Domingo, 02 de Octubre de 2022

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha anunciado la interposición de un recurso contencioso administrativo al Decreto Ley anti pandemia COVID-19 en Aragón. Precisamente, en el día de hoy se debate la convalidación del Decreto Ley del Gobierno de Aragón por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en la comunidad.

Un Decreto Ley, ha señalado Morón, que justifica el gobierno de Lambán en base a la necesidad de modificar la Ley 3/2020 de 3 de diciembre. Y que ante la nueva situación epidemiológica de Aragón, se adoptan confinamientos perimetrales y el restablecimiento del nivel de alerta 3 agravado en ámbitos territoriales determinados. Todo ello, una vez que ha finalizado la vigencia del estado de alarma aprobado por Real Decreto estatal.

Este decreto-ley propone que: Las reuniones sociales, independientemente del carácter público o privado no podrán exceder de 4 personas; suspensión de Fiestas, verbenas, otros eventos populares y atracciones de feria, al igual que en Peñas o locales asimilados, al menos hasta el 31 de agosto; regulación de confinamiento perimetral.

A día de hoy, Aragón tiene a 133.000 personas confinadas en sus municipios mediante la ley aragonesa 3/2020 aprobada por el Gobierno de Aragón y validada por el parlamento autonómico. Tanto la comarca de las Cinco Villas, como Ribera Alta del Ebro, Valdejalón, Campo de Borja y las ciudades de Calatayud y Jaca. Estos confinamientos se basan en una ley inédita en España que, pese a las acusaciones de inconstitucionalidad, ningún partido político ni el Gobierno de España recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Santiago Morón ha señalado que “nuestro grupo votará en contra por no estar de acuerdo con la eficacia sanitaria de las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón, como los cierres perimetrales. Que sí tienen un importante impacto negativo en la economía de esas poblaciones y suponen una grave restricción de derechos fundamentales”.

“Derechos que entendemos no se pueden restringir de forma generalizada a toda una población con el ordenamiento jurídico actual, y menos ante la ausencia de un estado de alarma. Razón por la cual vamos a interponer un recurso contencioso administrativo” ha reiterado.

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