¿Corre peligro de derribo la Torre Outlet? Las entidades piden cumplir la sentencia; no tirar el centro comercial
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en diciembre de 2019 para legalizar Torre Outlet, el centro comercial ubicado en la carretera de Logroño, en la antigua fábrica de Pikolín. Así lo ha confirmado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha insistido en que la sentencia no es firme.
Ante este fallo, la asesoría jurídica municipal estudiará la posibilidad de presentar un recurso de casación, valorando criterios estrictamente jurídicos y técnicos. Serrano ha recalcado que esto "no significa en ningún modo que mañana se tenga que cerrar el outlet", ni que peligren los negocios y el empleo que ha generado. Asimismo, ha asegurado que el Ayuntamiento analizará las alternativas para defender los intereses de la ciudad.
El TSJA ya ratificó en 2023 una sentencia previa de 2019, que declaraba ilegal el plan especial de Torre Outlet. En su momento, el Ayuntamiento de Zaragoza recurrió argumentando que las posibles irregularidades de 2016 en la construcción del centro comercial habían sido subsanadas.
La modificación del PGOU de 2019 fue aprobada por el PP, Ciudadanos, PSOE y Vox, mientras que Zaragoza en Común y Podemos votaron en contra.
LAS ASOCIACIONES EXIGEN ACATAR LA SENTENCIA
Las asociaciones y colectivos que llevaron la Torre Outlet a los tribunales han pedido al Ayuntamiento que no recurra la sentencia. Consideran que la resolución judicial vuelve a demostrar que la recalificación de suelos realizada para construir el centro comercial fue ilegal y que el Consistorio debe buscar una solución.
"No decimos que tiren el centro comercial porque es ilegal. Lo que estamos diciendo es que se ejecute la sentencia, y la sentencia lo que plantea es que la modificación del PGOU es ilegal. Ante eso, lo que tiene que hacer es responder y ejecutarla. El Ayuntamiento tiene que dar respuesta a eso", ha afirmado Arturo Sancho, presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) y portavoz de los colectivos denunciantes.
Los diez colectivos y entidades vecinales y comerciales que interpusieron el recurso contencioso-administrativo han reclamado que el gobierno municipal de Natalia Chueca ejecute la sentencia sin recurrirla de nuevo. Insisten en que no les corresponde a ellos proponer una solución, sino que es una responsabilidad del Ayuntamiento. Han mencionado casos similares, como el del Centro Comercial Utrillas, donde ya se vivió una situación judicial parecida.
"No se debe volver a recurrir la sentencia", han enfatizado, criticando que esta ya es la tercera resolución judicial en contra del proyecto. Según los colectivos, la sentencia confirma un caso de "urbanismo a la carta" y rechaza los intentos de zonificar de forma incorrecta los espacios en beneficio de un promotor.
Las asociaciones también han criticado que el Ayuntamiento priorice intereses que no representan a la ciudad y que no favorecen ni al pequeño comercio ni al medioambiente. Han señalado que esta práctica se ha convertido en una costumbre, citando otros ejemplos como la ampliación del Parque de Atracciones o la operación urbanística en Vía Hispanidad.
Los colectivos afectados, entre ellos Yo compro en Las Fuentes y alrededores, Federación de Servicios de CCOO, IU Aragón, FABZ, Ecologistas en Acción-Ecofontaneros, Zaragoza en Común, la Asociación San José Barrio Comercial de Zaragoza, Podemos y UGT, han afirmado que continuarán su lucha contra este modelo de ciudad con el que están "radicalmente en contra". "Esta es la gota que colma el vaso del ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas", han concluido.
