Patronal, organizaciones sectoriales, asociaciones empresariales diversas. Todos están en pie de guerra y se solapan los comunicados exigiendo que el Estado ponga remedio inmediato al desmedido precio de la energía y los problemas de transporte. Tanto, que la situación es «insostenible» para muchas empresas aragonesas, algunas de las cuales deberán cerrar la próxima semana si la situación no se resuelve.
Tras la junta directiva celebrada este miércoles, CEOE y CEPYME reclamaron al Gobierno «con la máxima urgencia» que adopte medidas para poner freno a los elevados costes, unidos a la «espiral inflacionista» y el «bloqueo de las carreteras». Como indicaron desde las organizaciones, se están produciendo desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, lo que amenaza con «una gran crisis económica y social».
«La industria está empezando a parar sus hornos, con la pérdida irreparable que esto supone para la economía española; el campo y la pesca y todo el sector agroalimentario viven una auténtica pesadilla; el comercio ya está sufriendo un desabastecimiento alarmante, y así en innumerables sectores empresariales». Este es negro escenario que han planteado desde CEOE y CEPYME, en sintonía con los comunicados de otras organizaciones empresariales.
PARADAS EN CADENAS DE PRODUCCIÓN
Es el caso de SERNAUTO, Asociación de Proveedores de Automoción, que califica la situación de «insostenible», la cual está conllevando «paradas en cadenas de producción enteras con el consiguiente impacto en el empleo y la economía». Solicitan al Gobierno «una solución urgente» y apremia a poner en marcha «cuanto antes» medidas efectivas destinadas a frentar el aumento de costes y el desabastecimiento de productos.
La huelga de transporte también ha llevado a la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) a poner el grito en el cielo: señalan que diversas compañías de la Comunidad se verán obligadas al cese de su actividad la semana que viene en caso de que la situación persista.
Entre las medidas que la organización reclama está la reducción de impuestos vinculados a los costes energéticos. Asimismo, solicitan habilitar líneas de financiación específicas, por ejemplo a través de ICO, al igual que ocurrió durante la pandemia. Asimismo, piden que las Fuerzas de Seguridad del Estado eviten actos vandálicos en puntos como centros de transporte y arterias de comunicación para que los transportistas que desean seguir trabajando puedan hacerlo.