Confirmado por el Supremo: una comunidad de vecinos puede obligar a pagar más por el ascensor a propietarios que no lo usen

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que modifica la forma en la que los ciudadanos deben rendir cuentas con la administración interna de sus comunidades de propietarios. En este sentido, el Alto Tribunal ha avalado que una comunidad de vecinos pueda obligar a una parte de los propietarios a asumir un coste superior en la instalación de un ascensor. Este recargo tiene como objetivo compensar las cuotas de aquellos vecinos que, por estatutos o acuerdos previos, se encuentran exentos de pago, independientemente de si los que pagan más harán un uso intensivo del servicio o no. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva interpretación del pago de ascensores.

La compensación de cuotas bajo el criterio del Tribunal Supremo

La controversia jurídica surge cuando existen propietarios que, según los estatutos de la comunidad, no deben participar en los gastos de instalación o mantenimiento del elevador. Hasta ahora, existían dudas sobre si el resto de los contribuyentes debían repartir ese déficit siguiendo estrictamente su cuota de participación o si se podía alterar dicha proporción. El Tribunal Supremo aclara que es legalmente válido imputar ese sobrecoste a los vecinos no exentos. De esta manera, se garantiza la viabilidad económica de las obras de accesibilidad en edificios con colectivos en situación de vulnerabilidad o movilidad reducida.

Así que, los propietarios que no gozan de exención deberán asumir el gasto proporcional que correspondía a los exonerados. Por ello, el ejercicio de reparto de derramas debe ajustarse a esta doctrina para evitar impugnaciones judiciales. Según publica el organismo judicial en su página web oficial, prevalece el interés general de la comunidad sobre el interés individual de no ver incrementada su cuota de participación ordinaria. En el caso de juntas de propietarios conflictivas, esta sentencia sirve como base jurídica de autoridad para el administrador de fincas.

En este sentido, la resolución subraya que la exención de unos no puede paralizar la mejora del inmueble. Por ello, los vecinos que sí están obligados a pagar deben cubrir la totalidad del presupuesto, aunque esto suponga un desembolso mayor al inicialmente previsto según sus coeficientes de propiedad. Bajo riesgo de morosidad, los propietarios deben cumplir con estos pagos aprobados en junta, ya que el fisco comunitario tiene ahora el respaldo total de la jurisprudencia para reclamar estas cuantías incrementadas.

Requisitos legales y mayorías en la comunidad

Para aplicar este criterio, la comunidad debe haber aprobado la instalación del ascensor cumpliendo con las mayorías exigidas por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Independientemente de la discrepancia de algunos vecinos, si la obra es necesaria para garantizar la accesibilidad universal, el acuerdo es vinculante. Así que, una vez aprobada la derrama, el reparto que incluya la compensación por los vecinos exentos se considera ajustado a derecho. Los ciudadanos deben entender que esta medida no constituye un abuso de derecho, sino una redistribución de la carga financiera autorizada por el Tribunal Supremo.

De esta manera, el reparto de gastos debe figurar detalladamente en el acta de la junta de propietarios. Por ello, es vital que los contribuyentes revisen si sus estatutos contienen cláusulas de exoneración para locales comerciales o pisos en planta baja. Según publica la Agencia Tributaria en relación con las subvenciones para estos fines, la correcta imputación de los gastos es necesaria para justificar el uso de fondos públicos en la rehabilitación de edificios. Rendir cuentas con el resto de propietarios de forma transparente evitará que la comunidad caiga en una parálisis administrativa.

Finalmente, es importante recordar que el ejercicio del IRPF permite en ciertos casos deducir parte de estas obras si se destinan a la mejora de la eficiencia energética o accesibilidad para personas con discapacidad. Así que, aunque el coste individual aumente para compensar a los exentos, el beneficio a largo plazo en la revalorización del inmueble y las posibles ayudas fiscales compensan el esfuerzo económico inicial. La Seguridad Social y otros organismos también promueven estas actuaciones en favor de la autonomía personal en el hogar.

Plazos y consecuencias del impago de derramas

El incumplimiento en el pago de estas cuotas incrementadas conlleva consecuencias legales severas para los propietarios. Al igual que ocurre con las deudas con el fisco, la comunidad puede iniciar un proceso monitorio para el embargo de bienes. En este sentido, las cantidades adeudadas devengarán el interés legal del dinero, y en caso de demora persistente, se podría llegar a aplicar un recargo similar al interés de demora del 4% habitual en las deudas administrativas. Por ello, cumplir con los plazos de pago fraccionado es esencial para la salud financiera del ciudadano.

De esta manera, los plazos para la impugnación de estos acuerdos suelen ser breves, generalmente de un año si el acuerdo es contrario a la ley o los estatutos, o de tres meses en otros supuestos. Así que, si un propietario considera que el cálculo de su cuota compensatoria es erróneo, debe actuar con celeridad administrativa. Finalmente, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la solidaridad interna en la comunidad es un principio rector cuando se trata de servicios comunes esenciales como el ascensor.

Calendario de actuaciones para propietarios en 2026:

• Del 01 de enero al 28 de febrero: Revisión de estatutos para verificar cláusulas de exención de gastos.
• Del 01 de marzo al 30 de abril: Convocatoria de juntas ordinarias para la aprobación de derramas de mantenimiento.
• Del 01 de mayo al 31 de julio: Plazo para solicitar ayudas estatales a la rehabilitación de edificios.
• Del 01 de septiembre al 31 de diciembre: Periodo de liquidación de cuotas extraordinarias de accesibilidad.

Al igual que ocurre en el ejercicio del IRPF, donde el primer pago se realiza al confirmar y el segundo antes del 5 de noviembre, las comunidades suelen fraccionar estos pagos para no asfixiar la economía doméstica. No obstante, el interés de demora del 4% puede ser aplicado por la vía civil si el reglamento interno de la comunidad así lo contempla para los propietarios morosos. La autoridad del Supremo en esta sentencia cierra la puerta a futuras reclamaciones basadas únicamente en el coeficiente de propiedad cuando existen vecinos legítimamente exentos de pago.