El plan de Nolasco como consejero de la DGA: quitar plazas a 'menas' para dárselas a ancianos y excluir irregulares de ayudas
Alejandro Nolasco ya tiene un plan. Y así lo ha hecho saber a las Cortes de Aragón. El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia compareció en el parlamento autonómico para presentar las líneas de actuación de su departamento.
Lo hizo con una frase que resume su filosofía política con más claridad que cualquier programa electoral: "Mientras menos plazas de menas haya, más plazas para ancianos tendremos y para seguir siendo líderes en atención a la dependencia".
A partir de ahí, desplegó un programa de política social construido sobre el principio de prioridad nacional que Vox ha convertido en eje de su participación en el Gobierno de Aragón: exclusión de inmigrantes irregulares de las prestaciones estructurales, reducción de la cooperación al desarrollo al mínimo legal, recorte de subvenciones a sindicatos y más recursos para mayores dependientes.
Menas y ancianos: el argumento del reparto de recursos
El arranque de la comparecencia de Nolasco marcó el tono de todo lo que vino después. La premisa es que los recursos son finitos y que en ese contexto hay que elegir a quién se atiende primero.
La elección del vicepresidente es clara: los mayores dependientes aragoneses por encima de los menores extranjeros no acompañados (menas), cuyas plazas de acogida compiten —en su lectura— con las plazas en residencias y centros de día para personas mayores.
Es un argumento que mezcla dos sistemas de atención social que en la práctica tienen financiaciones y competencias distintas —la acogida de menores no acompañados y la atención a la dependencia— pero que Nolasco presenta como vasos comunicantes en los que el gasto en uno reduce la capacidad para el otro.
Una simplificación que la oposición cuestionará pero que conecta de forma directa con el discurso de Vox sobre la gestión de los recursos públicos.
Irregulares fuera de las prestaciones estructurales
El segundo gran anuncio de la comparecencia fue la exclusión del acceso a prestaciones estructurales para quienes se encuentren en situación irregular en España.
La única excepción serán los casos de "urgencia vital": situaciones en que la vida o la integridad física estén en riesgo inmediato. Fuera de esos supuestos, quien esté en situación administrativa irregular no podrá acceder a las ayudas sociales de carácter estructural que gestiona la consejería de Nolasco.
La medida tiene un límite legal claro: la normativa estatal y europea establece derechos mínimos para todas las personas independientemente de su situación administrativa.
El margen de actuación autonómica es real pero acotado, y su aplicación concreta dependerá de cómo se articule jurídicamente cada exclusión. Nolasco lo sabe y por eso anunció también que el Gobierno de Aragón instará a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España "y a cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de la prioridad nacional".
La prioridad nacional como criterio general
Más allá de las exclusiones, Nolasco anunció la aplicación de la prioridad nacional como criterio general en todo tipo de ayudas sociales.
En la práctica, esto significa dar preferencia a quienes "contribuyen, cuentan con periodos de arraigo reforzados, empadronamiento efectivo y vinculación real con el territorio". Un conjunto de requisitos que favorece a quienes llevan más tiempo en Aragón y que excluye o posterga a quienes acaban de llegar.
Añadió además que "los condenados por okupación ilegal quedarán excluidos del acceso a la vivienda pública", una medida que conecta la política social con la política de orden público en una línea argumental característica de Vox.
"No hay nada más razonable que primero se ayude a los de casa. Es un criterio de justicia retributiva, vinculado al deber primario de todo Gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional", argumentó el vicepresidente.
Cooperación exterior y subvenciones: recorte al mínimo
El programa de Nolasco también tiene consecuencias directas para el tercer sector aragonés. El Gobierno de Aragón "reducirá al mínimo legal las partidas de cooperación al desarrollo exterior" porque "primero hemos de destinar todos los recursos a los que están aquí". Una medida que afectará a las organizaciones aragonesas de cooperación internacional que dependen parcialmente de la financiación autonómica.
En la misma línea, el vicepresidente recordó la ya ejecutada "reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales, así como a entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Un recorte que ya está en marcha y que Nolasco presentó como parte de la misma lógica de priorizar el gasto en servicios directos a los ciudadanos frente a los organismos intermedios.
Los datos de la dependencia: el orgullo del consejero
En el apartado más positivo de su intervención, Nolasco presentó los resultados de la gestión en atención a la dependencia como el gran logro de su área. Aragón ha reducido el tiempo medio de resolución de expedientes a 126 días, 203 días por debajo de la media nacional. Más de 50.400 personas dependientes reciben atención en la comunidad, con máximos históricos en el número de beneficiarios.
Para consolidar ese liderazgo, anunció la creación de "más plazas en residencias y centros de día" mediante un aumento presupuestario, con el objetivo de "garantizar una atención digna, accesible y de calidad a quienes han levantado con su trabajo y esfuerzo nuestra nación".
El Plan Aragón Agiliza: 250 medidas para desregular
La otra gran pata de la consejería de Nolasco es la desregulación. El Plan Aragón Agiliza comprenderá 250 medidas específicas para "pasar de una administración que obstaculiza a una administración que facilita la vida a los ciudadanos y familias". La voluntad del ejecutivo es "reducir el gasto superfluo ineficiente y destinar más recursos a quienes lo necesiten".
Es un programa ambicioso en número de medidas cuyo contenido concreto se irá conociendo según avance la legislatura. La comparecencia de este miércoles fijó el marco ideológico. Las 250 medidas de Aragón Agiliza pondrán a prueba si ese marco se traduce en cambios reales en la administración aragonesa.
