La rebelión contra el Gobierno de 9 alcaldes de Teruel que piden iniciar el Clúster del Maestrazgo
Nueve alcaldes del Maestrazgo exigen al Gobierno el inicio inmediato del Clúster Maestrazgo, un proyecto eólico que consideran clave contra la despoblación en Teruel.
Nueve alcaldes de la comarca del Maestrazgo han reclamado formalmente al Gobierno de España el inicio inmediato de las obras del Clúster Maestrazgo, un macroproyecto eólico que consideran estratégico para el futuro económico de la zona. La petición fue trasladada mediante una carta remitida el 23 de febrero a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En el escrito, los regidores expresan su “profunda preocupación” por la paralización del proyecto y solicitan una reunión urgente para aclarar el estado de la tramitación administrativa y acelerar el inicio de las obras.
Un proyecto avanzado en su tramitación
El Clúster Maestrazgo es una infraestructura eólica de gran envergadura proyectada en varios municipios del interior turolense. Según exponen los alcaldes firmantes, el proyecto dispone de Declaración de Impacto Ambiental favorable y ha superado los procedimientos administrativos exigidos por la normativa estatal.
Además, recuerdan que los tribunales han rechazado las medidas cautelares solicitadas contra su ejecución, lo que —a su juicio— otorga seguridad jurídica suficiente para proceder al inicio de la fase constructiva.
Pese a ello, las obras no han comenzado, situación que los representantes locales interpretan como un bloqueo que amenaza con frenar una de las mayores inversiones previstas en la comarca en los últimos años.
Impacto económico directo en municipios con baja densidad
La provincia de Teruel es una de las más afectadas por la despoblación en España. El Maestrazgo, en particular, presenta una de las densidades demográficas más bajas del país, con municipios que apenas superan el centenar de habitantes.
En este contexto, los alcaldes sostienen que el arranque del parque eólico generaría un impacto económico inmediato. Calculan que solo durante la fase de construcción los ayuntamientos podrían ingresar en torno a 39 millones de euros en tasas e impuestos municipales.
Esos recursos —según detallan— ya estarían vinculados a cerca de un centenar de medidas sociales aprobadas en pleno, entre ellas reducciones fiscales, impulso a servicios públicos, ayudas a familias y mayores, construcción de vivienda para jóvenes y mejoras en infraestructuras básicas.
Para los firmantes, el proyecto representa una herramienta concreta frente al reto demográfico, al combinar inversión energética con retorno directo en los municipios afectados.
Renovables y cohesión territorial
La petición de los alcaldes se produce en un momento clave para la política energética española. El despliegue de energías renovables forma parte de los compromisos climáticos nacionales y europeos, pero su implantación en zonas rurales ha generado debates sobre impacto ambiental y ordenación territorial.
Los regidores del Maestrazgo defienden que, en este caso, el proyecto ha sido trabajado durante años con el territorio y cumple las exigencias medioambientales vigentes. También advierten de que la incertidumbre prolongada puede dañar la confianza inversora en la provincia.
No obstante, el Clúster Maestrazgo también ha sido objeto de críticas por parte de colectivos que alertan sobre su afección paisajística y sobre la necesidad de una planificación más equilibrada del desarrollo renovable.
Una decisión con impacto político
La solicitud de reunión urgente con el Ministerio sitúa el proyecto en el centro del debate entre desarrollo energético, protección ambiental y lucha contra la despoblación.
El desenlace del Clúster Maestrazgo no solo determinará el calendario de una infraestructura concreta, sino que puede marcar un precedente sobre cómo se gestionan los grandes proyectos renovables en territorios rurales con graves problemas demográficos.
Para los nueve alcaldes firmantes, el mensaje es claro: consideran que el proyecto cumple los requisitos legales y que el tiempo juega en contra de una comarca que no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades.