Sabado, 11 de Julio de 2020

El Gobierno aragonés que lidera Javier Lambán (PSOE) ha instado, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, al alcalde del PP de Calatayud, José Manuel Aranda, a retirar la medalla de oro de la ciudad otorgada en 1951 por el pleno de la corporación al general Francisco Franco, y a borrar del libro de registros la inscripción honorífica de la distinción.


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En su misiva, a la que ha tenido acceso Efe, la directora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, ampara su petición en la Ley de Memoria Democrática de Aragón de 2018 y en la necesidad de “evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Menjón destaca que esta norma exige de las administraciones públicas, entre ellas el Consistorio de Calatayud, adoptar las medidas necesarias para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas, “sin que le corresponda al ayuntamiento -advierte- ponderar su cumplimiento”.

Esta afirmación responde a unas recientes declaraciones del responsable municipal de la capital bilbilitana en las que asegura que su corporación no puede retirar una medalla inexistente, ya que quedó extinta en 1975 con la muerte de su destinatario.

Sin embargo, la directora general destaca que de acuerdo con el Código Civil, distinciones como la referida no cesan con el fallecimiento del destinatario ya que “dichas cualidades trascienden a la familia y herederos de la persona, quienes tienen legitimación para exigir su respeto ante los tribunales si aquéllas se viesen menoscabadas”.

Tras advertir que el propio reglamento de distinciones del Ayuntamiento de Calatayud prevé revocar las medallas “si alguno de sus titulares llegase a ser indigno de poseerlas por causas que afecten gravemente al honor, Menjón urge el inicio de un procedimiento para la retirada de la medalla a Franco “como exponente máximo de todo lo que supuso la época de la larga dictadura franquista”.

La norma sobre Memoria Histórica en Aragón prevé sancionar a los ayuntamientos no dispuestos a asumir el mandato con la supresión de los fondos de carácter autonómico que se les destinan anualmente.

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