La auditoría financiera de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2020, el año en el que llegó la pandemia de Covid19, elaborada por la Cámara de Cuentas ha detectado varios «incumplimientos significativos» de la normativa que rige la gestión económica en aspectos como la gestión del inventario contable o la contabilización de algunos compromisos de gasto.
Este informe que acaba de aprobar el consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón no profundiza en los gastos extraordinarios con motivo de la covid-19 en los ejercicios 2020-2021, entre ellos los contratos por urgencia y con menos controles jurídicos para comprar material sanitario, que están siendo objeto de una fiscalización específica, cuya publicación está prevista para junio. En 2020, el gasto presupuestario de la Comunidad Autónoma fue de 6.698 millones de euros (5.753 millones descontando los gastos por amortización de la deuda cuyo vencimiento se produjo en el ejercicio), lo que supone 460 millones más que en el ejercicio anterior.
De este incremento, los centros gestores han declarado 216 millones de gastos extraordinarios para hacer frente a la COVID-19, de los cuales, 140 millones correspondieron al SALUD. En total, el gasto en Sanidad fue de 2.394 millones, en Educación, de 1.229 millones (incluidos los gastos de la enseñanza concertada y de la Universidad) y en Políticas Sociales, de 505 millones de euros, informa el organismo en una nota de presa.
A gastos de personal Aragón destinó el 38 % de su presupuesto, 2.388 millones de euros. En este capítulo la Cámara considera «preocupante» la alta temporalidad, que no ha dejado de crecer desde 2012 y que supone que de los 59.560 empleados públicos que había en 2020, el 48 % eran temporales (el 67 % en el caso del IASS). En la gestión del personal, la fiscalización reitera incumplimientos en el pago de retribuciones complementarias por prolongación y exceso de jornada y de productividad al personal del Servicio Aragonés de Salud, así como la falta de un registro unificado de personal en este organismo.
En 2020 la Comunidad Autónoma destinó a inversiones 152 millones y a pagar intereses de la deuda 157 millones. Por su parte, los ingresos presupuestarios en 2020 ascendieron a 6.985 millones (5.616 excluidos los ingresos derivados del nuevo endeudamiento concertado en el ejercicio), un 11,5% más que en el ejercicio anterior. De los 581 millones de incremento, 453 se corresponde a la aportación extra del Estado por el llamado Fondo COVID-19.
La Cámara llama la atención de que Aragón, pese a contar con ingresos suficientes para afrontar los gastos reconocidos contabilizados en 2020, siguiera endeudándose hasta los 9.106 millones de euros, 389 millones más que en el ejercicio anterior. El remanente de tesorería, aunque mejoró, siguió negativo por importe de 576 millones de euros. Entre las salvedades, el informe señala que la cifra del patrimonio neto de la comunidad autónoma no refleja «la imagen fiel» del mismo debido a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable y recomienda realizar un esfuerzo para contabilizar todas las infraestructuras y bienes del patrimonio histórico, tanto los controlados económicamente como aquellos otros sobre los que tiene la titularidad jurídica.
Los auditores también señalan falta de contabilización de algunos compromisos de gasto que van a afectar a futuros presupuestos, si bien precisa que Aragón ha corregido parte de esta incidencia y ya reconoce los compromisos correspondientes a las amortizaciones del préstamo ICO del Fondo de Liquidez Autonómica de 2019. Asimismo, la auditoría confirma que el gasto que a final de año estaba pendiente de aplicar al presupuesto era de 114 millones de euros, 103 menos que en el ejercicio anterior, la mayor parte correspondiente a gastos del SALUD.
La auditoría de legalidad señala que la Comunidad Autónoma incumplió el periodo medio de pago en todos los meses de 2020. Respecto a la contratación, el análisis de una muestra de 34 contratos revela incidencias en ocho de ellos. Sobre la situación financiera de las empresas públicas analizadas, el informe señala el impacto del COVID-19 en los ingresos, que se traduce en pérdidas en 11 de las 17 empresas revisadas y suman en conjunto una deuda de 241 millones de euros, el 65 % con empresas participadas por la Comunidad del grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón y asociadas.
El informe de la Cámara recoge cinco recomendaciones para contribuir a la mejora de la gestión pública como la actualización del registro y valoración correcta de todos los bienes e infraestructuras de la Comunidad para que el valor de los fondos propios sea el real; la elaboración de una cuenta consolidada del conjunto de las entidades del sector público que refleje la totalidad de la actividad económico-financiera de Aragón, el seguimiento del cumplimiento de objetivos de los programas presupuestarios y la codificación de todos los contratos, especialmente los del SALUD, para que la rendición en los diferentes portales de transparencia sea completa.
Asimismo destaca que en 2020 la Comunidad Autónoma ha solucionado, al menos, cinco de las incidencias detectadas en la auditoría de 2019, como lo fue la insuficiencia del presupuesto para hacer frente a las necesidades de dicho ejercicio y que en 2020 no se ha dado, puesto que los créditos consignados en el presupuesto fueron suficientes para atender todas las obligaciones