Jueves, 26 de Noviembre de 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la sentencia del juzgado de lo social de Huesca que condenó al Gobierno aragonés por no prever los efectos de una posible pandemia y no haber hecho acopio con tiempo suficiente de Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios para salvaguardar la salud del personal sanitario.


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La sentencia se pronuncia en los mismos términos ya utilizados en la resolución del pasado 22 de septiembre que confirmó la situación de carencia de equipos de protección para los sanitarios Teruel, a la espera de la decisión a adoptar en relación a la también presentada por la Federación de Sindicatos Médicos de Atención Primaria (FASAMET) en Zaragoza.

DEBIÓ SER PREVISTO

Según los magistrados del TSJA, la aparición de la epidemia no fue un “acontecimiento de fuerza mayor” que imposibilitara a la Administración aragonesa el cumplimiento de las medidas adecuadas de previsión del riesgo de contagios entre su personal sanitario.

Entienden a este respecto que la normativa nacional establece que la aparición de cualquier enfermedad contagiosa epidémica debe considerarse como “previsible”, y no como un “caso fortuito de fuerza mayor respecto al cumplimiento de las medidas de prevención de riesgo establecidas”.

La sala insiste, en respuesta al recurso del Gobierno aragonés, que el conflicto colectivo planteado por FASAMET no tiene por objeto enjuiciar la gestión de la administración durante los primeros meses de la pandemia sino determinar si el personal sanitario contaba con medios de protección.

Considera probado la sentencia que la propia Administración sanitaria aragonesa reconoció en distintos correos emitidos en febrero desde la Dirección General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) alertando de la escasez de equipos de protección.


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Rechazan los magistrados el argumento esgrimido en el recurso por el Gobierno aragonés de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomendó hacer acopio de material al estar probado que este organismo, en un documento de 25 de enero de este años, alertaba de la epidemia y avisaba de la necesidad de disponer de equipos de protección.

“Si bien hubo acopio de material, lo que no se ha negado, no fue suficiente, produciéndose una situación de desabastecimiento, consecuencia de una falta de previsibilidad“, subraya la sala, que responsabiliza al Ejecutivo regional de “no haber actuado con la diligencia debida para proteger a los profesionales sanitarios”

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