La Ley de Cuentas Abiertas, a propuesta de Podemos, será una herramienta para garantizar la transparencia de las administraciones y, según apuntó el diputado morado, Carlos Gamarra, durante el debate parlamentario, servirá para «luchar contra la corrupción«.
Una Ley que obligará a las administraciones públicas aragonesas a publicar semestralmente en sus páginas web todos sus movimientos bancarios. E incluso, si es un ingreso, qué importe, y la fecha concreta. Todo ello con un formato entendible para los ciudadanos.
¿CUÁLES?
Según la Ley de ‘Cuentas Abiertas’, las administraciones afectadas son el Gobierno de Aragón, las Cortes, el Justicia, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la Universidad de Zaragoza, los organismos autónomos que dependan de estas instituciones.
También los consorcios, sociedades y fundaciones con una participación pública de más del 51 por ciento, todas las comarcas, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En cuanto a los ayuntamientos, por la condición poblacional de Aragón, sólo cuatro ayuntamientos superan los 20.000 habitantes: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Una Ley que abarca a la mayor parte de las administraciones públicas aragonesas.
El diputado ‘popular’ Antonio Suárez – Cortes de Aragón
El diputado morado, Carlos Gamarra, explicaba que «será una herramienta fundamental para garantizar la transparencia en grado máximo y en la lucha contra la corrupción por su efecto disuasorio«. Apuntaba Gamarra que «se va a cortar» los gastos de algunas administraciones que pagaban cantidades «obscenas» por comidas.
LA «PROPAGANDA» DE PODEMOS
La Ley de ‘Cuentas Abiertas’ ha salido adelante. Sin embargo, la portavoz adjunta de los populares, Marian Orós, la calificó de «propaganda» de Podemos. A su juicio, es una «ampliación» puntual de la ley de transparencia y además, cree que no ayudará en la lucha contra la corrupción por «vomitar» una ingente cantidad de asientos contables de forma «incomprensible y fuera de contexto».
Desirée Pescador, de Ciudadanos, consideró la ley «innecesaria, costosa y algo demagógica«, si bien valoró que «sensatamente» se ha acordado que el volcado de datos sea semestral y que afecte a las administraciones locales de más de 20.000 habitantes para no «colapsar» a algunos municipios.
Desde el PSOE, Isabel García, subrayó que su grupo apoyará cualquier propuesta que «ahonde en la transparencia». Carmen Martínez, por parte de Chunta Aragonesista, compartió la filosofía de la Ley para avanzar en transparencia, que no es por sí misma publicar una ingente cantidad de datos.