Miércoles, 14 de Noviembre de 2018

Fin del mega plan ideado por Alfredo Boné (PAR) para trufar de depuradoras todo el Pirineo aragonés. El Gobierno de Aragón ha querido marcar el ritmo de la depuración con un giro de 180 grados y rediseñar el actual ‘Plan Pirineos’.

La decisión se tomó el pasado martes en el Consejo de Gobierno ante el sobredimensionamiento de los proyectos, la imposibilidad de modificar los contratos y el incumplimiento por parte de las concesionarias. “El objetivo es depurar, no hacer depuradoras”, dijo el Consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona.

Depuradora en construcción en el Pirineo – ADELPA

DE 297, A 19 DEPURADORAS

El ‘Plan Pirineos’ es -o era- un proyecto que pretendía depurar las aguas residuales de los municipios del Pirineo aragonés. Se diseñó un proyecto desde la Consejera de Medio Ambiente, por principios de 2010, para construir 297 depuradoras con un coste estimado en 350 millones de euros. El 31 de diciembre de 2015, solo se habían ejecutado 10 de las 297 depuradoras previstas.

Sin embargo, tras el sobredimensionamiento, el incumplimiento de las concesionarias en ejecutar las depuradoras, los alcaldes del Alto Aragón en ‘pie de guerra’, el informe de la Cámara de Cuentas que desbarató el plan de arriba a abajo o la Comisión de Investigación parlamentaria en ciernes son motivos más que suficientes para replantearse el ‘Plan Pirineos’.

‘Plan Pirineos’ – DGA

Por todo ello, el Gobierno de Aragón rescinde los contratos de las cuatro zonas contempladas en el ‘Plan Pirineos’: P1, P2, P3 y P4 (arriba en la imagen). Y plantea un nuevo cronograma de actuación que prevé que antes del año 2021 estén en servicio las depuradoras de tan sólo 19 municipios. Con un coste de 75 millones de euros para las arcas autonómicas.

Desde el Gobierno de Aragón apuntan a que el nuevo plan permitirá “cubrir la mayor parte de la necesidad de depurar agua en los valles pirenaicos”. Cerca de un 98% de cobertura, según afirman.

Los municipios que se incluye en el cronograma de actuación del nuevo plan son: Ansó, Astún, Candanchu, Canfranc estación, Canfranc pueblo, Castiello, Hecho-Siresa, Villanúa, Pueyo de Jaca, Escarrilla, Sallent-Formigal, Piedrafita, Aínsa-Boltaña, Broto, Torla, Fiscal, Bielsa, Cerler, Benasque-Anciles.

LA AMENAZA DE LAS INDEMNIZACIONES

El Gobierno de Aragón rescinde el contrato de grandes empresas que en su momento concurrieron al ‘Plan Pirineos’ para poder ejecutar las 297 depuradoras previstas. Pero, ¿por cuánto se les adjudicó el contrato? ¿qué número de depuradoras consiguieron ejecutar las depuradoras? ¿tendría Aragón que indemnizar sumas millonarias por rescindir el contrato de estas empresas?

Joaquín Olona, consejero de Medio Ambiente junto a la directora del IAA, Inés Torralba / H.A

El dibujo de cada una de las cuatro zonas del ‘Plan Pirineos’ es el siguiente:

P1. En la cabecera del río Aragón, se adjudicó a la UTE Acciona Agua y Comsa Medio Ambiente para ejecutar 60 depuradoras por un coste de 97,5 millones.

P2. La zona que abarca la cuenca del Gállego se adjudicó por 98,2 millones a la UTE Elecnor y Tedagua para construir 56 depuradoras.

P3. La zona que aglutina los ríos Cinca y Ara, fue otorgada a Acsa y Vialex para construir 102 depuradoras por 86 millones. No se ha construido ninguna.

P4. En los ríos Ésera y Noguera Ribargozana se adjudicó a la UTE Aguas de Valencia-OMS por 68 millones. No se ha logrado ejecutar ninguna depuradora.

Alfredo Boné, el 18 de marzo de 2011, en la presentación de su plan ‘estrella’ como político. Al final ha terminado ser un plan ‘estrellado’ – DGA

¿Cuánto dinero le podría costar al Gobierno las rescisiones de los contratos? Según datos del Gobierno, ya hay sobre la mesa dos demandas por lo contencioso-administrativo en la P1 (zona del río Aragón) y en la p4 (Ésera – Ribargozana).

Desde el Gobierno no plantean un escenario en que cada uno de los juicios que se planteen, por lo menos los dos primeros, puedan salir desfavorables para la comunidad. Según las cifras que manejan desde el Ejecutivo, cada una de las indemnizaciones podrían costar de 7 a 9 millones. Es decir, si se pierden las cuatro demandas con las concesionarias, el Gobierno de Aragón debería indemnizar con cerca de 30 millones de euros a las concesionarias.