Estos son los datos que te pedirán desde hoy en un hotel o si alquilas un coche: hasta 42 preguntas
Desde hoy, los hoteles, apartamentos turísticos y empresas de alquiler de vehículos deberán recabar una extensa lista de datos de sus clientes. La normativa, impulsada por el Ministerio del Interior, pretende reforzar la seguridad ciudadana, pero ha generado inquietudes en el sector turístico por su complejidad burocrática y posibles riesgos para la privacidad.
El registro de viajeros reemplaza normas anteriores, vigentes desde 1959 para alojamientos y 1974 para alquiler de vehículos, adaptándose a nuevas modalidades como viviendas turísticas o reservas online. Esta regulación incluye plataformas como Booking o Airbnb y operadores de alquiler sin conductor.
LOS DATOS PERSONALES QUE SE REQUIEREN
Las empresas afectadas deberán recopilar hasta 42 datos personales divididos en dos categorías principales:
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Datos del viajero:
- Nombre completo, nacionalidad y género.
- DNI, pasaporte o TIE, con su número y tipo.
- Fecha de nacimiento y lugar de residencia.
- Contacto telefónico, correo electrónico y número de acompañantes.
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Información de la transacción:
- Fechas y horarios de entrada y salida.
- Método de pago y detalles de la tarjeta (tipo, número y titular).
- Contrato firmado y datos del establecimiento.
Para los alquileres de vehículos, se añade información sobre el conductor principal y secundario.
REPERCUSIONES Y CRÍTICAS DESDE EL SECTOR TURÍSTICO
El sector turístico ha expresado su rechazo generalizado. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) considera que la normativa supone un "enorme riesgo" en la gestión de datos sensibles, como los números de tarjetas de crédito, que deben almacenarse durante tres años. Además, algunas asociaciones, como la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), temen una pérdida de competitividad, sobre todo frente a destinos internacionales.
Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, defienden que la medida es clave para combatir el terrorismo y el crimen organizado, facilitando la localización de sospechosos a través del registro centralizado.
MULTAS Y SANCIONES
El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas que oscilan entre los 100 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad. Las sanciones leves incluyen errores en el registro, mientras que la falta total de comunicación con las autoridades se considera grave.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
Aunque el Ministerio asegura haber seguido criterios estrictos de protección de datos, muchos viajeros temen por el uso indebido de su información. Según expertos legales, la normativa ha pasado por revisiones de organismos como la Agencia Española de Protección de Datos, pero la custodia durante tres años plantea desafíos para empresas pequeñas y medianas.
La nueva normativa persigue objetivos ambiciosos de seguridad, pero sus costes administrativos y el posible impacto sobre la privacidad la convierten en una de las medidas más debatidas en el sector turístico. Mientras las críticas aumentan, el cumplimiento será obligatorio para empresas grandes y pequeñas desde hoy.
