El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2021 ya tiene una conclusión y es tremendamente claro con la gestión del Ejecutivo aragonés que lidera Javier Lambán. En resumen, según el órgano fiscalizador, el gobierno aragonés llegó a pagar más de 250 millones de euros a distintos proveedores mediante una elección a dedo y sin ningún expediente de contratación. No se conoce en ninguno de estos gastos el detalle de porqué se ha contratado o para qué.
El órgano de fiscalización aragonés insiste de manera clara que las compras adquiridas por el Gobierno de Lambán «incumplen preceptos fundamentales de la contratación pública» y que no están «incluidos los principios de publicidad y concurrencia de las licitaciones». Muchos de estos gastos, según se puede extraer del informe oficial ahora publicado, se ejecutaron sin un contrato de por medio o, incluso, sin haberse firmado el contrato que luego derivó en un pago directo a un proveedor de servicios. Para añadirle más irregularidad al asunto, estos pagos ejecutados por el gobierno aragonés se hicieron saltándose a la Intervención General de la comunidad autónoma, la cual se encarga de fiscalizar cada pago y contrato que haga el Gobierno aragonés para evitar irregularidades o ilegalidades. De este gasto, 191 millones son por compra de suministros sanitarios realizada directamente por los centros hospitalarios.
En 2021, el gasto presupuestario de Aragón ha sido de 6.985 millones de euros, un 4,3% más que en el ejercicio anterior. En sanidad, el gasto ascendió a 2.362 millones de euros, en educación a 1.284 millones y en políticas sociales a 546 millones de euros. En atender los gastos de personal se empleó el 35,5% del presupuesto ejecutado, 2.477 millones de euros. A 31 de diciembre de 2021, la Comunidad Autónoma tenía 60.180 empleados públicos, concentrados, casi en un 80%, en el SALUD y en los centros docentes no universitarios.
EL COVID 19: IMPACTO DIRECTO
Las consecuencias del COVID19 siguieron impactando en el presupuesto de gastos, aunque de manera desigual; mientras que los gastos en los programas de educación pública se incrementaron en 59 millones, los derivados de la asistencia sanitaria se redujeron en 40 millones, un gasto superior, en todo caso, al registrado antes de la pandemia.
La tasa media de temporalidad fue del 48,6%. A excepción de los incrementos del personal temporal por razón del COVID-19, el informe explica que no se debe a situaciones coyunturales, por lo que supone un «incumpliendo de la normativa sobre el empleo público».
También en el apartado de gastos, en 2021 se empleó 149 millones en inversiones, solo el 2% de las obligaciones reconocidas. Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, según la Cuenta General, ascendieron a 141 millones, 26 millones más que en el ejercicio anterior, la mayor parte, de gastos del SALUD. La auditoría ha identificado operaciones por valor de 15 millones de euros que aumentan este importe.
Respecto a los ingresos presupuestarios, en 2021 ascendieron a 7.536, un 8% más que en el ejercicio anterior. De los 551 millones de incremento, 402 se deben a la transferencia extraordinaria que efectuó el Estado para financiar los servicios públicos esenciales y el resto de los servicios transferidos.
LA DEUDA SIGUE AUMENTANDO
En este ejercicio, se incrementó el endeudamiento en 306 millones para financiar el presupuesto. Al cierre del cuarto trimestre de 2021, la deuda de la Comunidad Autónoma, según el boletín estadístico que publica el Banco de España aplicando el protocolo del procedimiento de déficit excesivo, era de 9.060 millones, dos puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, lo que representa 6.891 euros por habitante.
Aprovechando el contexto de tipos de interés fijos reducidos, en 2021 la Comunidad Autónoma refinanció parte de su deuda y redujo gastos financieros. En dicho ejercicio, el gasto en intereses fue de 122 millones, la mitad que en 2014.
El remanente de tesorería mejoró respecto al ejercicio anterior, pero siguió siendo negativo por importe de 404 millones de euros, 522 millones, tras los ajustes de la Cámara de Cuentas. Entre estos ajustes, destaca uno por importe de 53 millones de euros de gastos de personal devengados y no reconocidos en el ejercicio. El importe tan elevado que alcanza el remanente negativo indica que la Comunidad «sufrirá tensiones de tesorería a corto plazo y que debería adoptar medidas para corregir este desequilibrio y recuperar ese saldo negativo», ha alertado el informe de la Cámara de Cuentas.
Entre las salvedades de la auditoría financiera, el informe reitera que la cifra del patrimonio neto de la comunidad autónoma «no refleja la imagen fiel del mismo debido a incorrecciones detectadas» en la gestión del inventario contable, como las relativas al cálculo de la amortización acumulada del inmovilizado no financiero –edificios, locales, maquinaria, entre otros– que revelan un valor de los activos inferior al real en, al menos, 560 millones de euros.
La auditoría de legalidad refleja que la Comunidad Autónoma «incumplió» el periodo medio de pago a proveedores, establecido en 30 días, durante ocho meses del ejercicio 2021, situándose en 35,78 días de media, diez más que la media de las comunidades autónomas.