El Ministerio Público y la acusación particular en representación del Ayuntamiento de La Muela han mantenido su petición de penas de prisión para la exalcaldesa de la localidad Marisol Aured (PP) -y actual concejal en el municipio- por presuntas irregularidades en el pago de facturas del contrato de basuras de la población entre 2009 y 2011.
Tras escuchar a todos los testigos y peritos, la representante del Ministerio Público mantiene la misma petición de condena para la exalcaldesa popular: 6 años de prisión y 24 años de inhabilitación.
La acusación, asimismo, ha mantenido la petición de condena de 8 meses a 2 años de prisión para el gerente de la empresa Seula -Luis Miguel Bolea-, concesionaria del servicio desde 2005 al 2015, y a la que se adeudaban las tres anualidades referidas. La fiscal solicita para él tres años y dos meses de cárcel y nueve años de inhabilitación.
PREVARICACIÓN, FRAUDE Y EXACCIÓN ILEGAL
Tanto Marisol Aured como Luis Miguel Bolea se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza para responder a presuntos delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal.
Además, el fiscal eleva la petición de indemnización de 195.000 a 330.664 euros por los perjuicios causados al consistorio en la negociación del pago de las facturas del contrato, mientras que la acusación particular ha mantenido la cifra del perjuicio sufrido en 600.000 euros.
La Fiscalía pide para la dirigente del PP, Marisol Aured, una condena de 6 años de prisión y 24 años de inhabilitación
Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados al entender que no se pretendió en ningún momento causar un perjuicio al consistorio sino solucionar un litigio que hubiera derivado en una reclamación judicial por una deuda que ascendía a 1,2 millones de euros.
Las defensas han insistido, además, en que la renegociación del pago del contrato favoreció al consistorio un ahorro de más de cien mil euros. Estas peticiones han sido confirmadas hoy por ambas acusaciones al término de la prueba testifical y pericial practicada en el tribunal zaragozano.
UN ACUERDO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL PLENO
Según las acusaciones, la exalcaldesa y Seula llegaron a un acuerdo en 2012 para el pago de la deuda que prescindió del procedimiento legal al no someterse a votación en sesión plenaria.
La propia Aured explicó que la solución fue adoptada poco después de asumir su cargo, al comprobar que su antecesora en el cargo, María Victoria Pinilla, en prisión por la Operación Molinos, había dejado facturas sin pagar en los cajones por más 4 millones de euros, con reclamaciones judiciales algunas de ellas.
Durante la sesión celebrada en el día de ayer, el actual alcalde de la población, Adrián Tello, en la oposición durante el mandato de Aured, admitió que la exalcaldesa les ofreció mirar las facturas, una opción que, sin embargo, no se llegó a concretar.
Tello añadió que la oposición no conoció el acuerdo extrajudicial alcanzado hasta que se aprobó la modificación presupuestaria necesaria para el pago de la cantidad acordada.
Las defensas apuntaron, sin embargo, que la alcaldesa fue asesorada de forma incorrecta acerca del procedimiento empleado para el pago de las facturas, pero han insistido en que su acción fue dirigida a evitar un posible litigio judicial.