Lunes, 30 de Enero de 2023

El nuevo juicio por el supuesto asesinato de Víctor Laínez a manos de Rodrigo Lanza, el llamado ‘crimen de los tirantes, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza con un nuevo jurado y una nueva juez que tratarán de discernir si Lanza tuvo la intención de matar o no a Laínez, como argumenta la acusación, que califica los hechos de “ejecución“, mientras que la defensa pide la absolución.


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El suceso tuvo lugar el 8 de diciembre de 2017 en un bar del casco histórico de la capital aragonesa y el juicio en la Audiencia Provincial se celebró en noviembre de 2019, pero el veredicto y la sentencia, que condenaba a Lanza a cinco años de prisión por homicidio imprudente, fueron recurridos por las partes y en marzo de este año el Tribunal Superior de Justicia los anuló y ordenó la repetición del juicio.

La sesión ha comenzado con la composición del nuevo jurado y con el planteamiento de algunas nuevas pruebas y periciales, que han sido aceptadas por la jueza.

25 AÑOS DE PRISIÓN

El Ministerio Fiscal y las acusaciones, tanto la particular como la popular -que ejerce VOX a través del diputado David Arranz-, han coincidido en pedir 25 años de prisión para el acusado, a quien consideran responsable de un delito de asesinato agravado por motivos ideológicos, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Endika Zulueta, estima que no hubo delito en la actuación de Lanza y que en ningún momento tuvo intención de matar.

Zulueta ha explicado que Lanza reconoció que agredió a Laínez, pero que actuó motivado por un profundo temor a perder la vida, sin que tuviera influencia alguna la supuesta ideología política de la víctima.

Y solo en el caso de que Lanza fuera considerado autor de algún delito, pide que se consideren las eximentes de trastorno mental transitorio, legítima defensa, actuar impulsado por un miedo insuperable y estar bajo los efectos del alcohol.

El relato de los hechos que defienden la acusación y la fiscalía es que Lanza entró en el bar Tocadiscos, en el Casco Viejo de la capital aragonesa, y fue advertido por un amigo de la presencia de Laínez, de quien dijo que solía vestir unos tirantes con la bandera española, como los que, según la fiscal Ana Cabezas, la víctima llevaba ese día.

Tras intercambiar algunos insultos, según el relato de la fiscal, Lanza decidió marcharse del local, pero volvió a los pocos instantes y, de espaldas y “sin posibilidad de reacción” por parte de la víctima, le propinó un fuerte golpe en la cabeza, que le derribó.

Siempre según el relato de la fiscal, Lanza siguió propinando patadas y puñetazos a Láinez mientras este último estaba tendido en el suelo, provocando incluso que algunos testigos le reclamaran que parara, para después “coger su bici e irse”.


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De “ejecución” ha calificado incluso los hechos el coacusador particular, José Luis Melguizo, que ha advertido al jurado de que Lanza “se propuso quitarle la vida” a Laínez, y lo hizo, porque le atacó por la espalda “invadido por el odio” y después “le machacó la cabeza causándole un edema cerebral”.

Frente a las consideraciones de que Lanza sabía lo que hacía y quería acabar con la vida de Laínez, su abogado ha defendido que actuó motivado por el miedo, porque percibió que la víctima, de quien ha recordado que medía 1,90 y pesaba 120 kilos, tenía una navaja con la que pretendía atacarle.

La navaja no se encontró, pero tampoco, ha recordado Zulueta, el “objeto” que las acusaciones dicen que tuvo que emplear Lanza para golpear, basándose en los informes forenses sobre la gravedad de las heridas causadas y el hecho de que el acusado no presentara daños en sus manos, que debería haber tenido si el golpe lo hubiera atestado solo con los puños, aseguran las acusaciones.

Tanto Melguizo como Arranz han insistido en el aspecto del acusado, que ahora, según el primero “parece un infantico del Pilar” cuando en el momento de los hechos tenía una estética antisistema, con rastas y piercings, que demuestra, a su juicio, su ideología y carácter violento.

La defensa ha rechazado entrar en discusiones sobre la apariencia o la ideología, en tanto en cuanto el abogado rechaza que las creencias políticas de uno y otro o los tirantes de la víctima tuvieran nada que ver con los hechos.

Antes del juicio, el hermano de la víctima ha reclamado a los medios de comunicación su deseo de que se haga justicia, aunque no confía mucho en la figura del jurado por ser personas que “no entienden” de leyes, según ha dicho

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