Begoña Gómez intenta frenar la causa y acusa al juez Peinado de llevarla a juicio a “velocidad de crucero”
La estrategia procesal del juez Peinado en la causa que afecta a Begoña Gómez ha sido criticada por su defensa, que considera que el procedimiento avanza con una rapidez “incompatible con las garantías de un proceso penal”.
En un recurso presentado por el abogado y exfiscal Antonio Camacho, la representación legal de la mujer del presidente del Gobierno denuncia que la instrucción ha entrado en una fase decisiva sin haber permitido, a su juicio, la práctica de diligencias esenciales para su defensa.
El escrito cuestiona especialmente el auto por el que el magistrado ha fijado para el 9 de junio una audiencia preliminar, paso previo a decidir si se abre juicio oral contra Gómez y otros dos investigados.
La defensa sostiene que esta decisión responde a una “velocidad de crucero” que transmite, según su versión, una sensación de urgencia injustificada en el cierre del procedimiento.
Entre las críticas recogidas en el recurso, se señala también la negativa del juez a incorporar determinadas pruebas propuestas por la defensa, como la declaración del codirector de la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano.
También comentan que no admite la ratificación de varios informes periciales que, según el equipo jurídico, resultan clave para desmontar la acusación.
Las otras dos personas implicadas en el caso
La causa, que se encuentra ya en su tramo final, afecta a Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez instructor plantea la posibilidad de que los tres sean juzgados por un jurado popular, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid.
A Gómez se le atribuyen presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación, en relación con su papel en una cátedra de la Universidad Complutense, el desarrollo de un software vinculado a la misma y las funciones de su asesora.
La defensa, sin embargo, rechaza de plano estas imputaciones y apoya su argumentación en informes periciales que analizan los principales ejes de la acusación.
Entre ellos, se incluye un estudio que concluye que la actividad vinculada a la cátedra no solo no generó pérdidas para la universidad, sino que habría dejado un superávit cercano a los 13.000 euros.
