La Comisión de Garantías de Videovigilancia se ha reunido este lunes para dar el visto bueno a la instalación de varias videocámaras fijas en Zaragoza, Huesca y Moyuela.
Especialmente, y por su eco mediático de las últimas semanas respecto a varios sucesos –desde un tiroteo hasta los desordenes públicos de okupas– se ha dado el visto bueno al informe favorable para la instalación de cuatro cámaras en Zaragoza capital en el entorno de la calle Pignatelli, en el barrio San Pablo.
Es una prueba piloto que cuenta con el sí de la Delegación del Gobierno para frenar la delincuencia y los problemas de convivencia que sufren desde hace años los vecinos de un barrio histórico. En concreto, dos de ellas se instalarán en la calle de Ramón Pignatelli, en las esquinas con Cerezo y con Zamoray, y las otras dos en Agustina de Aragón, en la confluencia con Miguel de Ara y con Cerezo.
La Comisión, establecida en la Ley Orgánica 4/1997, analiza la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos con la finalidad primordial de garantizar que dicha utilización sea estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de los ciudadanos de acuerdo con los principios de idoneidad e intervención mínima.
La Comisión de Garantías está formada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Jefe, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Además, están representados tanto Guardia Civil como Policía Nacional y un representante del Ayuntamiento que ha realizado la solicitud.
El Ayuntamiento de Zaragoza, interesado en la instalación de cámaras de videovigilancia en esta zona, deben realizar una solicitud que conste de un informe con la identificación del solicitante, los motivos que la justifican, la definición genérica del ámbito físico susceptible de ser grabado, la cualificación de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las imágenes y el tipo de cámara y sus condiciones técnicas.
El informe de solicitud, presentado en la subdelegación correspondiente, es analizado por Policía Nacional o Guardia Civil, en función del municipio y sí cuenta con Policía Local o no. Y después, lo evalúa la Comisión de Garantías para tener en cuenta que no se vulneran los derechos individuales de los vecinos.
Las imágenes serán almacenadas de forma temporal y gestionadas por la Policía Local, con el objetivo de ponerlas a disposición de una denuncia particular, una investigación o un requerimiento judicial.