Viernes, 14 de Diciembre de 2018

Los grupos de las Cortes reclaman al Gobierno de Venezuela que pague a sus pensionistas residentes en Aragón, una petición promovida por el PAR y enmendada por Cs para que se abonen las pensiones que no se pagan desde hace casi dos años pese al Convenio de Seguridad Social firmado por ambos países en 1988.

La portavoz del PAR, Elena Allué, ha recordado que la situación de “desgobierno” en Venezuela pone en peligro la subsistencia de los pensionistas, que llevan desde diciembre de 2015 sin recibir sus cuotas, y ha resaltado que asociaciones como Asopejuven tratan de solventar la situación de precariedad, pero que necesitan más apoyos.

Ciudadanos ha presentado una enmienda al texto para facilitar que, si el Gobierno de Venezuela sigue negándose al pago, al menos ofrezca una alternativa política para que Aragón pueda conceder ayudas a estas personas que están sufriendo “una vulneración flagrante de sus derechos”.

Su portavoz, Desirée Pescador, ha añadido que su principal hándicap es que no cumplen los requisitos necesarios para que las administraciones españolas les puedan otorgar ayudas económicas, han informado fuentes parlamentarias.


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Por su parte, la diputada del PP –Ana Marín-, ha declarado que es un asunto “de justicia y de ley” y que hay que apoyar las medidas que devuelvan la democracia y la libertad al pueblo venezolano, gobernado por un “dictador sin escrúpulos”.

Pilimar Zamora, del PSOE, ha señalado que el Gobierno de Aragón trabaja en las posibles vías en el marco de las prestaciones públicas de los servicios sociales de la comunidad, que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas, y ha instado también al Gobierno de España a buscar soluciones.

Desde Podemos, Héctor Vicente ha recalcado que las pensiones son “un derecho”, si bien ha apuntado que este asunto compete al Ejecutivo central porque se trata de un conflicto con un gobierno extranjero.

Patricia Luquín, portavoz del Grupo Mixto (IU), ha expresado su deseo de que, en futuras iniciativas, se perciba el mismo grado de consenso cuando se traten asuntos como las pensiones “indignas” que se cobran en España.