El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha mostrado partidario de que los municipios sean la referencia a tomar en cuenta por el Gobierno de España a la hora de plantear el proceso de vuelta a la normalidad, y que sean los de menos de 5.000 habitantes los primeros en beneficiarse de este plan de desescalada.


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Lambán ha hecho esta propuesta al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, durante la celebración de la séptima videconferencia celebrada con presidentes autonómicos para coordinar las actuaciones a llevar a cabo con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19.

En una rueda de prensa telemática posterior, el presidente aragonés ha señalado que también había solicitado a Sánchez que los fondos que se canalicen a través de la UE, que ha confiado en que alcancen 1,5 billones de euros a nivel global, se destinen en «buena parte» a las comunidades autónomas «porque nos estamos quedando con la tesorería vacía», ha subrayado.

En relación a su propuesta de desescalada, ha insistido en su apuesta por iniciar el proceso en los municipios de menos de 5.000 habitantes, el 95 % de los existentes en Aragón y que reúnen el 20 % de la población de la Comunidad, y siempre que no tuvieran «precedentes negativos» en cuanto al número de contagios y de acuerdo con los criterios de las autoridades sanitarias.

Por esta razón, ha solicitado medidas de «flexibilización» en el medio rural para facilitar el transporte de las personas en sus desplazamientos a sus puestos de trabajo.


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Ha añadido en relación a este punto que los consejeros autonómicos se entrevistarán mañana telemáticamente con los ministros de sus respectivas competencias para comunicar sus propuestas, y que un día después, el martes próximo, el Gobierno central acordará un calendario para llevar a cabo el proceso.

El presidente aragonés ha incidido en la necesidad de adoptar medidas para la reactivación económica, en especial en el sector del turismo, uno de los que se verán más afectados, ha añadido, por la actual crisis sanitaria.

MÁS APOYO A LA ECONOMÍA

En relación a las que ha llamado «medidas de resistencia» frente a la crisis, Lambán ha propuesto a Sánchez modificar y «perfeccionar» el decreto del pasado día 21 de apoyo a la economía y al empleo en lo referente a la moratoria del pago de los alquileres de los locales a las pymes, que, a su juicio, se encuentra en desventaja con las grandes empresas hosteleras en este punto.

Según ha explicado, estas pequeñas y medianas empresas deben de recibir subvenciones para hacer frente a estos pagos, ya que la moratoria no supone la supresión de la deuda para uno de los sectores «más castigados por la crisis».

También ha reclamado que se acelere la puesta en marcha del denominado Ingreso Mínimo Vital para las familias necesitadas de recursos mínimos para subsistir, aunque no ha precisado en su comparecencia ante los medios si esta ayuda será compatible con el Ingreso Aragonés de Inserción.

Ha reclamado, asimismo, que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) referidos al sector de hostelería se amplíen seis meses tras el estado de alarma por causa mayor, y que se puedan seguir ampliando posteriormente por necesidades productivas, con el fin, ha añadido, de proteger al empleo y a las empresas.

Con respecto a la automoción, que a través del grupo PSA tiene un peso decisivo en el PIB aragonés, ha solicitado medidas de reactivación especiales para potenciar su capacidad exportadora a fin de no perder posiciones en el mercado internacional, tras el anuncio hecho de Alemania de recuperar la actividad en el sector los próximos días.

LA REACTIVACIÓN

Además, ha defendido la colaboración público-privada para acometer el proceso de reactivación de la economía, destacando a renglón seguido que la pandemia ha abierto la posibilidad de acometer reformas estructurales que permitan agilizar y simplificar las iniciativas empresariales.


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Tras resaltar que la actual legislación ha provocado una «metástasis legislativa» que suponen una traba para los emprendedores, ha incidido en la necesidad de homogeneizar los procedimientos administrativos, de suprimir trámites superfluos y de automatizar la actuación de las administraciones autonómicas.

Ha advertido, sin embargo, que la actual legislación estatal imposibilita llevar a cabo, por lo que ha incidido en la necesidad de acometer reformas legales a nivel nacional.

Entre otras cuestiones, ha reclamado la modificación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, al entender que beneficia a los grandes contratistas con sede en Madrid en detrimento del tejido empresarial autonómico o local.

En su intervención se ha referido a la reivindicación de sectores sociales y de grandes empresas de llevar a cabo test masivos, señalando que la competencia para su realización corre a cargo del Gobierno central.

Tras asegurar tener «buenas razones y esperanzas» que en los próximos días se autorice el inicio de estos test, ha afirmado tener la «seguridad absoluta de que en Aragón no ha fallecido ninguna persona por no hacérsele el test».

Además, en respuesta a las reclamaciones hechas desde otros territorios, entre ellos Cataluña, se ha mostrado partidario de que las decisiones, en una situación de emergencia nacional, se adopten a nivel estatal, aunque se ha mostrado partidario de que las comunidades autónomas tenga «mucha participación» en su adopción.