El PP en Ejea plantea un cambio en el IBI y pide equipararlo a otros municipios como Utebo
El Partido Popular de Ejea de los Caballeros denunció este martes que el equipo de gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero (PSOE), mantiene a la localidad “bajo una de las presiones fiscales más elevadas de la provincia”.
La portavoz popular, Rebeca Naudín, señaló al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como “desproporcionado, injusto e insostenible”, al aplicar actualmente un tipo del 0,619 %, y exigió “una reforma profunda que devuelva equilibrio y equidad tributaria a las familias ejeanas”.
La comparación de Ejea con Utebo
Naudín enmarcó su crítica en una comparación con municipios de población similar: “Utebo redujo en 2024 su tipo al mínimo legal del 0,40 %. Es la prueba de que se puede aliviar la carga fiscal si hay voluntad”, sostuvo. A su juicio, “mientras otros municipios alivian la carga sobre sus vecinos, Teresa Ladrero insiste en mantener un tipo propio de grandes capitales, que castiga a las familias, a los jóvenes y a los negocios locales”.
Más allá del tipo impositivo, el PP local apunta a los valores catastrales como otro factor que “engorda” el recibo. Naudín afirmó que “muchos inmuebles de Ejea tienen un valor catastral muy por encima del valor real de mercado”, y recordó que “la ley permite revisar esos valores cuando superan el 50 % del valor de mercado”. “El PSOE se niega a hacerlo porque prefiere seguir recaudando más a costa del esfuerzo de los ciudadanos”, añadió.
La propuesta del PP
Ante este escenario, el PP ha registrado una propuesta fiscal “alternativa y integral” para la Ordenanza del IBI que, según Naudín, contempla tres ejes: una bajada escalonada del tipo impositivo “con la vista puesta” en aproximarlo a la horquilla baja permitida por ley; la solicitud al Catastro de una revisión de valores allí donde “acrediten una desviación significativa”; y un refuerzo de bonificaciones para familias numerosas, jóvenes compradores de primera vivienda y pequeños comercios “que acrediten mantenimiento o creación de empleo”.
El grupo popular reclama, además, un calendario público para la tramitación y aplicación de los cambios “con transparencia y evaluación anual de resultados”.
