La nueva propuesta del Gobierno de Aragón para el transporte sanitario urgente en el medio rural y que saldrá a concurso para su adjudicación ha desatado la polémica entre los partidos políticos y el tejido rural. La decisión de suprimir 15 ambulancias convencionales que se utilizan hasta ahora para el traslado de pacientes en el medio rural ha levantado una polvareda de críticas por ser un agravio para el medio rural, que ya tiene un déficit de atención sanitaria. El Partido Popular de Aragón ha sido el más contundente con la posición del gobierno de Javier Lambán y ha exigido que «revierta de forma inmediata el recorte salvaje» de 15 ambulancias convencionales destinadas al medio rural.

De las quince ambulancias que piensa eliminar la DGA son las de Biescas, Lafortunada y Benabarre en Huesca; las de Maella, Sástago, Herrera de los Navarros y Luna en Zaragoza y las de Muniesa, Alcorisa, Mas de las Matas, Perales de Alfambra, Orihuela del Tremedal, Cella, Sarrión y Mosqueruela en la provincia de Teruel. De este modo, la más perjudicada será la provincia de Teruel que verá recortadas las ambulancias en ocho. A juicio del PP, en palabras de su número 2, Ana Alós, esto supone un recorte «inaceptable» y «un golpe más» a un sistema sanitario que no cesa de experimentar retrocesos con el cuatripartito, «como el recorte presupuestario del 4 %, el aumento de las listas de espera o el cierre de consultorios».


La DGA, por su parte, asegura que el nuevo contrato contempla mejoras y que la reducción de ambulancias no implica un empeoramiento en el servicio de los municipios afectados. «Más bien al contrario, ya que con la nueva organización se garantiza un menor tiempo de respuesta en cualquier parte del territorio”, insisten. De hecho, aseguran desde el gobierno aragonés que están cumpliendo la normativa vigente y ésta no permite las ambulancias con asistencia en ruta. Por lo que han ampliado las ambulancias SVB hasta 52 y de ellas 20 serán durante las 24 horas.

Sin embargo, esta posición ha sido también criticada por los sindicatos. Juan Antonio Busqueta, secretario sectorial del Transporte Sanitario en el colectivo SCS, denuncia que en el ámbito rural, “se siguen desoyendo las múltiples reclamaciones por la precariedad asistencial». Según fuentes sindicales, el recorte de estas 15 ambulancias permitirá que la cobertura sanitaria será aún más grande y más alejada de los municipios. Por lo que la respuesta de atención sanitaria, en casos de emergencia, tardará más tiempo del que ya había.

TERUEL, 8 AMBULANCIAS MENOS

El comité de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Transporte Sanitario de Aragón ha rechazado la eliminación de ocho ambulancias en la provincia de Teruel, como se ha puesto de manifiesto por parte del 061 y del Servicio Aragonés de Salud en la presentación del nuevo contrato de transporte sanitario urgente en la comunidad autónoma. En este nuevo contrato, que se publicará el 1 de marzo y que se prevé entre en funcionamiento en septiembre de este año, desaparecerán las ambulancias convencionales por no cumplir la normativa y no ser ambulancias asistenciales.

Esta normativa, la 836/2012, ya estaba en vigor en el anterior contrato y no fue obstáculo para mantener ocho vehículos en la provincia de Teruel, ha señalado el comité de empresa en una nota de prensa. Según ha detallado, la provincia de Teruel cuenta actualmente con ocho ambulancias convencionales y diez vehículos de soporte vital básico, así como cinco vehículos de soporte vital avanzado –tres Unidades Móviles de Emergencias (UMEs ) y dos unidades móviles (UVIs)–, mientras que cuando entre en vigor el nuevo contrato la provincia perderá esas ocho ambulancias y mantendrá el resto de vehículos. «Pierde por tanto un 35 por ciento de los vehículos asistenciales», algo que afectará a los municipios de Sarrión, Orihuela, Cella, Alcorisa, Muniesa, Mosqueruela, Mas de las Matas y Perales del Alfambra.

El comité de empresa ha calificado este recorte como un «ataque directo» a la salud de los habitantes de la provincia de Teruel, «que precariza aún más el medio rural que ya de por sí cuenta con innumerables carencias asistenciales». A su entender, «de poco sirve aumentar las horas de presencia de los vehículos asistenciales, si sus zonas de trabajo se aumentan de manera que sea inviable una atención rápida». El comité ha añadido que no se han tenido en cuenta las «malas comunicaciones» a la hora de calcular los tiempos de asistencia y ha solicitado una «rectificación» de este contrato «para evitar que estos recortes afecten a la ciudadanía y se ajusten a una provincia que necesita no perder más servicios básicos».