El interventor señala al alcalde de Aguarón por otorgar 100.000 euros en facturas sin expediente
El alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, continúa envuelto en polémicas. Conocido por sus banquetes de marisco y jamón de alta gama financiados con fondos públicos, se le atribuye la adjudicación de más de 108.000 euros en contratos a su primo segundo y socio sin los trámites administrativos exigidos por ley.
Según un informe del interventor municipal, la pequeña localidad de Aguarón, con apenas 600 habitantes, ha mantenido vínculos financieros con Electra Aguarón SL, una empresa de instalaciones eléctricas administrada por Rafael Gimeno Bernal, familiar del alcalde. Además, Cucalón y los hermanos Gimeno Bernal son socios en Aguarón Energía y Desarrollo SL, compañía ubicada en la misma dirección que Electra Aguarón.
Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, Electra Aguarón facturó más de 108.000 euros al Ayuntamiento por trabajos en servicios municipales. A esta cifra se suman otros 109.000 euros por la instalación de placas fotovoltaicas, aunque este último contrato sí se sometió a concurso público, con criterios de adjudicación ahora cuestionados.
Las cifras resultan llamativas, especialmente considerando que el presupuesto municipal apenas supera los 800.000 euros. Además, el informe del secretario municipal señala que todas las facturas, desde importes menores hasta más de 30.000 euros, carecen de expediente administrativo y procedimiento de contratación conforme a la normativa vigente.
El interventor también analiza la adjudicación de instalaciones de autoconsumo financiadas por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), dividida en dos lotes por un total de 109.000 euros. Aunque la corporación municipal se renovó en junio de 2023, la declaración de intereses del alcalde no menciona su participación en Aguarón Energía y Desarrollo SL, lo que podría representar un conflicto de interés.
La normativa establece que Cucalón debía abstenerse en el procedimiento debido a su relación con los implicados. Además, el proceso de contratación incluyó cláusulas controvertidas que podrían vulnerar principios de equidad, favoreciendo la proximidad y valoraciones subjetivas. De haber sido diferentes los criterios de desempate, otra empresa habría ganado el contrato.
Si el Consejo Consultivo determina irregularidades, el Ayuntamiento podría enfrentarse a reclamaciones por responsabilidad patrimonial, lo que abriría la puerta a demandas de indemnización por lucro cesante.
