Martes, 22 de Enero de 2019

Las denuncias y diligencias previas abiertas en 2017 por delitos contra la libertad sexual en Aragón aumentaron respecto al ejercicio anterior en un 30%, de las cuales, un 4,48% fueron por agresiones de carácter grave.

Así lo ha subrayado el fiscal superior de Aragón, José María Rivera, en la comisión Institucional de las Cortes aragonesas durante una comparecencia hecha para presentar la memoria de la fiscalía de la Comunidad correspondiente a 2017.


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Rivera ha expresado también la preocupación de la fiscalía ante el aumento de los delitos de violencia de género, aunque ha señalado que, “afortunadamente”, en 2017 no se produjo ninguna víctima mortal por este tipo de delitos.

En su intervención, se ha referido al aumento de los delitos de violencia doméstica, tanto en relación a la ejercida por los padres contra los hijos como viceversa.

Según ha explicado, la fiscalía aragonesa tiene una “especial preocupación” respecto a los delitos contra la libertad sexual dado que “detrás de cada cifra hay una persona”, pero, asimismo, ha expresado su inquietud respecto al incremento de los delitos de violencia de género y doméstica.

LOS DATOS

Por otra parte, en el resumen de la memoria, el representante fiscal ha destacado que se produjo el año pasado un descenso de los homicidios intencionados y de las lesiones dolosas, aunque aumentaron los homicidios imprudentes de forma significativa.

Además, se registró un mayor número de hurtos frente a la disminución de los delitos de robo con fuerza o en casas habitadas y al mantenimiento de las estadísticas referidas a los cometidos con violencia sobre las personas.

Se ha referido, además, al descenso de los delitos contra la salud pública, tanto los referidos a las drogas que causan grave daño a la salud como al resto de sustancias prohibidas.

LAS PREOCUPACIONES

En relación al trabajo desarrollado por las fiscalías especiales, ha expresado su preocupación por el incremento del trabajo referido a las áreas de violencia de género y de violencia doméstica, una situación, ha insistido, sobre la que incidido en la preocupación suscitada.

También ha constatado “pequeños” aumentos en el número de diligencias tramitadas en 2017 por las fiscalías de siniestralidad laboral y Medio Ambiente, así como el aumento de los delitos por conducción bajo los efectos del alcohol y la disminución de los debidos a conducción temeraria.

En respuesta a las distintas preguntas de los grupos, Rivera ha expresado, asimismo, su preocupación por los delitos cometidos por menores de entre 16 y 18 años por agresión a los padres y acoso escolar. Una preocupación, ha añadido, “no porque hayan aumentado los casos, sino por qué son especialmente sensibles y con los que la fiscalía tiene una especial cuidado”.


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Rivera también ha minimizado las referencias de los parlamentarios respecto a la veintena de acuerdos alcanzados por la Fiscalía Anticorrupción, una opción, ha añadido, contemplada en la legislación que se deriva de una actuación “correcta y legal” del ministerio público.

En respuesta a una pregunta sobre los aforamientos de políticos, el representante fiscal se ha limitado a advertir que el ministerio público se limita a “cumplir con la ley”, frente a una figura legal que está dirigida “a la protección de las instituciones y de las personas”.