Jueves, 30 de Marzo de 2023

Según la prestigiosa revista Economist & Jurist, en España existen 39.560 empresas zombis. La pandemia ha provocado que éstas se multipliquen, gracias en gran parte a las moratorias aprobadas por el Gobierno que permiten no abocarse al concurso de acreedores en determinados casos.

Estas medidas, desarrolladas para hacer frente a situaciones muy específicas derivadas de la crisis sanitaria (el caso, por ejemplo, de hoteles que han debido cerrar temporalmente durante los confinamientos), ha generado también situaciones donde compañías pueden mantenerse con vida a pesar de estar acumulando deudas sin generar ingresos.

Esta situación puede llevar a los directivos de estas compañías zombis a incurrir en delitos no sólo civiles, sino también penales. Este problema ha sido tratado en profundidad en la jornada ‘Crisis económica y responsabilidad de administraciones y personal de alta dirección’, desarrollada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Ha contado con la presencia del presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, el catedrático de Derecho Mercantil José Antonio García-Cruces, el magistrado del Tribunal Supreno Ignacio Sancho y abogados de reconocido prestigio. Entre ellos, Pablo Saura, asociado principal del Departamento de Procesal y Concursal en Garrigues Zaragoza, ha puesto el acento en su ponencia en las responsabilidades que pueden tener los administradores de empresas que se encuentran en moratoria concursal.

Como ha explicado Saura a HOY ARAGÓN, “la insolvencia punible puede suponer penas de cárcel de 1 a 4 años”. Este delito penal puede darse en directivos de compañías que están vendiendo a pérdidas, acogiéndose a las moratorias aprobadas, y que pueden ser perfectamente denunciadas por los acreedores.

“El acreedor que no cobre, hará todo lo posible para cobrar su deuda”, recuerda, por lo que estos casos de empresas zombis, que se sienten protegidas al no estar obligadas a pedir el concursode acreedores, pueden llegar incluso a demandas penales para sus responsables. “No se debe estar de brazos cruzados ante esta situación“, señala Saura. Por ello, recomienda “asesorarse por profesionales”.

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