El Gobierno municipal ha sometido a información pública la adecuación del antiguo Instituto Luis Buñuel para convertirlo en un centro de mayores, con un presupuesto de 513.238 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El Consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos, Javier Rodrigo, ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno municipal ha trabajado en un proyecto para impulsar un nuevo centro cívico en este barrio de la ciudad, abierto a toda la ciudadanía, al tiempo que se resolvía en los tribunales la ocupación de este histórico edificio. «Recuperarlo fue un compromiso y una prioridad absoluta de este Gobierno para todos los vecinos y ciudadanos«.

Un día después de producirse el desalojo del edificio por orden judicial y por parte de la Policía Nacional, el Ayuntamiento ha sometido a información pública el proyecto de la primera fase del centro cívico. «Ahora ya sí que el Ayuntamiento va a poder cumplir con una demanda histórica, ante la falta de equipamiento público en esta zona. Ahora todos los colectivos, entidades, asociaciones, vecinos y vecinas van a poder participar de la misma forma que lo hacen en cualquier otro barrio de la ciudad».

CENTRO DE MAYORES

La primer fase del futuro centro cívico del Casco Histórico se destinará a un centro de mayores y se ubicará en la planta baja. Tal y como ha explicado Rodrigo, Zaragoza Vivienda ya ha diseñado un proyecto para adecuar los espacios, siguiendo los planteamientos de los servicios sociales comunitarios. Esta propuesta contempla la creación de un comedor, una cafetería, un área de administración, un salón de actos, vestuarios, almacén y cuatro aulas para realización de clases y talleres. Casi todas las instalaciones interiores, así como la carpintería serán nuevas en la mayor parte de los casos, mientras que se rehabilitarán los exteriores.

A partir de ahora, se abre un plazo de 15 días para recibir las aportaciones de los ciudadanos. Una vez concluido este periodo y resueltas las alegaciones, el Gobierno aprobará el proyecto y saldrá a licitación para que se puedan adjudicar las obras. En cuanto a los plazos marcados «son los que este tipo de actuaciones marca la propia ley, quizá mitad de año, pero lo que está claro es que es una prioridad absoluta para el Gobierno«, ha recalcado el consejero.