Los empresarios del sector de la hostelería de Zaragoza creen que su regreso a la actividad todavía se va a demorar en la crisis del coronavirus. Siguen preocupados por la supervivencia de sus empresas y demandan ayudas directas para sus negocios. La inmensa mayoría, incluso, prevén que dependiendo de las condiciones de apertura que se establezcan y de cómo evoluciones el consumo, no podrán mantener el nivel de empleo previo a la crisis.
Según una encuesta elaborada por la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia entre sus asociados, un 4,40 % cree que podrán reanudar su actividad en el mes de mayo, el 42,86 % que la reapertura llegará a principios de junio, el 35,16 % creen que no llegará hasta julio y un 17,58 % estima que la actividad permanecerá suspendida hasta agosto o incluso meses posteriores.
Hay más de un 50% de los encuestados que observan que la vuelta a la normalidad será después del mes de julio.
Ahora mismo, las tres mayores preocupaciones de los hosteleros encuestados son la supervivencia de su empresa (82.42%), la evolución del mercado en el sector hostelero (78.02%) y la evolución de la crisis sanitaria (73.63%), mientras que sus tres principales problemas son la falta de liquidez y las dificultades de acceso a los préstamos ICO u otras fuentes de financiación externas (50.55%), la dificultad para renegociar costes directos del negocio (31.87%) y, en menor medida, los costes de personal (8.79%).
UNA REDUCCIÓN DE PLANTILLA
Entre los establecimientos que se acogieron a un ERTE (el 83%), también hay preocupación por el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, algo que solo el 13,19% de los encuestados creen que estarán en condiciones de cumplir.
El 52,75% cree que no podrá hacerlo, mientras que el 34,07% no sabe o no contesta. De hecho, un 14,29% cree que tendrá que reducir su plantilla en un 20%, un 31.87% cree que tendrá que hacerlo entre un 20 y un 40% y un 12,09 cree que necesitará una reducción de más de un 40%.
En relación a las tres medidas que consideran más importantes para ayudar a las empresas y autónomos en esta situación de crisis, el 62.64% reclaman ayudas económicas directas y subvenciones a las empresas (frente al 37% que lo hacía hace un mes), y el 54.95% pide más medidas laborales, como la extensión de los efectos extraordinarios de los ERTES por causa de fuerza mayor durante todo el año 2020, más allá de la situación de estado de alarma, permitiendo una incorporación progresiva de los trabajadores al negocio en paralelo a la evolución del consumo.
Además, el 53,85 % piden bonificaciones fiscales sobre impuestos estatales y el mismo porcentaje solicita la suspensión temporal del pago de arrendamientos del local durante el periodo de suspensión de la actividad. Un 28,57% consideran necesarias medidas fiscales sobre impuestos locales, como la tasa de basuras, agua o la de veladores.
En cuanto a las suspensiones temporales del pago de arrendamientos de los locales, una de las medidas más demandadas, solo el 18,67% ha seguido abonando la resta ordinaria sin hablar con su arrendador, mientras que el 81,33% de los encuestados ha tratado de renegociar las condiciones del contrato.
Al 14.29% le han concedido una suspensión total del pago del alquiler durante el periodo de suspensión de la actividad, al 21,98% le han me ha concedido una suspensión parcial y al mismo porcentaje, un aplazamiento. El 23.08% restante se ha dirigido a su arrendador para renegociar las condiciones del contrato y no ha accedido a su petición, manteniéndose las condiciones del contrato inalteradas.
Para José María Marteles, presidente de la Asociación, «la gravedad de la situación requiere medidas a diferentes niveles con carácter inmediato y urgente, de lo contrario, las consecuencias económicas en materia de empleo y de generación de riqueza serán catastróficas».