IA promete optimizar el uso de la energía y reducir los consumos gracias a redes inteligentes (smart grids), pero al mismo tiempo demanda cantidades colosales de electricidad y agua para alimentar sus algoritmos y refrigerar los servidores. En otras palabras, Europa necesita energía para pensar.

Pero pensar también exige repensarse. Y ahí radica la raíz del desafío europeo. Nuestro modelo actual de desarrollo digital se apoya en una estructura territorial desequilibrada. La concentración de centros de datos en los hubs tradicionales (Países Bajos, Irlanda, Alemania o el norte de Europa) ha comenzado a mostrar sus límites, con redes al borde del colapso y moratorias que bloquean nuevas expansiones. La UE enfrenta así una disyuntiva estratégica: seguir con un modelo agotado o redefinir su geografía digital y energética para construir una digitalización sostenible y verdaderamente continental, combinando corredores digitales y energéticos, hubs tradicionales y regiones emergentes del sur y norte.

De los corredores eléctricos a las autopistas de datos

Ante este desafío, la Comisión Europea impulsa una doble infraestructura estratégica. Por un lado, las data highways, corredores digitales que interconectarán los centros de datos a escala continental, con la intención de garantizar velocidad, ciberseguridad y resiliencia. Por otro, las energy highways, grandes corredores eléctricos transfronterizos que transportarán energía renovable desde las regiones más productivas (como la Península Ibérica o los países nórdicos) hacia los principales polos industriales del centro y norte de Europa.

El objetivo es evitar una Europa a dos velocidades, entre regiones con abundancia de energía y aquellas saturadas por la demanda tecnológica. La ambición es una digitalización asentada en una base energética y territorial equilibrada, independiente de combustibles fósiles o proveedores externos, y donde todos los Estados miembros dispongan de un nivel mínimo de infraestructuras digitales que garanticen una conectividad y competitividad comunes.

La saturación de los polos tradicionales

Los principales polos europeos, Frankfurt, Ámsterdam, París y Dublín (el famoso “FLAP-D”, si incluimos Londres), concentran gran parte de la espina dorsal digital de Europa, lo que al mismo tiempo genera una fuerte presión sobre las redes eléctricas. En conjunto, los centros de datos consumen entre el 3% y el 3,2% de toda la electricidad de la UE, y podrían alcanzar los 150 TWh anuales, una cifra equivalente al consumo de España completa.

Alemania alberga aproximadamente el 25% de la capacidad europea, con 495 centros de datos, 129 solo en Frankfurt. Ámsterdam es un ejemplo claro de saturación. En 2019 el gobierno neerlandés impuso una moratoria por falta de capacidad en la red, obligando a pausar expansiones. París, con 86 centros que representan el 35% de la infraestructura francesa, registró un consumo de 10 TWh en 2022, el 2,2% del total eléctrico nacional.

Por último, Dublín aglutina el 87% de los centros irlandeses; en 2023, su consumo superó el 21% de toda la electricidad del país, más que todos los hogares juntos. Este desequilibrio evidencia la necesidad de buscar nuevas ubicaciones con mayor margen energético y estabilidad regulatoria.

El nuevo mapa: del frío nórdico al sur solar

El mapa de los centros de datos europeos empieza a dibujarse de manera diferente, y paradójicamente, los extremos del continente se vuelven los más atractivos. Los países nórdicos seducen con sus bajas temperaturas y abundante energía hidroeléctrica, mientras que el sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia) brilla por su capacidad renovable, costes energéticos competitivos y espacio industrial disponible.

No se trata solo de economía, sino de estrategia. Los nuevos proyectos buscan territorios resilientes y sostenibles, donde la huella de carbono sea menor y la estabilidad del suministro esté garantizada. Europa empieza a reequilibrar su mapa digital jugando entre hielo y sol, frío y luz, eficiencia y abundancia.

España frente al desafío de ser hub digital

España tiene un potencial destacado como hub digital gracias a su mix energético renovable y su excelente conectividad internacional; sin embargo, la saturación de la red eléctrica representa un freno crítico para el desarrollo masivo de centros de datos.

Levantar un centro de datos no es solo instalar servidores, es necesario garantizar un suministro eléctrico fiable y suficiente. Los promotores deben solicitar acceso a la red, coordinarse con los operadores y cumplir estudios y trámites que pueden alargarse años. Sin red disponible, los centros quedarían listos sobre el papel, pero inútiles en la práctica.

Hoy el 83% de los nodos de distribución española están saturados, bloqueando gran parte de la nueva demanda industrial. Las zonas más afectadas coinciden con los territorios más atractivos para centros de datos, como las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Resolver esta limitación requerirá planificación energética a largo plazo, coordinación institucional y una política industrial clara, para que España pueda aprovechar plenamente su potencial como referente digital europeo.

Aragón, de promesa a eje tecnológico

Aragón se ha consolidado como uno de los territorios mejor situados del sur de Europa para el desarrollo de centros de datos, con suelo disponible, capacidad renovable y proyectos tecnológicos de nube y supercomputación. Con más de 47.000 millones de euros comprometidos y hasta 187.000 empleos proyectados, concentra inversiones de gigantes como Amazon, Microsoft y Blackstone, junto a operadores nacionales. Este despliegue posiciona a Aragón como polo industrial de referencia, aunque el consumo eléctrico podría duplicar la demanda actual y el uso de agua alcanzar el 20% del consumo de Zaragoza. La región afronta desafíos técnicos y de talento, y al mismo tiempo ofrece una oportunidad única de empleo, innovación y posicionamiento. Aragón puede pasar de promesa a eje clave de la economía digital europea, y si España y la región conectan inteligencia y energía limpia, Europa logrará más que competitividad, una autonomía digital verdaderamente europea.

Europa no puede permitirse pensar a medias. Cada algoritmo, transacción e investigación dependen de la energía que fluye bajo sus pies y por sus redes. La carrera por la soberanía digital es tecnológica, energética y territorial, y la UE lo sabe. La experiencia de España y Aragón demuestra que conectar inteligencia y energía limpia es posible, aunque persistan desafíos que superar. Si la UE transforma promesas en proyectos y territorios en nodos digitales, Europa no solo mantendrá su competitividad, sino que logrará una autonomía digital europea real. Porque en el siglo XXI, pensar también consume energía.

Álvaro Lombardo – Experto en asuntos europeos y competitividad industrial.

En primer lugar, el presupuesto europeo, técnicamente conocido como Marco Financiero Plurianual (MFP), es el instrumento que determina cuánto puede gastar la Unión Europea y en qué prioridades, durante un periodo de siete años. La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta para el nuevo ciclo 2028-2034, pero su aprobación aún está lejos de producirse. Comienza ahora un largo proceso de negociación entre los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la propia Comisión, que podría prolongarse hasta finales de 2027.

Es aquí donde aparece la clásica pescadilla que se muerde la cola. A menudo pedimos a Europa que haga más: que lidere la transición ecológica, impulse la innovación, refuerce la defensa, proteja al sector agrario o contribuya al desarrollo regional. Pero pocas veces nos preguntamos con qué medios reales cuenta para hacerlo.

Lo cierto es que el presupuesto europeo es muy limitado. Apenas representa el 1,26 % de la Renta Nacional Bruta de los Estados miembros. Por comparar, el presupuesto federal de Estados Unidos representa en torno al 23,3 % de su PIB, y el de China, el 22 %. Es decir, le exigimos a Europa políticas de potencia global... pero con un margen fiscal mínimo y sin capacidad propia para generar ingresos suficientes.

Esta limitación presupuestaria se traduce en tensiones crecientes entre los gobiernos. Cada país defiende “su” prioridad: unos reclaman más recursos para la cohesión territorial, otros para la agricultura, y otros para ámbitos como la defensa, la seguridad o el control de fronteras. El resultado recuerda al conocido horse trading, una expresión anglosajona que describe negociaciones intensas y estratégicas, en las que cada gobierno intenta sacar el máximo beneficio posible a cambio de su apoyo, o dicho de forma más directa, arañar hasta el último euro. En este complejo escenario, la Comisión Europea actúa como mediadora, intentando construir un equilibrio entre intereses a menudo divergentes. 

Tampoco resulta fácil ampliar los recursos. Propuestas como aumentar las contribuciones nacionales o crear nuevos impuestos europeos suelen generar más rechazo que consenso. Lo han dejado claro gobiernos como el de Francia (centrado ahora en contener su déficit estructural), Países Bajos o Alemania, todos ellos poco proclives a un aumento del presupuesto común.

¿Y qué conlleva todo esto para Aragón?

Mucho más de lo que parece. Aunque parezca un debate lejano, el presupuesto de la UE condiciona directamente decenas de políticas públicas que afectan al día a día del territorio, desde las ayudas a agricultores y ganaderos hasta los fondos para modernizar regadíos, rehabilitar escuelas rurales, construir infraestructuras o dinamizar el tejido industrial.

Ante este escenario presupuestario, la propuesta de la Comisión ha generado especial preocupación en Aragón. La primera gran cuestión es el recorte a la Política Agraria Común (PAC). La Comisión propone reducir su dotación global de 386.000 millones a unos 300.000 millones de euros. Esto supone un recorte nominal de más del 20 %, aún mayor si consideramos la inflación acumulada.

En una comunidad como Aragón, donde más de 33.000 profesionales del sector agrario dependen de estas ayudas, esta propuesta se interpreta como un golpe directo a la economía rural. El Departamento de Agricultura del Gobierno autonómico ha calificado la medida de “inaceptable” y estima que podría traducirse en una pérdida de hasta 100 millones de euros anuales para el territorio. Esto no solo afectaría a las rentas agrarias, sino también a la cohesión territorial, al relevo generacional y al conjunto del tejido agroalimentario.

Pero no se trata solo de una cuestión de cifras. También hay un cambio estructural de fondo. La PAC dejaría de gestionarse como una política con identidad propia y pasaría a integrarse en los llamados Planes Nacionales de Reforma e Inversión, junto con otros fondos como los de cohesión, migración o política social. Esta transformación traería consigo menos visibilidad, menor autonomía y un riesgo real de recentralización presupuestaria. De hecho, tanto el Comité Europeo de las Regiones como el propio Parlamento Europeo ya han mostrado su rechazo a este planteamiento, advirtiendo del peligro de debilitar el papel de las regiones en la política de desarrollo de la UE.

La política de cohesión, la otra gran fuente de financiación europea para Aragón, tampoco queda al margen de cambios de calado. Aunque su volumen global se mantiene estable, el modelo de gestión cambia. Los fondos dejarán de articularse mediante programas regionales con dotaciones preasignadas y pasarán a formar parte de planes estatales únicos. En el caso de Aragón, esto exigirá redoblar esfuerzos en la negociación del reparto nacional, especialmente si quiere asegurar financiación para territorios vulnerables a la despoblación, como Teruel, el Pirineo o el entorno rural zaragozano.

Un equilibrio incierto entre recortes y oportunidades

No obstante, también se abren nuevas ventanas de oportunidad. La propuesta de MFP también amplía notablemente algunas líneas estratégicas como innovación, digitalización, transición energética, defensa, conectividad, investigación aplicada o educación. Programas como Horizonte Europa, el nuevo Fondo Europeo de Competitividad o el Mecanismo Conectar Europa pueden suponer un salto cualitativo para el tejido industrial, tecnológico o logístico de Aragón. Eso sí, acceder a estos fondos será más competitivo que nunca. Requerirá presentar proyectos sólidos, construir consorcios europeos, movilizar centros tecnológicos, clústeres, empresas y universidades, y anticiparse a las convocatorias europeas con planificación anticipada y alianzas sólidas. En este terreno, la colaboración público-privada será decisiva.

Aragón y el futuro de las regiones europeas

A modo de resumen, el presupuesto de la UE para 2028-2034 aún no está aprobado, pero sí empieza a dibujar el mapa del futuro europeo. Durante los dos años de negociación que ahora comienzan entre la Comisión, Parlamento y Consejo, se definirán los grandes equilibrios entre prioridades nuevas y tradicionales, entre gasto común y nacional, entre centralización y política regional.

Desde Aragón, el reto será doble. Por un lado, defender políticas que han sido clave para nuestro territorio, como la PAC o la cohesión, y al mismo tiempo posicionarse en las nuevas prioridades estratégicas, como la innovación, la defensa o la transición energética. 

En este nuevo contexto de recentralización y cambio de prioridades, Aragón, como el resto de regiones, deberá empujar con determinación durante los próximos dos años para que sus reivindicaciones tengan voz en Europa. Hacerse oír en Bruselas no será sencillo, pero resultará imprescindible para asegurar que el modelo territorial, el medio rural y las prioridades regionales sigan teniendo cabida en el futuro proyecto europeo.

Álvaro Lombardo – Experto en asuntos europeos y competitividad industrial.

Ya decía Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Durante años, Aragón ha tenido proyectos sólidos con gran potencial, pero la falta de visibilidad ha sido un obstáculo. Si no comunicamos lo que hacemos, es como si no existiera. Hoy, estamos consiguiendo que nuestras propuestas formen parte de la agenda comunitaria y que nuestra voz sea tenida en cuenta.

Aragón está de moda en Bruselas porque estamos mejorando nuestra forma de posicionarnos, generar alianzas y hacer que nuestras prioridades sean también las de Europa.

Impulso europeo a la reapertura del Canfranc y a la TCP

La reciente misión del Parlamento Europeo a Aragón refleja el creciente interés por la región y sus infraestructuras estratégicas. Impulsada por el eurodiputado aragonés del PP, Borja Giménez Larraz, y respaldada por la eurodiputada aragonesa del PSOE, Rosa Serrano Sierra, esta iniciativa llevó a los parlamentarios europeos a Zaragoza y al Pirineo aragonés. Durante la visita, se abordaron proyectos clave, como la reapertura de la línea ferroviaria ZaragozaCanfranc-Pau, reforzando el papel de Aragón en las decisiones sobre movilidad y cohesión territorial en Europa.

El restablecimiento de la conexión transfronteriza entre España y Francia a través de Aragón está más cerca que nunca, aunque persisten retos logísticos, financieros y geopolíticos por resolver. La unanimidad política en Aragón, con el respaldo tanto del actual presidente Jorge Azcón como de su predecesor, Javier Lambán, junto con el compromiso del Gobierno de España, está siendo clave para avanzar. Con una inversión de más de 200 millones de euros ya en marcha y el apoyo de los fondos europeos del Mecanismo Conectar Europa 2021/2027, el tramo español avanza con solidez. Sin embargo, la mayor incertidumbre sigue estando en el lado francés, donde el tramo Bedous-Somport, actualmente en consulta pública, requiere una inversión estimada de 450 millones de euros y no se prevé su finalización hasta 2032.

Por otro lado, la misión ha servido para reactivar el debate sobre la Travesía Central del Pirineo (TCP), un proyecto estratégico a largo plazo para mejorar la conectividad entre España y Francia. Los eurodiputados reconocieron el potencial de esta infraestructura y respaldaron la realización de estudios para evaluar su viabilidad de cara a la próxima revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), prevista en cinco años. En un contexto de creciente tensión geopolítica, Aragón se posiciona como un hub logístico de defensa, lo que refuerza la relevancia del proyecto y subraya la importancia de aprovechar las oportunidades en el momento adecuado.

Refuerzo de la presencia de Aragón en las instituciones europeas

En esta misma línea, nuestra comunidad también está consolidando su presencia en las instituciones europeas. Un hito clave para 2025 ha sido la elección del presidente Jorge Azcón como miembro de la mesa del Comité Europeo de las Regiones (CdR), la principal plataforma de representación regional ante la UE. Asimismo, Azcón asumirá la vicepresidencia de la mesa en representación de la delegación española en junio de 2026. Formar parte de su núcleo decisorio supone una oportunidad para que Aragón tenga un papel más activo en la definición de políticas europeas. No se trata solo de ocupar un cargo, sino de marcar la agenda en temas prioritarios que sean estratégicos para Aragón como despoblación, infraestructuras o energías renovables.

Aragón, epicentro de la innovación en IA

Además de este reforzamiento institucional, Aragón está ganando protagonismo en la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) en Europa. Un ejemplo destacado fue la celebración en Zaragoza, en el marco de The Wave, del Cluster Collaboration Labs (C2Lab), centrado en IA, con más de 70 expertos de 15 países europeos. Organizado por el clúster IDiA, a través de la European Cluster Collaboration Platform (ECCP) de la Comisión Europea y en colaboración con el Gobierno de Aragón, proyectó a la región como un centro de innovación tecnológica.

La construcción de infraestructuras como el Distrito Aragonés de la Tecnología Alierta y los centros de datos está transformando el panorama tecnológico y atrayendo inversiones. Empresas globales, junto con actores locales, han invertido millones en Aragón, atraídas por su energía renovable, agua, suelo disponible, talento y ubicación estratégica. Actualmente, la región cuenta con una docena de proyectos confirmados, aunque, por el momento, solo tres están operativos.

Gracias a la colaboración entre instituciones, empresas y universidades, Aragón se posiciona para acceder a parte de los 200.000 millones de euros anunciados por la Comisión Europea a través de la iniciativa InvestAI. En Europa, se valora demostrar con hechos, y Aragón lo está haciendo.

Más allá de los ciclos políticos: una estrategia estable

Para consolidar su papel en Bruselas, es esencial que la estrategia de Aragón no dependa de los cambios de gobierno. Las prioridades deben ser compartidas por todas las fuerzas políticas y mantenerse a lo largo del tiempo. De lo contrario, corremos el riesgo de diluir nuestra voz en Europa.

Otras regiones europeas han sabido especializarse y posicionarse como referentes en sectores clave. Aragón debe hacer lo mismo: definir una estrategia clara, coherente y proyectar una imagen sólida ante las instituciones europeas. En un momento clave de transición energética y digitalización, Aragón está convirtiendo sus características en ventajas competitivas, aprovechando su conectividad, recursos naturales y capacidad logística.

Aragón tiene el potencial para liderar sectores como el hidrógeno verde y la industria 5.0, pero debe redoblar su apuesta por inversiones estratégicas y una presencia activa en las decisiones de Bruselas. Solo las regiones que juegan con ambición logran resultados, y Aragón debe convertir sus aspiraciones en propuestas europeas concretas que impulsen infraestructuras, combatan la despoblación y atraigan inversiones para conectarnos más con Europa.

El camino está trazado. Ahora es el momento de afianzarlo.

*Álvaro Lombardo - European Project Manager en European Clusters Alliance - Cluster IDiA y experto en asuntos europeos.