Se vende piso en Zaragoza, de 67 metros cuadrados, con dos habitaciones y un baño. Precio, 29.900 euros. Es tan solo uno de los muchos ejemplos de ventas de pisos propiedad de bancos que se pueden ver en internet.

Muchos de ellos que han sido «recuperados» tras una ocupación. A veces después de largos procesos judiciales y una inversión fuerte. Empresas de seguridad como ‘Securitas Direct’ calculan que el gasto de un propietario de piso ocupado en reactivar la vivienda oscila los 30.000 euros, además de contar con una media de espera de dos años tras la denuncia correspondiente y el consiguiente proceso judicial.

Hay quien se quiere ahorrar dinero y sobre todo tiempo. en el caso de particulares se recurren a empresas de desocupación. En Zaragoza hay varias ya muy arraigadas como ‘Desokupación’, desde donde nos aseguran que el trabajo aumenta año tras año. Solo en base al padrón municipal de Zaragoza hay un registro de más de 300 pisos ocupados, muchos de ellos de bancos.

«Esto que te voy a contar es un secreto a voces. Hay organización en la ocupación, hasta tal punto que tienen una lista de pisos vacíos de bancos que van ‘gestionando’ con la búsqueda de inquilinos a los que cobran un alquiler tras darles las llaves de una puerta cuya cerradura previamente han cambiado», explica el dueño de una empresa dedicada a la reforma y rehabilitación de pisos en Zaragoza.

«En la escala alta nadie lo reconoce y en la baja pocos quieren hablar de ello, pero es una realidad. Los bancos buscan rentabilidad; ahorrarse tiempo y recuperar rápido», asegura esta fuente a HOY ARAGÓN.

Ya no se trata de un secreto a voces, especialmente desde que saliera a la luz la operación ‘Squatter’ en Cataluña. El uso de menores y familias con la etiqueta de vulnerables para entrar en pisos particulares y sobre todo de bancos que una mafia ocupaba y que luego ellos mismos mandaban desocupar.

Ofrecían incluso sus servicios para el desalojo si se trataba de un particular o negociaban directamente con bancos para dar un precio a esa desocupación. Precio que, según información publicada por otros medios en relación a esra operación policial, podría llegar a los 10.000 euros.

«Los bancos negocian y han negociado directamente con los okupas. Aquí ha habido casos que han pasado más o menos desapercibidos pero es una realidad», asegura la fuente consultada para la elaboración de este artículo. Uno de los casos a los que se refiere sucedió hace unos años en pleno centro de Zaragoza.

«SALIERON CON SUS MALETAS Y COGIERON TAXIS»

«Han okupado toda la primera planta que es propiedad de un banco», decía un vecino de la calle Gil Berges, al lado de la plaza San Felipe, en pleno centro de Zaragoza. Los okupas accedieron abriendo el portal con llave y entraron en los pisos. No tenían pinta de vulnerables, más bien, según vecinos de la zona, parecía una negociación.

Lo intentó la policía e incluso un equipo de seguridad privada, y al final salieron pero no por ellos, sino por un pago de la entidad propietaria a través de una sociedad inmobiliaria a los propios okupas. «Se empieza a pagar por encima de los 2.000 euros, dependiendo de la necesidad, la prisa e incluso el deseo de no querer armar mucho ruido con ello», explica el empresario dedicado a la reforma de viviendas consultado por HOY ARAGÓN.

Al final y a plena luz del día tras llegar a un acuerdo previsiblemente con el banco propietario, recuerdan los vecinios, salieron con sus maletas y cogieron varios taxis para marcharse. Final de una ocupación que duró unos días y que se resolvió por la vía más rápida, lejos de acudir a procedimientos legales que se dilatan en el tiempo.

Según la ley, a un okupa se le puede echar del piso en base a un delito de allanamiento de morada o de usurpación. El primer caso no se da si el banco es propietario ya que no son moradores de esa vivienda, es decir, no viven allí. El proceso ya no sería civil sino penal si nos atenemos al delito de usurpación, del artículo 245 del Código Penal.

Aquí entraría la vía penal, que podría dilatarse varios años. Vía penal, civil, negociación de alquiler social si se trata y así lo demuestran, de familias vulnerables, denuncia antes el juez si provocan problemas, servicios de empresas de desocupación y la negociación directa de salida inmediata y negociada previo pago.