Se colaron en una casa ajena que, alegaron, parecía abandonada y terminaron por quemarla. Sucedió en Semana Santa, en el número 13 de la calle del Arco de Castiello de Jaca. Cuatro adolescentes irrumpieron en la segunda residencia de un notario de Zaragoza, en el Pirineo, para hacer una fiesta pero la travesura se les fue de las manos. Lo que podría haber quedado en una anécdota se ha convertido en un delito de allanamiento de morada y otro de daños por imprudencia grave, así como una posible condena de más de medio millón de euros para los padres de los implicados.

Los hechos sucedieron el pasado 17 de abril, en plena Semana Santa, sobre las diez de la noche. Los cuatro jóvenes, que en aquel momento tenían entre 14 y 17 años, allanaron el chalé por la puerta de atrás que, al parecer, ya estaba rota. Sus dueños, que lo emplean como segunda residencia, no se habían desplazado hasta allí en esta ocasión, por lo que dentro de la casa no había nadie. Una vez dentro, entre otras cosas, el grupo decidió echar gasolina en un vaso de cristal y prenderle fuego. El resto de la historia es vox populi. Por suerte, el suceso no ha acarreado daños personales pero sí materiales. Y muchos. La casa ha quedado totalmente calcinada y apenas se puede ver su estructura, entre escombros y ceniza.

Los adolescentes reconocieron ante la jueza los hechos desde el primer momento, pero alegaron que la casa parecía abandonada. Argumento que no convenció a la magistrada, que ha condenado a los padres a pagar 557.563 euros, cantidad fijada en lo que costaría actualmente el inmueble. Su actual dueño pagó por él 320.000 euros en 2019. Los hechos de aquella fatídica Semana Santa quedaron incluso inmortalizados, ya que los propios chavales grabaron en vídeo cómo abrían una botella de vino de la bodega de la casa y brindaban.

La responsabilidad de la trastada parece que, finalmente, va a recaer sobre los padres, quienes, como responsables civiles, van a recurrir la condena. Por su parte, dos de los jóvenes tendrán que pasar un año bajo libertad vigilada. A otro se le ha impuesto la obligación de asistir durante 12 meses a un centro de día supervisado y el cuarto, que acaba de cumplir los 18 años, tendrá que hacer tareas socioeducativas durante seis meses para reflexionar sobre lo ocurrido.