El ámbito político y empresarial aragonés está haciendo frente común para que los fondos europeos lleguen a la comunidad de forma justa. Si recientemente se presentaba la iniciativa ‘Aragón, puede’, con 150 proyectos empresariales concretos y una inversión conjunta de 10.000 millones para optar a las ayudas, en esta ocasión empresarios destacados de la comunidad y representantes del tercer sector han planteado sus dudas en relación con los proyectos europeos directamente al director general de Asuntos Económicos de la Moncloa, Manuel de la Rocha.
Lo han hecho en una reunión organizada por el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, encabezada por la consejera Mayte Pérez, y en la que también ha participado el comisionado para la Agenda 2030, Fermín Serrano. Han sido más de una treintena de empresarios, que lideran varios de los proyectos más ambiciosos dentro del plan ‘Aragón, puede’ y que han estado acompañados por los integrantes de la Mesa de Diálogo Social.
Las dudas planteadas por los empresarios y por los representantes del tercer sector han ido en la línea de quién elegirá los proyectos, qué porcentaje de subvención puede tener un proyecto o cómo se va a valorar el grado de las iniciativas. Pero, a su vez, la consejera de Presidencia ha señalado que se ha “trasladado” al Gobierno central la “idiosincrasia de la comunidad autónoma” y “la necesidad de que se incorpore desde Aragón esa dimensión territorial de los proyectos”.
Mayte Pérez ha considerado que, junto a principios como “la digitalización y la transición verde”, los proyectos europeos aprobados deben incorporar otros elementos como “la cohesión social y también la cohesión territorial”.
MESA DE SEGUIMIENTO
En este sentido, y con el fin de que se cumpla con los criterios objetivos, la portavoz adjunta del Partido Popular en Aragón, Mar Vaquero, ha propuesto que se cree una mesa autonómica de seguimiento de los fondos europeos. La parlamentaria popular ha abogado por «abrir la participación de todos los partidos en un contexto de diálogo».
La parlamentaria ha recordado al Gobierno aragonés su obligación de extremar los criterios de “transparencia y objetividad en la selección de los proyectos a financiar” y es que la inclusión directa por parte del Ejecutivo de determinados gastos a cargo de estos fondos europeos en el actual presupuesto regional ofrece “margen a esa arbitrariedad y discrecionalidad en el apoyo a estos proyectos”.
La apelación por parte del Gobierno aragonés a aspectos indefinidos como ‘cantidades estimadas’ o ‘criterios de elegibilidad por determinar’ a la hora de explicar la distribución de los 216 millones de euros mantiene «zonas de sombra» que los populares estiman necesario y responsable despejar.
Por otra parte, Vaquero ha propuesto una segunda iniciativa dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez: aplicar el criterio de coste real y efectivo de los servicios en el reparto de las ayudas de la UE, abrir la participación a las comunidades autónomas y a las entidades locales en la definición de los criterios de distribución y, como último apartado, la fijación de criterios técnicos, objetivos, imparciales y transparentes en la adjudicación territorial.