El artículo 9.3º de la Constitución Española proclama el principio de seguridad jurídica como suma de certeza y legalidad.
Como dijo el Consejo de Estado en su Memoria de 1992, se trata de que “todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual supone por un lado un conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ella se definen. Certeza y estabilidad, que deben coexistir en un estado de Derecho”.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de abril de 2005 afirma que la seguridad jurídica ha de entenderse:
1º Como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados procurando la claridad y no la confusión normativa.
2º Como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho.
Dos son las amenazas que se ciernen sobre el principio de la seguridad jurídica: (i) de un lado, la mala técnica normativa y (ii) de otro, la inestabilidad exagerada del ordenamiento.
Como profesional del Derecho, he tenido la suerte de poder participar en el desarrollo de importantes proyectos en nuestra ciudad de Zaragoza. Una constante en el pensamiento de cualquier promotor que decide acometer una inversión en un lugar determinado del orbe es que exista seguridad jurídica, ya que nadie puede –ni debe- proponerse invertir en una ubicación en la que la normativa es inestable o incierta.
Si queremos que Zaragoza sea una ciudad que atraiga inversión, debemos considerar una buena noticia que las autoridades competentes respalden el desarrollo de proyectos que aporten valor añadido a nuestro entorno, que apuesten por el talento y la ampliación de la oferta existente y, en definitiva, por arriesgar su patrimonio en el desarrollo de un proyecto empresarial.
Un ejemplo lo encontramos en el caso de Torre Village, proyecto en el que un empresario aragonés invierte en su ciudad, crea puestos de trabajo, proporciona una oferta comercial a los ciudadanos y contribuye, junto con otros proyectos y, como complemento al excelente tejido comercial de proximidad, a posicionar Zaragoza como una ciudad referente en la compra de moda en el norte de España y el sur de Francia.
Hay que pensar que, cada vez que Zaragoza se postula como recipiendaria de un proyecto empresarial, está compitiendo con otras localidades de nuestro entorno, que lucharán por arrebatarnos ese aporte de riqueza que implica cada nueva inversión.
Para decantar la balanza hacia nuestros intereses, es obligación de los gestores de nuestra ciudad proporcionar a los inversores la seguridad jurídica que reclama cualquier propuesta empresarial.
Tras unos años de incertidumbre sobre el desarrollo de Torre Village, las últimas noticias aparecidas en prensa apuntan a la adopción de medidas que permitirían el asentamiento del proyecto en nuestra Ciudad.
La experiencia demuestra que, en nuestra tierra, los proyectos empresariales tardan demasiado tiempo en ganar la tan ansiada seguridad jurídica.
El proceso de desarrollo de Torre Village arranca en el año 2008, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza y Grupo Iberebro firmaron un convenio por el que Grupo Pikolín se comprometía a mantener su planta de producción y oficinas centrales en Zaragoza (actualmente ubicada en la Plataforma Logística de Zaragoza, PLAZA) y el Ayuntamiento, por su parte, se obligaba a tramitar un plan especial que reordenase los suelos urbanos no consolidados zona H que se veían afectados por la salida de la fábrica de su antigua ubicación y se admitieran otros usos que posibilitasen la implantación de un proyecto outlet de moda.
La postura del Ayuntamiento fue que tal posibilidad estaba ya prevista en el Plan General. No hacía falta ningún cambio de clasificación ni ninguna “recalificación a la carta”, pues los terrenos de Pikolín estaban considerados suelo urbano no consolidado, Zona H, Grado 2, cuyo uso dominante es el productivo, según el propio Plan General, y que incluyen otras varias alternativas más allá del uso industrial propiamente dicho.
En fecha más reciente, Noviembre de 2017, el Ayuntamiento de Zaragoza suscribió con los promotores del proyecto Torre Village un convenio de gestión urbanística que permitía ingresar en las arcas municipales 2,7 millones de euros, que salía del bolsillo de los promotores y que habría de revertirse en políticas de apoyo al comercio de proximidad por parte del consistorio zaragozano.
Leímos hace poco en varios medios de prensa que, en el seno de la Gerencia de Urbanismo, 4 de los 6 partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza (casi el 90% de los concejales), fijaron su posición favorable al desarrollo del proyecto Torre Village, que iniciará en breve el proceso de Modificación Aislada de Plan General y que fuentes del Ayuntamiento estimaron en aproximadamente 5 meses de gestión.
Estamos hablando de un proyecto empresarial que determina una apuesta por mantener la actividad económica en nuestra ciudad, con una inversión muy elevada que tratará de atraer a nuestra ciudad a unos determinados operadores que, en otro caso, habrían buscado ya acomodo en capitales relativamente próximas para absorber la demanda existente en el cuadrante nordeste de la península Ibérica.
Cuando, actuaciones como esta, no conllevan ningún compromiso de gasto público, ni obligación a cargo de los presupuestos municipales ni autonómicos, y cuando tienen previsto crear cerca de mil puestos de trabajo directos, más los indirectos, es una buena noticia que nuestras autoridades hagan un ejercicio de responsabilidad y garanticen el mandato constitucional de proporcionar seguridad jurídica. No parece tan difícil.
*Carlos Peralta Jiménez es abogado