El Gobierno de Aragón ha alcanzado un acuerdo para regular mediante la aprobación de un decreto ley las licencias VTC ante el posible despliegue de aplicaciones como Uber o Cabify en Aragón y así prevenir el instrusismo laboral dentro de este sector.
Con estas medidas, se entierra la opción de que las plataformas Uber o Cabify entren en el mercado aragonés al ser muy restrictivas con su forma de operar.
El convenio se ha ratificado este jueves en el transcurso de una reunión que el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha mantenido con representantes de los sectores aragoneses del taxi y de las VTC tradicionales en el edificio Pignatelli.
El presidente de la asociación provincial del Auto-Taxi, Mariano Morón, ha destacado que ese decreto ley es «una garantía» para el sector del taxi y de las VTC tradicional en Aragón porque «preserva del mal uso que hacen aplicaciones como Uber y Cabify, creadas para otro tipo de servicio».
Por su parte, el portavoz de la asociación de VTC tradicional de Zaragoza Javier Sanjuan ha apuntado que «es necesario establecer una serie de limitaciones para evitar verse influenciado por estas plataformas».
«UN RIESGO REAL»
El consejero ha recalcado que Aragón vive «una situación muy diferente» a la de Madrid o Barcelona, pero ha reconocido que existe «un riesgo real» de que, definitivamente, puedan llegar plataformas como Uber y Cabify, y que puedan «reventar el mercado en perjuicio de los taxis y de las empresas de VTC tradicional».
Por este motivo, y ante la existencia de un vacío legal en la prestación de servicios en el ámbito urbano, el principio clave que contempla este nuevo decreto ley es la necesidad de contar con una licencia municipal habilitante en la ciudad en la que está expedida la VTC para poder prestar servicios urbanos.
Y para ello, ha subrayado Soro, los ayuntamientos tendrán potestad de «establecer y/o modificar» las condiciones de explotación, como los detalles de los tiempos de precontratación de un servicio. Eso sí, el plazo para arrendar un VTC será de 15 minutos «desde que el cliente llama y el vehículo sale desde donde se encuentre estacionado».
El estacionamiento es, precisamente, otro de los puntos tratados, ya que en el caso de que los vehículos no estén prestando un servicio no podrán circular por las vías públicas, y deberán estar aparcados en establecimientos o garajes con el fin de «evitar la búsqueda y captación de clientes», y no podrán usar la geolocalización para que los usuarios conozcan su posición si no están cumpliendo un servicio.
Con todo ello, Soro ha manifestado que se ha buscado «un punto común» entre los sectores del taxi y los VTC tradicionales, y ha añadido que, ante la ausencia de plataformas VTC como Uber y Cabify, con esta regulación «no se está impidiendo prestar un servicio que, hasta este momento, no se haya realizado».
El texto definitivo del Decreto Ley deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno y ratificado por las Cortes de Aragón. Soro ha destacado que existe un consenso bastante generalizado entre los grupos políticos para regular esta materia.