Mónica García acusa a las CCAA de bloquear el acuerdo con los sindicatos médicos

La ministra de Sanidad traslada la responsabilidad a las comunidades autónomas en asuntos como las guardias, la jornada de 35 horas o las mesas de negociación
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). / EP
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). / EP

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado este miércoles a las comunidades autónomas de estar bloqueando el acuerdo con los sindicatos médicos. Lo ha hecho tras la presentación del Plan Calor 2026 en Madrid, señalando que las reivindicaciones pendientes no dependen ya del Ministerio, sino de las propias autonomías, entre ellas Aragón, cuyo sistema sanitario gestiona a miles de profesionales.

García ha recordado que el anteproyecto de reforma del Estatuto Marco, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros, recoge "todas las reivindicaciones" que podían incluirse desde el ámbito ministerial. A partir de ahora, ha insistido, le toca actuar a las comunidades autónomas. "Aquí nosotros, como cogobernantes del Sistema Nacional de Salud, hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el acuerdo y el consenso con los sindicatos médicos", ha afirmado sin ambages.

Para trasladar esa presión de forma institucional, el Ministerio convocará un Consejo Interterritorial en el que se abordarán los puntos que quedan fuera del alcance del Estatuto Marco y que recaen directamente sobre las autonomías. Entre ellos, los límites de las horas de guardia, la jornada semanal de 35 horas, la creación de mesas de negociación específicas para los médicos y el complemento económico asociado a las guardias. También se debatirán modificaciones en la clasificación profesional para diferenciar los grupos MECES 2, MECES 3 y el grupo 8, así como una reducción progresiva de la jornada semanal.

Son precisamente estos puntos los que concentran buena parte del malestar del colectivo médico en toda España, incluidos los profesionales que trabajan en los hospitales aragoneses. La jornada de 35 horas y la regulación de las guardias llevan meses encima de la mesa en comunidades como Aragón, donde el sistema sanitario arrastra tensiones por la carga asistencial en centros como el Hospital Universitario Miguel Servet o el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza.

El Estatuto Marco, primer paso de un largo proceso

La ministra ha defendido con rotundidad la decisión de llevar el Estatuto Marco al Consejo de Ministros, pese a las críticas de los sindicatos médicos, que amenazaron con mantener las huelgas independientemente de si el texto se aprobaba o no. "El propio Comité de Huelga nos dijo que daba igual si lo llevábamos o si no lo llevábamos, que ellos iban a mantener las huelgas", ha explicado García, dejando entrever la dificultad de alcanzar un acuerdo cuando la parte sindical, a su juicio, no mueve sus posiciones.

Eso sí, la aprobación en primera vuelta no significa que el texto esté cerrado. Todo lo contrario. Ahora se abre un período de información pública y audiencia, y el anteproyecto deberá recorrer aún un largo camino legislativo: tendrá que llegar al Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán incorporar enmiendas. "El texto sigue abierto en las próximas semanas y los próximos meses", ha subrayado la ministra, lo que en la práctica deja margen para que las posiciones se acerquen.

García también ha aclarado por qué los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los médicos, una de las reivindicaciones históricas del colectivo, no aparecen en el anteproyecto. La razón, según ha explicado, es que esa materia está regulada en otra norma: la Ley de la Seguridad Social, además de en un real decreto vigente. "Ya tenemos una ley que regula cómo nos jubilamos en nuestro país", ha zanjado, descartando así que sea necesario incluirlo en el Estatuto Marco.

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