La Guardia Civil describió la escena como «dantesca», de una crueldad extrema. Los miembros del Seprona describieron el estado de los animales como penoso, unos animales que vivían en «condiciones higiénico- sanitarias deplorables» Los casi 550 perros fueron encontrados por los agentes metidos en jaulas para conejos, viviendo entre sus propias heces.
«Seis murieron en días posteriores y muchos más quedaron con secuelas», explica Jorge Piedrafita, el abogado oscense que, en representación de ANADEL, Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad, se ha encargado de explicar al juez por qué el dueño del criadero, David G., un hombre de 69 años, de nacionalidad británica, tenía que pagar con una pena de prisión.
La mayoría de los perros estaban desnutridos y sufrían de leishmaniosis y de infecciones en mandíbulas y dientes, según el informe elaborado por la Benemérita. Ni el acusado ni una mujer de 50 años, de origen rumano, negaron unos hechos que eran más que evidentes.
Los perros fueron liberados en mayo de 2020; en aquel momento, el hombre explicó que el estado de alarma y la situación sanitaria mundial con el COVID-19 le había desbordado y perdió el control de los animales.
«La clave ha sido el elevado número de perros, 544, la falta de agua y comida, las jaulas de conejos que hacían miccionar y deponer encima de la comida... Todo ello buscando un beneficio económico para vender perros», expone Piedrafita los argumentos principales que esgrimió para que condenaran a prisión al acusado.
«Tiene prohibición para el ejercicio de cualquier profesión con animales así como cualquier tipo de tenencia de cualquier animal», añade este abogado a quien el Juzgado Penal Nº1 de Zaragoza dio la razón. En aquel momento, la situación de esos perros fue denunciada por las malas condiciones en las que estaban pero hoy en día además sería ilegal tener un criadero así, sin licencia alguna, según la nueva ley de protección animal.
NO ENTRARÁ EN ZUERA
Esta sentencia, basada en la exposición de la crueldad y dejadez total hacia unos animales indefensos, no tiene un efecto práctico ya que el acusado, sin antecedentes previos, no va a entrar en prisión, pero si es un triunfo simbólico para aquellos que han conseguido que se dictase finalmente esta sentencia. «La conducta era muy grave por el deplorable estado de salud de los animales sin comida y agua, en jaulas pequeñas con grave riesgo para la salud que implicó el fallecimiento de varios perros para obtener el máximo beneficio ilegal con el menor coste», insiste Piedrafita, que recalca que el fin final del condenado por maltrato era un beneficio económico.
«Son 18 meses de prisión, 4 de inhabilitación especial para la tenencia de cualquier tipo de animal y la obligación de asistir a un curso de reeducación contra el maltrato animal, además del abono de la responsabilidad civil y las costas procesales», matiza este letrado oscense, representante de ANADEL.
Precisamente desde esta asociación en defensa de los animales solo esperan que esta sentencia persuada a otros y sea lo suficientemente disuasiva para «evitar que estos deleznables hechos se vuelvan a repetir». Todavía añade más valor a esta sentencia otra relativamente cercana en el tiempo también grave pero que acabó con una pena muy inferior. En diciembre de 2021 dos hombres eran condenados por dejar casi medio muerto a un caballo por desnutrición, así como dejar morir a dos perros.
En esa ocasión, también muy comentada entre los medios de comunicación por la dureza de las imágenes, el juez condeno a los autores del hecho de maltrato a una pena de 3 meses y un día de prisión.