Martes, 13 de Noviembre de 2018

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que 47.164 contribuyentes aragoneses podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años si finalmente el Supremo confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen.

En un comunicado, Gestha cifra en 116 millones de euros el importe abonado por ellos. Además, apuntan que otros 376.465 hipotecados aragoneses que firmaron sus contratos entre enero de 2003 y septiembre de 2014 podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 806 millones de euros abonados por este concepto.


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En el conjunto del país, Gestha concreta en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes por el impuesto asociado a las hipotecas en los últimos cuatro años, que es el periodo no prescrito, una cantidad que podrían reclamar si finalmente el Tribunal supremo decide que son los bancos quienes tienen que abonarlo.

Detalla que las hipotecas firmadas entre octubre de 2014 y julio de 2018 son las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal y por tanto aquellas en las que es posible el recurso ante las haciendas autonómicas por el pago del impuesto de actos jurídicos documentados.

Además, otros 13,4 millones de personas -con hipotecas firmadas entre enero de 2003 y septiembre de 2014- podrían reclamar a los bancos por la vía judicial otros 25.657 millones de euros abonados por este tributo.

Gestha explica en el comunicado que si finalmente el Supremo mantiene que los bancos paguen este impuesto, las reclamaciones de los últimos cuatro años deben dirigirse a las haciendas autonómicas, ya que se trata de un impuesto cedido.


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A partir de ese momento, las haciendas autonómicas realizarán un procedimiento de comprobación tributaria y notificarán una liquidación espejo a la entidad financiera correspondiente, a la que exigirán el mismo importe y los intereses de demora.

En el caso de las hipotecas firmadas hace más de cuatro años, los técnicos han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear, lo que constituye un proceso “más farragoso, largo y costoso”.