El pleno de la Diputación de Huesca ha aprobado por mayoría un plan de obras y servicios para el próximo ejercicio dotado con 20 millones de euros, con nuevos criterios para su distribución entre los distintos municipios de la provincia altoaragonesa a fin de corregir desequilibrios.
Según ha explicado el diputado responsable del área de Cooperación, Francisco Mateo, la nueva fórmula de reparto incorpora modificaciones en cuanto a las cuantías fijas por tramos de población y por entidades singulares, con coeficientes correctores en función de la carga impositiva de cada municipio, así como 8 euros por habitante hasta un máximo de 5.000 vecinos.
Este diputado ha explicado que el plan, que se aprobado con los votos a favor de PSOE, PAR y Ciudadanos y la abstención del PP, añade para 2021 el referido «coeficiente corrector» para lograr un mayor equilibrio entre territorios de distintos municipios.
«Se trata de buscar un equilibrio -ha comentado-, ya que si hay ayuntamientos que pueden permitirse cobrar impuestos muy bajos es porque necesitan menos ayudas de otras instituciones al tener otros impuestos diferenciados, y de ahí la variable que tiene en cuenta la carga impositiva».
Hasta el ejercicio actual, la distribución de las partidas del plan de obras se hacía teniendo en cuenta el número de habitantes y de entidades singulares.
MAS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS MÁS PEQUEÑOS
La prioridad del nuevo plan es atender a los ayuntamientos que disponen de menos recursos técnicos y humanos, con el fin de garantizar una cuantía mínima de 64.000 euros fijos a los de menos de 99 habitantes.
Este plan duplica prácticamente al anterior, que era de 11 millones de euros, al poderse incorporar el año próximo remanentes del actual ejercicio.
Las partidas asignadas a cada municipio irán destinadas a financiar íntegramente aquellas actuaciones que los ayuntamientos planteen en obras, equipamientos o adquisición de inmuebles.
Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta de petición de mejora de las condiciones de realización y plazos de las pruebas PCR, la promoción del Castillo de Montearagón como elemento patrimonial y la defensa de la red pública educativa como un elemento «fundamental» para el territorio altoaragonés, basado en pequeñas escuelas rurales»