El PP aragonés dará la batalla contra la financiación autonómica con mociones en los municipios
El PP de Aragón presentará mociones en todos los ayuntamientos donde tiene representación para debatir sobre el cupo catalán, según ha anunciado este jueves el presidente del partido y del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, antes del Comité Ejecutivo Regional.
Azcón ha declarado que Pilar Alegría (PSOE Aragón) defiende una financiación “de primera” para Cataluña y “de segunda” para Aragón, y que los partidos de izquierda proponen romper la solidaridad, debilitar los servicios públicos y abandonar la igualdad territorial.
Según Azcón, el PSOE de Pilar Alegría ya no defiende lo que defendía Javier Lambán. Ahora, afirma, Alegría antepone su papel como ministra y portavoz del Gobierno a los intereses de Aragón, priorizando a Pedro Sánchez.
Azcón ha asegurado que el nuevo modelo de financiación pactado por Pedro Sánchez y Salvador Illa rompe con los principios tradicionales de la izquierda.
El presidente del PP aragonés ha anunciado una “rebelión cívica” en la que los cargos públicos del PP presentarán mociones en todos los ayuntamientos para explicar que el sistema de financiación afecta directamente a la educación, sanidad y políticas sociales.
Denuncian que los partidos de izquierda están acordando un modelo de financiación que ataca los principios de solidaridad, igualdad y defensa de los servicios públicos, solo para mantener a Pedro Sánchez en el poder.
Azcón ha expresado su rechazo al recorte del 20 % en la PAC y ha asegurado que hará todo lo posible para evitarlo. Según ha explicado, 33.000 familias aragonesas dependen de estos ingresos, y considera que las políticas agrarias no deben pagar los problemas de la UE.
El PP valora presentar una propuesta de declaración contra este recorte en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón, a la espera de lo que decida la Junta de Portavoces.
Reparto de menores migrantes
Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, Azcón ha criticado que el Gobierno de España no ha sido capaz de acoger a mil menores provenientes de Canarias, y se pregunta cómo pretende exigir a las comunidades autónomas que lo hagan en poco más de un mes. A su juicio, no tiene sentido.
