La Misericordia, al mejor postor: qué significa que la DPZ no pueda controlar precios ni calidad
El presidente de la Diputación de Zaragoza fue muy claro al anunciar el nuevo pliego para La Misericordia: "Una subasta pura y dura al mejor postor." La frase no es retórica. Tiene consecuencias concretas sobre quién puede gestionar la plaza, qué espectáculos puede programar y cuánto pueden costar las entradas. Y todas esas consecuencias apuntan en la misma dirección: menos control público sobre lo que ocurre dentro del coso.
El pliego que anuló el TACPA le permitía a la Diputación poner condiciones al concesionario más allá del precio. Podía exigir un mínimo de corridas de toros al año, podía establecer criterios de calidad en los carteles, podía fijar un techo al precio de las entradas o imponer descuentos para determinados colectivos. Era un contrato de concesión de servicios, con toda la capacidad regulatoria que eso implica.
El nuevo modelo es distinto en su naturaleza jurídica. Un contrato patrimonial —el que ahora plantea la DPZ para poder adjudicar antes del Pilar— es esencialmente un arrendamiento: la institución cede el uso del inmueble a cambio de un precio y el arrendatario hace con él lo que considera oportuno dentro de la legalidad vigente. La Diputación ingresa dinero, pero pierde palancas.
¿Quién tiene ventaja en una subasta sin condiciones?
En una licitación con criterios de calidad, las empresas con mayor capacidad de traer figuras del toreo o de garantizar un número elevado de festejos partían con ventaja. En una subasta al mejor postor, la variable que decide es una sola: el dinero que se paga por el uso de la plaza.
Eso puede favorecer a operadores con músculo financiero pero sin necesariamente el mejor acceso al mercado taurino de primer nivel. También abre la puerta a que la plaza acoja más espectáculos no taurinos —conciertos, eventos deportivos, actos multitudinarios— si resultan más rentables para quien la gestione que llenar la grada con toros.
No es un escenario inevitable, pero sí posible. Y la DPZ no tendrá herramientas contractuales para impedirlo.
El precio de las entradas, sin techo
Otro cambio relevante afecta directamente al bolsillo del aficionado. El pliego anterior podía fijar precios máximos o mínimos, o establecer condiciones sobre descuentos para colectivos como jubilados, jóvenes o familias numerosas. El contrato patrimonial no lo permite: el gestor podrá fijar libremente el precio de cada espectáculo.
En un contexto en el que los precios de las corridas de toros de primer nivel llevan años al alza en toda España, eso puede suponer un encarecimiento notable en las ferias del Pilar, que son las que concentran los carteles de mayor atractivo en La Misericordia.
El precedente de hace cuatro años
Sánchez Quero recordó que hace cuatro años la DPZ adjudicó la plaza con un modelo similar. Lo que no dijo —porque no es un dato que la institución haya detallado públicamente— es qué condiciones se fijaron en aquel contrato y si el resultado satisfizo las expectativas de la afición y de la propia institución. Ese precedente es la referencia más cercana para saber cómo puede funcionar el nuevo modelo, pero está pendiente de una comparación que nadie ha hecho todavía en detalle.
Lo que sí está claro es que la DPZ llega a esta solución no porque la considere la mejor, sino porque es la única que le permite tener la plaza adjudicada antes de octubre. Una decisión forzada por los tribunales, con consecuencias que el aficionado notará en la temporada que viene.
