Un informe de la Guardia Civil, que forma parte del sumario del caso Voloh sobre el desvío masivo de fondos públicos al movimiento independentista, ha revelado que el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, negoció en secreto en noviembre de 2019 la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con el expresidente de la Generalitat Artur Mas y un alto cargo de los gobiernos de Quim Torra y Pere Aragonès imputado en varios casos de corrupción. Según publica este viernes ‘El Confidencial’, Blanco les habría pedido 400.000 euros que presuntamente servirían para hacer contrataciones opacas, y el Govern habría usado ese proyecto de candidatura para desviar dinero de forma irregular al colectivo independentista y usarla con fines políticos.
Siempre según el citado diario, el 7 de noviembre de 2019 Blanco se citó en un restaurante con el presidente de la Diputación de Gerona y alcalde de Bañoles, Miquel Noguer, y el entonces secretario general de Deportes de la Generalitat y actual secretario de Acción Exterior, Gerard Figueras, detenido poco después los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. En esa reunión, registrada por la Guardia Civil por orden judicial, Blanco habría asegurado que tenía el aval del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Zarzuela para la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón. Explicó que el «Gobierno central» cubriría la mayor parte de los gastos y que el dinero se canalizaría a través del propio COE.
Para poner en marcha la candidatura, Blanco reclamó presuntamente un pago inmediato de 400.000 euros, que saldría de una empresa pública controlada por el Govern, Ferrocarriles de la Generalitat. Aunque supuestamente era una candidatura conjunta con Aragón, el informe de la Guardia Civil sobre esas grabaciones no recoge ninguna mención de Blanco ni de los otros comensales a la necesidad de hablar con el Gobierno de Javier Lambán para que el proyecto avanzara de forma coordinada.
El secretario general de Deportes, eso sí, habría hecho varias llamadas telefónicas después del almuerzo que también fueron intervenidas por la Guardia Civil. En una de ellas habría contado a Noguer que Blanco había propuesto realizar un acto en Zaragoza con la sociedad civil aragonesa, pero este habría respondido que no había que hacerles «ni puto caso», evidenciando de este modo la falta de interés de la Generalitat en cooperar con el Gobierno de Aragón para garantizar que los potenciales beneficios de los JJOO se repartieran de forma equitativa.