Jueves, 18 de Octubre de 2018

La Fiscalía de Zaragoza ha archivado la denuncia contra el alcalde, Pedro Santisteve, y dos concejales de Zaragoza En Común (ZEC) por presuntos delitos en la gestión de la sociedad Ecociudad al no ver “relevancia penal” en ninguna de las acusaciones.

En el texto, al que ha tenido acceso HOY ARAGÓN, se recoge el archivo de los delitos de los que se acusaba al regidor y a miembros de Zaragoza en Común, que eran prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, acoso laboral y falsedad documental. El fiscal jefe de Zaragoza Felipe Zazurca no ve indicios de delito en ninguno.


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Ésta es la decisión de la Fiscalía una vez llegó la denuncia que recogía un informe del letrado asesor de Ecociudad, hecho a instancias de la comisión de investigación creada para analizar la gestión efectuada por ZEC en dicha sociedad.

Entonces, una mayoría política, con la abstención de Zaragoza En Común, aprobó el encargo del informe.

*Lea el texto integro remitido por la Fiscalía de Zaragoza donde certifica el archivo del ‘caso Ecociudad’

LA FISCALÍA DECIDE

Terminada su redacción, se decía en él que Santisteve e integrantes de su grupo municipal pudieron haber cometido hasta cinco delitos. El PP, al conocerlo, trasladó el documento a la Fiscalía con el apoyo del PSOE y de Chunta Aragonesista.

Hechas las diligencias oportunas, la Fiscalía ha emitido su decisión: no hay tales delitos.

Resumidamente, el gobierno municipal, cuyo alcalde y dos concejales (Teresa Artigas y Alberto Cubero) formaban parte del Consejo de Administración de Ecociudad. Éstos iniciaron un procedimiento de investigación interna sobre la gestión llevadaen el gobierno anterior (PSOE), en la empresa pública de tratamiento de agua, tras lo que, y ante la consideración de supuestos hechos ilegales, intentó cesar al gerente.

Tanto la apertura del procedimiento como su desarrollo posterior, e incluso el intento de cese, fueron objeto de una controversia política que culminó en la petición de un informe.

Ese informe consideró que el alcalde y sus concejales pudieron haber incurrido en delitos de prevaricación, denuncia falsa, trato degradante al gerente y falsedad documental. En el texto, fechado el 22 de diciembre, se argumentan las acusaciones una por una.

NO HAY DELITOS

Sobre el delito de prevaricación, el fiscal sostiene que dicho proceso abierto de información reservada “no iba dirigido inicialmente contra nadie en concreto” y que de él no provino ningún expediente.

“No parece”, por tanto, que la decisión del entonces presidente del Consejo de Administración de Ecociudad (el alcalde) “tenga el carácter de injusticia y arbitrariedad” que requiere el delito de prevaricación.

El regidor, además, “tenía base normativa” para cursar el mencionado procedimiento interno y “debía contrastar” unos hechos denunciados, sentencia.

Respecto de la denuncia falsa, el fiscal señala que fue “lógico” cesar la investigación interna y elevarla a la Fiscalía en cuanto aparecieron “hechos de naturaleza penal”.

Tras recordar las versiones contradictorias de algunos testigos, la Fiscalía de Zaragoza reconoce que “hubo indicios para incoar una causa criminal“, si bien ésta se archivó al no ver relevancia penal.

Porque, tal y como señala, “que una denuncia sea archivada no implica sin más su falsedad“, sino que “debe acreditarse que era dolosamente infundada o temeraria”, y eso, en este caso, no ha sucedido.

EL CESE DEL GERENTE

En cuanto a la acusación de trato degradante hacia el gerente de la sociedad -Miguel Ángel Portero-, el fiscal recuerda que dicho puesto, al ser un contrato de alta dirección, se basa en la confianza con el equipo de gobierno municipal, de modo que “esa falta de confianza puede dar lugar a su cese sin más requisitos”.

Como el gobierno municipal liderado por Santisteve consideró que no había tal confianza, intentó su cese mediante la búsqueda de una mayoría en el Consejo de Administración, que no tenía. Sin embargo, no logró los apoyos suficientes y el presidente y los consejeros de ZEC, por tanto, dimitieron.

Reconoce el fiscal que durante las reuniones del Consejo no se usaron expresiones “suficientemente corteses” con el gerente y que no es “muy agradable ser objeto de críticas”, pero eso no conlleva un delito de trato degradante.

La acusación de falsedad documental también queda desacreditada, pues aunque se recoge un documento que busca cesar al gerente de Ecociudad, y para ello, “da como ciertos” unos hechos que supondrían “actuación desleal o gravemente deficiente”.

Se trata más bien de un “informe documentado por escrito” sobre hechos y declaraciones que habría que probar. Y esas pruebas no aparecen en el informe, por lo que no puede considerarse como parte de la investigación.