Ese alguien iba a ser él. Fabricó una cruz de madera de algo más de un metro de altura, la barnizó para resistir las condiciones extremas de alta montaña, la ató a su espalda junto a otros 15 kilos de material y emprendió la ascensión al techo del Pirineo cargando con un total de 50 kilos.

Lo consiguió. Y cuando llegó a los 3.404 metros de la cima del Aneto, dejó la cruz en su lugar.

La cruz de 1951 y cómo desapareció

La historia empieza hace aproximadamente un mes, cuando varios alpinistas alertaron al Ayuntamiento de Benasque de que la emblemática estructura metálica que coronaba el Aneto había desaparecido.

Los equipos de rescate de alta montaña confirmaron lo que los montañeros temían: la cruz de hierro instalada en 1951 por el Centre Excursionista de Catalunya, de unos tres metros de altura y cerca de 100 kilos de peso, ya no estaba en su lugar.

La Guardia Civil abrió una investigación que sigue en curso. Los primeros hallazgos apuntaban a que la estructura había sido seccionada con una herramienta mecánica y arrojada ladera abajo.

Un dato que, según el alcalde de Benasque, indica que los responsables tenían experiencia en alta montaña y conocimiento del terreno. No es algo que se improvisa. Subir a la cima del Aneto ya es una gesta en sí misma; hacerlo con el equipamiento necesario para seccionar una estructura de hierro de 100 kilos es otra categoría de planificación.

No era la primera vez que la cruz sufría un ataque. En 2018 fue pintada de amarillo en un episodio que las autoridades vincularon a reivindicaciones políticas. Fue restaurada en 2025. Y apenas unos meses después, desapareció.

Cómo Maël decidió actuar

Maël Le Lagadec conoció lo ocurrido y no esperó. Sin posibilidad de recuperar la estructura original —que sigue sin aparecer—, decidió fabricar una nueva. Usó madera que llevaba años secándose y le aplicó un barniz especial para que aguantara las condiciones extremas de la cima: viento, nieve, hielo y oscilaciones térmicas brutales.

La cruz resultante medía algo más de un metro de altura y pesaba 35 kilos.

Su primer intento de ascensión fracasó. El mal tiempo le obligó a renunciar a la cima semanas antes. Volvió a intentarlo el pasado fin de semana, esta vez acompañado por un amigo.

Cargó los 35 kilos de la cruz más otros 15 kilos de material necesario para la instalación y la travesía. 50 kilos en total para alcanzar la montaña más alta de los Pirineos.

Llegaron a la cima. Instalaron la cruz. Lo grabaron en vídeo. Y cuando las imágenes se difundieron en redes sociales, la historia se hizo viral en pocas horas.

"Quería hacer un gesto simbólico fuerte"

Maël explicó sus razones con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. "Hago un llamamiento a la gente para que respete los monumentos en pie. Forman parte de la historia del montañismo. Quería mostrar un gesto simbólico fuerte para que la gente dejara de degradar este tipo de patrimonio", declaró el joven alpinista.

No es un discurso religioso. Es un discurso patrimonial y montañero. La cruz del Aneto no es para Maël un símbolo de fe sino un hito de la historia del alpinismo, una marca de los montañeros que conquistaron esa cima décadas antes de que él naciera. Quitarla es, en su lectura, borrar parte de esa historia. Reponerla es un acto de respeto hacia quienes la pusieron y hacia todos los que han llegado a la cima desde 1951.

La respuesta de Benasque

El alcalde de Benasque agradeció públicamente el gesto del joven francés. Y fue directo sobre el futuro de la nueva instalación: "La dejaremos allí hasta que aparezca la original". Una respuesta que implica dos cosas: que la búsqueda de la cruz de 1951 sigue activa, y que mientras tanto la de madera de Maël tiene el respaldo del municipio más cercano al Aneto.

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta. Los investigadores trabajan con la hipótesis del vandalismo premeditado dada la complejidad técnica que habría requerido la operación. Seccionar una estructura metálica de esas dimensiones en la cima del Aneto no es algo que se pueda hacer de forma espontánea.

Una polémica que llega después

La historia de Maël tiene ahora un nuevo capítulo que él probablemente no anticipaba cuando cargó con su cruz ladera arriba. El Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) ha pedido al SEPRONA de la Guardia Civil y al Gobierno de Aragón que investiguen si la instalación de la nueva cruz infringe la normativa medioambiental aplicable al espacio natural protegido del Pirineo aragonés.

La organización argumenta que cualquier elemento artificial altera el paisaje de alta montaña y que un símbolo religioso en un espacio público natural supone una exclusión para quienes no comparten esa fe.

Es un debate legítimo. La normativa de espacios naturales protegidos establece restricciones sobre la instalación de elementos en el entorno, y su aplicación a una cruz de madera colocada por un particular es una cuestión que las autoridades tendrán que resolver.

Pero hay algo que ningún debate jurídico puede quitarle a Maël Le Lagadec: subió al Aneto con 50 kilos a la espalda, en su segundo intento, con 18 años, para devolver a la montaña algo que alguien le había quitado.

La cruz sigue en la cima. Por ahora.

El argumento se construye sobre dos artículos del Código Civil: el 1303, que obliga a la restitución mutua de prestaciones cuando un contrato no puede producir efectos, y el 453, que reconoce el derecho al reembolso de gastos de conservación al poseedor. Sobre el papel, la lógica tiene cierta coherencia.

El problema es que el Tribunal Supremo analizó el artículo 1303 en su sentencia de enero de 2021 y cerró expresamente su aplicación a este caso. Y hay un segundo problema que nadie había señalado todavía: el propio contrato original de 1983, cuya nulidad acabó declarando la justicia, contenía una cláusula que preveía su posible resolución si la vendedora carecía de capacidad legal para vender.

La Generalitat de Cataluña lo sabía. Y lo firmó de todas formas.

La cláusula del contrato que lo cambia todo

Entre los documentos que recoge la sentencia del Tribunal Supremo figura el contrato original de compraventa de 28 de enero de 1983, redactado en catalán. Lo firmaron el secretario general técnico del Departament de Cultura de la Generalitat y la priora de Valldoreix, Pilar Sanjoaquín. El precio: diez millones de pesetas por 44 obras artísticas del Monasterio de Sijena.

El contrato tiene cinco pactos. El quinto —cláusula Cinquè— dice literalmente: «En el cas que la Sra. Sanjoaquín no estigui legalment capacitada per a realitzar la venda, aquesta es donarà per reso[lta]». Es decir: si la señora Sanjoaquín no estuviera legalmente capacitada para realizar la venta, esta se daría por resuelta.

Esa cláusula es extraordinaria. Significa que en 1983, cuando el Departament de Cultura de la Generalitat firmó la compraventa de las obras del Monasterio de Sijena, sus propios juristas contemplaron expresamente la posibilidad de que la vendedora careciera de capacidad legal. Lo hicieron constar por escrito en el propio contrato.

Y siguieron adelante sin verificar que esa capacidad existía, sin obtener las autorizaciones canónicas pertinentes para la enajenación de bienes del Monasterio de Sijena —que era la comunidad propietaria, distinta de la de Valldoreix— y sin comunicar la operación a las autoridades de patrimonio, como exigía la ley.

El Tribunal Supremo confirmó décadas después lo que aquella cláusula ya anticipaba: la priora de Valldoreix efectivamente no tenía capacidad para vender. Como recogió el alto tribunal en el Fundamento Jurídico 38 de su sentencia, "al vender la Orden de Valldoreix celebró una venta sobre unos bienes que no le pertenecían". La Comunidad de Sijena, propietaria legítima, era una persona jurídica canónica y civil distinta de la de Valldoreix, y nunca se acreditó ninguna fusión válida entre ambas.

Todo esto importa directamente para la reclamación actual porque el segundo gran pilar del burofax catalán —los 370.801 euros en gastos de conservación del artículo 453 del Código Civil— exige que quien reclama sea un poseedor de buena fe. Y la buena fe, en términos jurídicos, implica desconocer los vicios o defectos del título.

Una administración que negoció e incluyó en el contrato una cláusula que contemplaba expresamente la posible falta de capacidad de la vendedora tiene un problema serio para sostener ese desconocimiento.

El error del Supremo que dejó una puerta entreabierta

Para entender por qué existe hoy una reclamación de 790.000 euros hay que entender primero por qué el Tribunal Supremo razonó como razonó en 2021. Y para eso conviene acudir a los dos análisis jurídicos más exhaustivos que se publicaron sobre esa sentencia.

La jurista Isabel Aldanondo Salaverría, especialista en Patrimonio Histórico, publicó en febrero de 2021 un análisis en el que señaló que el fallo del Supremo era "correcto en su resultado —las obras deben volver a Sijena— pero técnicamente inexacto en su argumentación".

Su tesis es que los contratos de 1983 y 1992 debían haberse declarado nulos de raíz por una razón de fondo que el Supremo rechazó: las obras artísticas del Monasterio de Sijena eran parte inseparable de un Monumento Nacional declarado en 1923 y como tales eran bienes fuera del comercio —res extra commercium— cuya disgregación del conjunto monumental estaba prohibida.

"No se puede vender un pedazo de un monumento nacional", en palabras de Aldanondo. Si el Supremo hubiera seguido ese razonamiento y declarado los contratos nulos por objeto ilícito —artículos 1271, 1275 y 6.3 del Código Civil— la reclamación de hoy no tendría suelo jurídico en el que sostenerse.

El catedrático de Derecho Administrativo Carlos Padrós Reig, de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicó su propio análisis en febrero de 2021 señalando que la sentencia del Supremo, pese a resolver la cuestión de la ineficacia de las compraventas, "abre la puerta a otros interrogantes que no llega a abordar" y calificó el resultado como "algo frustrante" desde el punto de vista técnico.

Lo que hizo el Supremo fue rechazar el argumento del objeto —los bienes no son extra commercium, la infracción de normas administrativas de patrimonio no genera nulidad civil— y encontrar su ratio decisoria en el sujeto: quien vendió no tenía legitimación para disponer de los bienes.

El contrato quedó así caracterizado como válido como título obligacional pero ineficaz para producir efectos traslativos de propiedad. Esa distinción técnica —entre nulidad e ineficacia funcional— es exactamente el resquicio que Cataluña ha encontrado para construir su reclamación actual.

Por qué el Supremo cerró la puerta al artículo 1303

El primer y más importante obstáculo para la reclamación catalana es que el Tribunal Supremo ya analizó el argumento del artículo 1303 en su sentencia de 2021. Lo hizo en el Cuadragésimo Cuarto fundamento jurídico —titulado expresamente "Decisión de la sala. La restitución de las prestaciones derivadas de la nulidad/ineficacia de los contratos. Interpretación jurisprudencial del art. 1303 CC. Desestimación"— porque fue la propia Generalitat quien lo alegó en casación.

La respuesta del Supremo fue clara y técnicamente precisa. Reconoció que el contrato de compraventa "como título obligacional válido, es, en principio, válido, sin perjuicio de que adolezca de ineficacia funcional por no poder producir sus naturales efectos traslativos".

Pero a continuación señaló que el artículo 1303 "no puede aplicarse en sus propios términos al caso presente" porque no estamos ante un supuesto de nulidad radical que active la restitutio in integrum sino ante un contrato ineficaz por falta de legitimación del transmitente.

El Supremo fue aún más preciso en un punto que hace la reclamación actual especialmente difícil de sostener: el artículo 1303 "solo se da entre los contratantes". El Gobierno de Aragón, destinatario del burofax de 2026, nunca fue parte en los contratos de 1983 y 1992.

Los contratantes fueron la Generalitat de Cataluña y la Orden de San Juan de Jerusalén de Valldoreix. Aragón actuó en el pleito en ejercicio de sus competencias de protección del patrimonio cultural, no como parte contratante. Reclamar al Gobierno de Aragón en virtud del artículo 1303 equivale a reclamar a alguien que no era parte del contrato cuya ineficacia se invoca.

Padrós Reig señaló en su análisis que el Supremo también dejó sin resolver la cuestión de la usucapión —prescripción adquisitiva—, que el Consorcio del Museu de Lleida alegó en casación. El artículo 1955 del Código Civil establece que la propiedad de bienes muebles se prescribe por posesión no interrumpida de seis años con justo título y buena fe. Entre 1983 y el inicio del proceso judicial en 2012 transcurrieron veintinueve años.

El Supremo se limitó a indicar que "al haberse omitido toda referencia a estas disposiciones en el recurso, nada se dice sobre la aplicabilidad o no de la regla de la imprescriptibilidad". No resolvió la cuestión porque nadie la alegó correctamente. Ese silencio es otro cabo sin atar, aunque no es el que Cataluña ha decidido tirar.

El problema de fondo: quién debe restituir qué a quién

La reclamación catalana tiene un tercer problema estructural que la propia sentencia del Supremo permite identificar. Si el artículo 1303 pudiera aplicarse —que el Supremo descartó—, la restitución del precio no correspondería al Gobierno de Aragón sino a quien lo recibió: la Comunidad de Valldoreix, que fue quien cobró los 35 millones de pesetas. La Orden Sanjuanista del Monasterio de Sijena, propietaria legítima según el Supremo, no recibió ese precio. Y Aragón, que recuperó las obras en virtud de la sentencia, nunca fue enriquecido con el precio de una compraventa en la que no participó.

El Supremo lo formuló con precisión en el punto 16 del fundamento sobre los efectos de la ineficacia: la restitución "no deberá hacerse en favor del vendedor, que no tenía título para ello, sino a favor del verdadero propietario, como titular de la acción reivindicatoria".

La acción que procedía era reivindicatoria —real, sobre el bien— no restitutoria entre contratantes. Y esa acción ya se ejerció y se resolvió con el traslado de las obras a Sijena en diciembre de 2017.

Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, añadió esta semana el contrafactual económico más directo: "Han estado disfrutando de la exposición de estos bienes desde el año 70 cobrando entrada y siendo un atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos."

Las entradas cobradas, el valor museístico acumulado, la proyección institucional de custodiar durante décadas un patrimonio de esa categoría: todo eso tiene un valor económico que en cualquier litigio futuro actuaría como compensación frente a los gastos de conservación reclamados. Nadie ha puesto cifras todavía sobre ese concepto. Pero existe.

Una reclamación con argumento pero sin suelo sólido

Hay que reconocer lo que la reclamación catalana tiene a su favor: existe un vacío real en la sentencia de 2021 sobre las consecuencias económicas de la ineficacia. El artículo 453 sobre gastos de conservación no fue resuelto explícitamente por el Supremo. Y la Generalitat pagó una cantidad real —actualizada a casi medio millón de euros— por unas obras que tuvo que devolver.

Pero la reclamación choca con tres problemas concretos y verificables directamente en la sentencia. El artículo 1303 fue expresamente descartado por el Supremo para este caso en 2021, cuando la propia Generalitat lo alegó y fue desestimada.

El Gobierno de Aragón nunca fue parte contratante y no es el sujeto pasivo lógico de ninguna acción restitutoria derivada de esos contratos. Y el argumento de buena fe que sustenta el artículo 453 choca frontalmente con la cláusula quinta del contrato de 1983 que la Generalitat firmó y que preveía expresamente la posible falta de capacidad legal de la vendedora.

"La sentencia que ahora hemos conocido zanja una parte de la cuestión, a nuestro modesto entender de manera algo frustrante pues, pese a resolver la cuestión de la ineficacia de las compraventas, abre la puerta a otros interrogantes que no llega a abordar", escribió Padrós Reig en 2021.

Esos interrogantes siguen abiertos. La Generalitat ha decidido intentar cruzar esa puerta. El Gobierno de Aragón dice que no hay nada al otro lado. Y la sentencia que ambos invocan les da, en los puntos más importantes, más razón a los aragoneses que a los catalanes.

El precio, 10 millones de pesetas. Nadie imaginaba entonces que aquella transacción, y otra que seguiría en 1992, iban a convertirse en uno de los conflictos institucionales más largos, enconados y costosos de la historia reciente entre Aragón y Cataluña.

Cuarenta y tres años después, el caso sigue abierto. El último capítulo llegó esta semana en forma de burofax: 790.119 euros reclamados al Gobierno de Aragón.

Un monasterio, una orden y unas obras que nadie custodiaba

Para entender por qué todo esto ocurrió hay que viajar a los Monegros de los años setenta. El Real Monasterio de Santa María de Sijena, fundado en el siglo XII por la reina Sancha de Castilla y vinculado históricamente a la Corona de Aragón, llevaba décadas en un estado de abandono progresivo.

La Orden Sanjuanista —formalmente la Orden de San Juan de Jerusalén— era su propietaria, pero carecía de medios para mantener y custodiar adecuadamente el patrimonio artístico que atesoraba entre sus muros.

A principios de los años setenta, la propia Orden tomó una decisión que entonces pareció razonable: depositar voluntariamente 44 de sus obras en el Museo Diocesano de Lleida. Allí estarían protegidas, conservadas y expuestas al público. Las otras 12 fueron a parar al Museo de Arte de Cataluña, actual Museu Nacional d'Art de Catalunya. El depósito era temporal, o al menos eso se entendía. Lo que nadie anticipó es que "temporal" acabaría durando décadas.

Las compraventas: 35 millones de pesetas por lo que no era suyo

En enero de 1983, con las obras ya instaladas en Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat dio un paso más allá del depósito. Formalizó un contrato de compraventa con la Orden Sanjuanista por 56 obras artísticas del monasterio, pagando 10.000.000 de pesetas. La vendedora fue Pilar Sanjoaquín Gràcia, actuando en nombre y representación de la Orden como madre federal y priora del Monasterio.

Nueve años después, en diciembre de 1992, se firmó un segundo contrato por más piezas del mismo conjunto: esta vez 25.000.000 de pesetas. La Generalitat se convirtió así, sobre el papel, en propietaria de 56 obras artísticas procedentes de uno de los monasterios más importantes de la historia aragonesa. Las piezas —pinturas murales, esculturas, orfebrería— pasaron a engrosar los fondos del Museo Diocesano de Lleida y, a partir de 1999, del recién creado Museu de Lleida: diocesà i comarcal.

Durante años, las obras formaron parte de la oferta museística leridana. Los visitantes pagaban entrada. El patrimonio de Sijena era, en la práctica, patrimonio expuesto de Lleida.

La batalla judicial: Aragón ganó en todas las instancias

El problema llegó cuando Aragón decidió reclamar judicialmente la titularidad de las obras. El argumento era sólido: los contratos de compraventa habían sido firmados por una representante de la Orden Sanjuanista que, según se acreditó, no tenía capacidad legal para vender ese patrimonio. Los bienes nunca debieron salir del Monasterio de Sijena.

En abril de 2015, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca dictó sentencia: los contratos de 1983 y 1992 eran nulos de pleno derecho. La propiedad de las obras siempre había correspondido a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena, no a la Generalitat. La sentencia obligaba a devolver las piezas.

Catalunya recurrió. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en enero de 2021 confirmó la sentencia oscense en todos sus términos. No había vuelta de hoja: las obras tenían que volver a Sijena.

El traslado se produjo el 11 de diciembre de 2017 —antes de la sentencia del Supremo, en ejecución de la de Huesca—, en una operación que generó imágenes de gran carga simbólica y una tensión institucional que tardó meses en rebajarse. Las 56 obras regresaron al monasterio aragonés del que nunca debieron salir.

Lo que los tribunales no resolvieron: el dinero

Las sentencias fueron claras sobre la titularidad. Lo que no resolvieron, al menos de forma explícita, fue la cuestión económica derivada de la declaración de nulidad. Y ahí es exactamente donde la Generalitat ha encontrado el resquicio para su reclamación de esta semana.

El razonamiento catalán se apoya en dos artículos del Código Civil. El artículo 1303 establece que cuando un contrato es declarado nulo, las partes deben restituirse mutuamente lo recibido. Si la Generalitat devuelve las obras, Aragón —o quien corresponda— debería devolver el precio pagado. Actualizado con el IPC, los 35 millones de pesetas de aquellos dos contratos suman hoy 420.317,82 euros.

El artículo 453 añade otro argumento: el poseedor tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios para la conservación del bien. La Generalitat sostiene que custodió y conservó las obras durante más de tres décadas —entre 1999 y 2016 en el Museu de Lleida— asumiendo costes que cifra en 370.801,65 euros actualizados. Costes que, en su argumentario, debería haber asumido quien ostentara la titularidad legítima.

La suma de los dos conceptos da exactamente 790.119,47 euros. El burofax enviado el 11 de mayo al Gobierno de Aragón reclama ese importe y da un plazo de 10 días para negociar y 30 días para pagar. Si no hay respuesta, anuncia acciones legales.

Por qué Aragón dice que no y por qué tiene argumentos para hacerlo

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, respondió esta semana con una dureza inusual incluso para un conflicto con el historial de este. Lo calificó de "excusas peregrinas" y describió la situación con una metáfora que se ha repetido mucho desde entonces: "Es como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire."

Pero más allá de la retórica política, la posición aragonesa tiene un fondo jurídico que merece atención. Los tribunales no solo declararon nulos los contratos: determinaron que la Generalitat nunca tuvo un derecho legítimo sobre las obras. Que los compró sabiendo —o debiendo saber— que quien las vendía no tenía plena capacidad para hacerlo. Ese matiz es crucial, porque el artículo 453 del Código Civil reconoce el derecho al reembolso de gastos de conservación, pero la interpretación de "buena fe" del poseedor es precisamente lo que está en disputa.

Aragón también tiene un argumento de fondo que Vaquero enunció sin rodeos: la Generalitat exhibió y cobró entrada por unas obras que no eran suyas durante décadas. El beneficio museístico obtenido durante ese tiempo es un factor que cualquier negociación o litigio futuro tendría que considerar.

Un conflicto que no termina

Lo más llamativo del caso Sijena es su capacidad para no cerrarse nunca del todo. Cada vez que parecía que una sentencia pondría punto final, aparecía un nuevo frente. Ahora, cinco años después de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra sobre la titularidad, la Generalitat abre un frente económico que los tribunales no habían abordado explícitamente.

El Gobierno de Aragón ha dicho que no negociará. Pero "no negociar" no equivale necesariamente a que el asunto quede cerrado. Si la Generalitat cumple su amenaza y acude a los tribunales, el caso Sijena tendrá una nueva fase judicial que podría prolongarse años.

Una disputa que arrancó con unos contratos firmados en pesetas en un España que acababa de salir del franquismo podría terminar —si es que termina— en los tribunales del siglo XXI con un debate sobre IPC, Código Civil y gastos de conservación museística.

Cuarenta y tres años después de aquella primera compraventa, el Monasterio de Sijena sigue en pie en los Monegros. Las obras han vuelto. Pero la historia, al parecer, todavía no ha terminado de contarse.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dejado claro este viernes que la intención del Ejecutivo es mantener la medida "al cien por cien", pero ha reconocido que los plazos dependerán de lo que digan los jueces.

En la rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno extraordinario, Vaquero ha sido preguntada directamente sobre si puede garantizar la implantación del bachillerato concertado en septiembre. La respuesta ha sido reveladora por lo que ha dicho y por lo que ha evitado decir.

"El cien por cien del propósito del Gobierno de Aragón es llevar a cabo la implantación de ese bachillerato", ha afirmado la vicepresidenta. Pero a continuación ha admitido que "cualquier resolución judicial podría condicionar los plazos previstos" y ha expresado la esperanza de que los tiempos judiciales "se puedan alinear" con la intención del Ejecutivo de tenerlo listo para el próximo curso.

Dicho de otra manera: el Gobierno de Aragón quiere el bachillerato concertado en septiembre, pero no puede garantizarlo. La pelota está ahora en el tejado del TSJA.

Vaquero ha subrayado que el Ejecutivo actuó "con el respaldo de los informes jurídicos" al impulsar la concertación y ha descartado que el Gobierno tenga intención de "judicializar este asunto". Eso sí, ha confirmado que si la vía judicial sigue adelante tras el recurso presentado, serán los servicios jurídicos de la comunidad los que defiendan la posición del Ejecutivo.

"La legitimidad está en las urnas"

Ante las críticas de quienes consideran la medida un ataque a la escuela pública, Mar Vaquero ha recurrido al argumento democrático. "La legitimidad está en las urnas", ha afirmado, en referencia directa a la mayoría parlamentaria que surgió de las elecciones autonómicas de 2023 y que permitió el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Aragón.

La vicepresidenta ha defendido que la concertación del bachillerato responde a un compromiso adquirido en el programa de gobierno de esa coalición y ha insistido en que la medida busca evitar que algunos alumnos tengan que cambiar de centro educativo "por cuestiones económicas". En su argumentario, el bachillerato concertado no compite con la enseñanza pública sino que la complementa.

"El apoyo al bachillerato concertado es compatible con el refuerzo de la educación pública", ha señalado Vaquero, citando el incremento de inversión en más financiación, infraestructuras y profesorado en los centros públicos aragoneses. "Todo cabe muy bien", ha concluido, al defender la convivencia entre enseñanza pública, concertada y privada.

Protestas en las Cortes y tensión en el debate

El debate sobre el bachillerato concertado ha trascendido esta semana los despachos y los medios de comunicación para llegar al propio hemiciclo. Este jueves, varias personas interrumpieron el pleno de las Cortes de Aragón durante la comparecencia del presidente Jorge Azcón para expresar su rechazo a la medida.

Mar Vaquero ha lamentado el incidente y ha criticado "la falta de respeto" a la institución parlamentaria. Ha pedido que el debate sobre el bachillerato concertado se desarrolle "con total respeto", aunque ha reconocido implícitamente que la polémica está lejos de cerrarse.

El recurso ante el TSJA fue presentado el 8 de mayo por una coalición de organizaciones y partidos en defensa de la escuela pública, que consideran que la concertación del bachillerato vulnera el marco normativo vigente. El Ejecutivo aragonés lo niega y confía en que la justicia avale su posición a tiempo para que la medida pueda aplicarse en el curso 2026-2027.

Qué significa esto para las familias aragonesas

Para las familias que tienen hijos en el último curso de la ESO en Aragón y estaban valorando centros concertados para el bachillerato, la situación actual genera una incertidumbre que el propio Gobierno reconoce. Vaquero ha defendido la necesidad de "ofrecer certidumbre a las familias", aunque paradójicamente no ha podido ofrecerla en su comparecencia de este viernes.

El escenario más probable a corto plazo es que el TSJA tenga que pronunciarse sobre el recurso antes de que arranque el nuevo curso. Si el tribunal avala la medida o no se pronuncia a tiempo, el bachillerato concertado podría arrancar en septiembre según lo previsto. Si el tribunal adopta medidas cautelares o tumba la norma, los planes del Gobierno de Aragón tendrían que revisarse.

Las familias, los centros concertados y los sindicatos de enseñanza tendrán que esperar a que la justicia aclare un panorama que, a día de hoy, sigue abierto.

El Ayuntamiento de la ciudad tiene previsto aprobar antes de julio una nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana que cambia las reglas del juego para este tipo de celebraciones en la vía pública.

Disfraces con formas sexuales, cánticos, megáfonos y botellón pueden acarrear multas de entre 50 y 3.000 euros. Lo ha confirmado la alcaldesa Natalia Chueca, que quiere la norma aprobada "lo antes posible".

Los disfraces sexuales, directamente prohibidos

El punto que más revuelo ha generado es claro: la nueva ordenanza tipifica como infracción grave el uso de "elementos, ropa o complementos que representen los genitales del ser humano, muñecos o elementos de carácter sexual" en espacios públicos cuando puedan resultar molestos para los vecinos. La multa por esta conducta oscila entre los 750 y los 1.500 euros.

Es la práctica más extendida en las despedidas de soltero: el grupo llega al centro con algún disfraz o complemento de contenido explícito, recorre bares del Tubo o del casco histórico, y hasta ahora nadie podía hacer gran cosa. A partir de julio, los agentes municipales tendrán base legal para sancionar esa escena directamente.

La ordenanza no prohíbe las despedidas como tal. Lo que persigue son las conductas concretas que generan conflicto con el vecindario y con otros usuarios del espacio público. La diferencia es importante: una despedida discreta y sin alboroto no tiene ningún problema. El problema llega cuando el grupo convierte la calle en un escenario.

El ruido y el jaleo también tendrán precio

Otro de los frentes que afecta directamente a este tipo de celebraciones es el del ruido. Los cantos, gritos, silbidos y el uso de altavoces sin autorización que generen molestias en la vía pública se considerarán infracción leve, con multas de entre 50 y 750 euros. Hasta ahí, nada extraordinario.

Lo que sí es nuevo —y relevante— es que si ese mismo comportamiento se produce en el contexto de una despedida de soltero, la categoría sube automáticamente a infracción grave. La sanción pasa entonces a moverse entre los 750 y los 1.500 euros. El contexto de la celebración agrava la conducta.

No es lo mismo un grupo de amigos que canta en la calle que un grupo con banda, megáfono y disfraces recorriendo el paseo de la Independencia a las dos de la mañana.

El uso de altavoces sin autorización municipal, práctica habitual en despedidas que salen de los locales y continúan en la calle, también queda expresamente recogido como conducta sancionable.

Botellón y eventos no autorizados, hasta 3.000 euros

El botellón vinculado a estas celebraciones tiene su propio régimen. Las multas por consumo de alcohol en la vía pública pueden llegar a los 1.500 euros, y si el grupo organiza un evento no autorizado que genere una concentración importante de personas, la sanción puede alcanzar los 3.000 euros. Una cifra que convierte una noche de juerga mal planificada en un problema económico serio para los organizadores.

Los empresarios de hostelería del centro de Zaragoza llevan tiempo pidiendo al Ayuntamiento más herramientas para gestionar este tipo de grupos. La reactivación del turismo de despedidas en zonas como el Tubo, la plaza del Pilar o los alrededores de la calle Alfonso había generado fricciones crecientes con vecinos y con otros clientes. La nueva ordenanza responde, al menos en parte, a esa demanda.

Qué más cambia en Zaragoza a partir de julio

Las despedidas de soltero son el punto más visible, pero la ordenanza recoge un total de 47 conductas sancionables que afectan a la vida cotidiana de cualquier persona en Zaragoza, sea residente o visitante.

Pasear sin camiseta por la ciudad —algo habitual en los meses de calor en zonas turísticas del centro— podrá ser sancionado con multas de entre 50 y 750 euros.

Arrancar flores de parques y jardines públicos, colocar carteles en espacios no autorizados o usar altavoces sin permiso también entran en la lista. La mendicidad coercitiva, los insultos en la vía pública y los servicios sexuales retribuidos en espacios públicos quedan igualmente regulados.

El texto parte de una premisa que el propio consistorio reconoce como exigente: "la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento". Eso obliga al Ayuntamiento a hacer un esfuerzo serio de divulgación antes de que la norma entre en vigor. Quien llegue a Zaragoza en julio sin conocer las nuevas reglas podría encontrarse con una sanción que no esperaba.

Cuándo se aprueba y qué viene ahora

La ordenanza deberá pasar por el pleno municipal antes de entrar en vigor. Natalia Chueca ha dejado claro que el objetivo es aprobarlo "lo antes posible" y que el plazo apunta a julio.

El proceso de tramitación pública ya está en marcha: el Ayuntamiento abrió una consulta previa en enero para recoger aportaciones de vecinos y entidades sociales, y el texto resultante es el que ahora está sobre la mesa.

La nueva norma unifica en un solo documento conductas que hasta ahora estaban repartidas en distintas ordenanzas sectoriales, y cubre el vacío que dejó la derogación de la antigua ordenanza de 2008. Zaragoza quiere ser, según las palabras de su alcaldesa, una ciudad "más cívica, limpia y segura". Y a partir de este verano, esa aspiración vendrá acompañada de multas.

Aragón supone cerca del 3% del total del negocio de Mapfre en España — una cuota que la compañía consolida con más de 212.000 clientes y más de 100 oficinas repartidas por todo el territorio aragonés.

Los datos reflejan un crecimiento generalizado en todos los ramos con el seguro de vida y el seguro industrial como los que mayor dinamismo han mostrado en el arranque del año.

Ramo a ramo: los datos del primer trimestre

El seguro de vida es el ramo más importante por volumen de primas para Mapfre en Aragón y en el primer trimestre ha alcanzado los 28,3 millones de euros con un crecimiento del 12,1% — el más alto de todos los segmentos. Un dato que refleja el interés creciente de los aragoneses por los productos de ahorro y previsión en un contexto de incertidumbre económica.

El ramo de autos es el segundo por volumen con 22,1 millones de euros en primas y un crecimiento del 7%. Mapfre tiene asegurados en Aragón cerca de 193.800 vehículos lo que la convierte en una de las aseguradoras de referencia del sector en la comunidad.

El ramo de salud ha alcanzado los 19,2 millones de euros con un incremento del 5,6% respecto al año anterior. La compañía cuenta con más de 24.300 clientes en este segmento en Aragón — una cifra que refleja la creciente demanda de seguros médicos privados como complemento a la sanidad pública.

El seguro de hogar ha superado los 7,5 millones de euros con un crecimiento del 7%. Mapfre tiene asegurados en Aragón cerca de 105.000 hogares. Y el ramo de comunidades ha superado los 2,9 millones de euros con un alza del 8,7%.

El seguro industrial ha sido el segundo ramo con mayor crecimiento porcentual tras el de vida con un alza del 12,1% hasta los 5,2 millones de euros — un dato que refleja el dinamismo del tejido empresarial aragonés y la creciente demanda de coberturas específicas para el sector productivo.

212.000 clientes y más de 100 oficinas en Aragón

Más allá de los datos financieros Mapfre consolida en Aragón una presencia territorial de primer nivel. La compañía cuenta con más de 212.000 clientes en la comunidad atendidos a través de una red de más de 100 oficinas que ofrecen un servicio cercano y personalizado en todo el territorio aragonés.

La cifra contrasta con el peso relativo de Aragón en el conjunto del negocio español de Mapfre — el 3% — y refleja que la compañía tiene en la comunidad una implantación proporcionalmente alta para su tamaño poblacional. En España Mapfre cuenta con 7,2 millones de clientes alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas en todo el territorio.

El crecimiento del primer trimestre se produce además en un contexto de renovación de la dirección regional. Luis Carlos Tortajada asumió el cargo de director regional de Mapfre en Aragón a finales de 2025 y los datos del primer trimestre de 2026 son su primera gran carta de presentación al frente de la delegación aragonesa.

Juan Grangel llega como nuevo socio del área de Laboral en Aragón con una trayectoria que combina años de servicio en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la dirección de equipos antifraude a nivel nacional y la representación de España en organismos europeos.

Un currículum que difícilmente se encuentra en el mercado y que Garrigues ha decidido incorporar a su apuesta estratégica por Aragón. Su nombramiento deberá ser ratificado en la próxima junta de socios del despacho.

Quién es Juan Grangel

Juan Grangel es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Su carrera profesional arranca en la Administración Pública y se desarrolla durante años en el ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ejerció como Inspector de Trabajo en La Rioja y Madrid y llegó a ocupar la jefatura de la Unidad de Seguridad y Salud en la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja.

Posteriormente escaló hasta la jefatura de Equipo en la Subdirección General para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración — uno de los puestos más técnicos y especializados del sistema de inspección laboral español.

El punto álgido de su carrera pública llegó entre 2018 y 2020 cuando fue nombrado director de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

Durante ese período formó parte del Consejo de Administración de la Autoridad Laboral Europea y fue representante de España en la Plataforma Europea de Trabajo no Declarado. Una posición de máxima visibilidad internacional en materia de fraude laboral y economía sumergida.

Por qué es un fichaje relevante para Garrigues

El perfil de Grangel tiene un valor muy concreto para un despacho como Garrigues. Conocer el sistema de inspección desde dentro — sus criterios, sus prioridades, sus puntos ciegos — es una ventaja competitiva real en el asesoramiento a empresas que necesitan gestionar sus riesgos laborales con precisión.

Su especialización en Derecho del Trabajo, compliance laboral y lucha contra el fraude cubre tres áreas de creciente demanda entre las empresas aragonesas. El compliance laboral en particular ha experimentado un auge significativo en los últimos años ante el endurecimiento de la normativa y el incremento de las inspecciones.

Garrigues lo describe como alguien que "combina una sólida capacidad técnica con una visión estratégica orientada a la gestión de riesgos y contribuyendo a la toma de decisiones empresariales." Una descripción que resume bien el valor diferencial que aporta: no solo conoce la ley sino que ha aplicado sus mecanismos de control desde el lado público durante décadas.

La apuesta de Garrigues por Aragón

La incorporación de Grangel se produce en un momento de consolidación de la presencia de Garrigues en Aragón. El despacho renovó recientemente su dirección en Zaragoza con el nombramiento de Ramón J. Gómez Coll como nuevo director de la oficina en sustitución de Juan Luis Falcón. Y cuenta con el mayor número de abogados aragoneses incluidos en el ranking Best Lawyers entre los grandes despachos nacionales.

Con Grangel al frente del área de Laboral el despacho completa un equipo que aspira a consolidar su posición como referencia en el asesoramiento jurídico-laboral a empresas en Aragón. Una comunidad que con la llegada de grandes inversores tecnológicas e industriales —Amazon, CATL, y otros— y la expansión de su tejido industrial tiene por delante un ciclo de crecimiento empresarial que generará una demanda creciente de servicios jurídicos especializados.

El fichaje de un exdirector de la Oficina Nacional contra el Fraude para liderar Laboral en Zaragoza no es un movimiento casual. Es una declaración de intenciones sobre qué tipo de asesoramiento quiere ofrecer Garrigues en Aragón y a qué tipo de clientes quiere servir.

Son nombramientos de carácter orgánico propios del proceso de formación del nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 8 de febrero y la investidura de Jorge Azcón.

El organigrama del Gobierno aragonés avanza pero todavía tiene piezas pendientes de encajar. La más llamativa de todas es la que más llama la atención por su singularidad: el director general de Desregulación de la consejería que dirige el vicepresidente Alejandro Nolasco sigue sin ser nombrado.

Los nuevos nombramientos

En el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha sido nombrado Adolfo Ballestín Cantín como nuevo secretario general técnico del departamento.

En el Departamento de Medio Ambiente y Turismo el nuevo director general de Caza y Pesca es Alberto Fernández-Arias Montoya.

En el Departamento de Sanidad se produce el cambio más relevante de la jornada. Nuria Gayán Margelí cesa como directora general de Salud Pública y es sustituida por María Aitziber Lanza Goicoechea, que asume el cargo con efecto inmediato.

El hueco más llamativo: el director general de Desregulación

Con estos nuevos nombramientos el organigrama del Gobierno aragonés avanza pero sigue teniendo un hueco que destaca sobre todos los demás por su singularidad: el director general de Desregulación de la consejería de Alejandro Nolasco.

La Dirección General de Desregulación es una de las apuestas más características del acuerdo PP-Vox en Aragón y una de las más polémicas.

Es una cartera con un enfoque radicalmente distinto a cualquier dirección general conocida hasta ahora en el organigrama autonómico aragonés — su propio nombre define una agenda: reducir regulaciones, eliminar trabas administrativas y aligerar el peso normativo sobre empresas y ciudadanos.

Que sea precisamente esa dirección general la que sigue sin director es un dato que no ha pasado desapercibido. El nombramiento de quien vaya a liderar esa cartera será uno de los más observados de la legislatura por lo que implica en términos de perfil, experiencia y orientación ideológica.

Quién ocupe ese puesto dirá mucho sobre cómo Nolasco y Vox quieren implementar su agenda desreguladora en Aragón.

De momento el puesto sigue vacante. Y el Gobierno de Aragón no ha dado ninguna pista sobre quién podría ocuparlo ni cuándo se producirá el nombramiento.

No es la cifra total de 790.000 euros. Es uno de sus dos conceptos: los 370.801,65 euros que Cataluña reclama al Gobierno aragonés en concepto de gastos de conservación y preservación de las obras artísticas del Real Monasterio de Santa María de Sijena.

Esas obras estuvieron expuestas en museos catalanes durante décadas. El Museo Diocesano de Lleida las albergó desde principios de los años 70. El Museu de Lleida: diocesà i comarcal las tuvo desde 1999 hasta julio de 2016.

Y doce de ellas llegaron a estar en el Museu Nacional d'Art de Cataluña —el MNAC—. Durante todo ese tiempo los museos cobraron entrada.

Los visitantes pagaron por ver esas obras. Las piezas de Sijena fueron un atractivo museístico durante cuatro décadas. Y ahora la Generalitat le pasa la factura de su conservación a Aragón.

Los números de la reclamación

El documento firmado por la Consellera de Cultura Sònia Hernández Almodóvar detalla con precisión la cantidad reclamada. El coste derivado de la conservación y preservación de las obras en el Museu de Lleida desde 1999 hasta julio de 2016 ascendió a 358.435,62 euros. Actualizado con la variación del IPC desde julio de 2016 hasta abril de 2026 —un 3,04%— esa cantidad sube a 370.801,65 euros.

El argumento jurídico que usa la Generalitat para justificar esta reclamación es el artículo 453 del Código Civil que establece que los gastos necesarios de conservación deben ser abonados al poseedor. Cataluña se considera poseedora de buena fe de las obras durante el tiempo que las tuvo y reclama que Aragón le reembolse lo que gastó en mantenerlas.

El problema: los jueces dijeron que nunca fueron suyas

El argumento tiene una grieta de proporciones considerables. El Tribunal Supremo confirmó en 2021 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que declaró nulos los contratos de compraventa de 1983 y 1992 mediante los que la Generalitat adquirió las obras.

La propiedad siempre fue de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. La Generalitat nunca tuvo un título legítimo sobre esas piezas.

El artículo 453 del Código Civil ampara al poseedor de buena fe. Pero si los contratos de compraventa fueron nulos desde el principio la condición de poseedor de buena fe de la Generalitat es precisamente lo que está en cuestión. Es el argumento que el Gobierno de Aragón esgrimirá si el conflicto acaba en los tribunales.

"Han cobrado entrada y ahora nos reclaman los gastos"

Mar Vaquero, portavoz y vicepresidenta del Gobierno de Aragón, lo resumió sin rodeos: "Han estado disfrutando de la exposición de estos bienes desde el año 70 cobrando entrada y siendo un atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos. No se podría ser más peregrina la reclamación."

Para Vaquero la reclamación de los gastos de conservación es el elemento más inaceptable de todo el documento. Las obras de Sijena generaron visitas, ingresos por taquilla y prestigio museístico durante cuatro décadas en los museos catalanes. La Generalitat se benefició de su presencia. Y ahora pretende que Aragón le pague por haberlas tenido.

"Son excusas peregrinas", afirmó la vicepresidenta. "Es como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire tratando de buscar algún tipo de restitución."

El otro concepto: 420.000 euros por la compraventa nula

La reclamación de los gastos de conservación se suma a otro concepto igualmente polémico: los 420.317,82 euros que la Generalitat reclama como devolución del precio actualizado de los contratos de compraventa declarados nulos. Es decir Catalunya pide que le devuelvan el dinero que pagó por unas obras que los jueces dijeron que nunca debió comprar.

El contrato de 1983 valió 10 millones de pesetas — equivalentes a 218.227,50 euros actualizados con el IPC hasta 2026 aplicando una variación del 363,1%. El de 1992 costó 25 millones de pesetas — equivalentes a 202.090,32 euros actualizados con una variación del 134,5%.

En total la Generalitat reclama 790.119,47 euros al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena con un plazo de 10 días para manifestar voluntad de negociar y 30 días para abonar las cantidades.

La respuesta de Aragón: no hay diálogo posible

El Gobierno de Aragón ha sido explícito. No va a pagar. No va a negociar. Y considera que la reclamación carece de base jurídica sólida. "El Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo la razón que nos ha dado una sentencia judicial. No hay ningún conflicto. No vamos a entrar en ningún diálogo porque carecen de razón", afirmó Vaquero.

La vicepresidenta también cargó contra el president Salvador Illa por avalar este tipo de iniciativas: "No deja de sorprendernos. Y nos da incluso pena que el señor Illa tenga que someterse a este tipo de conflictos que un Gobierno serio no tendría que plantear."

Si transcurren los 30 días sin respuesta la Generalitat ha anunciado que ejercerá acciones legales. Aragón ya ha respondido que las espera. El caso Sijena abre un nuevo frente judicial. Y esta vez lo abre Cataluña.

El asunto: una reclamación extrajudicial de 790.119 euros por los bienes artísticos del Real Monasterio de Santa María de Sijena.

Los mismos bienes cuya compraventa el Tribunal Supremo declaró nula en 2021. Los mismos que la Generalitat tuvo que devolver al monasterio aragonés por orden judicial.

La reacción del Gobierno de Aragón fue inmediata y contundente. Mar Vaquero, portavoz y vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, lo resumió con una frase: "Son excusas peregrinas."

Qué reclama la Generalitat y por qué

La reclamación se divide en dos conceptos. El primero es la devolución del precio actualizado de los contratos de compraventa de 1983 y 1992 mediante los que el Departament de Cultura adquirió 56 obras artísticas del Monasterio de Sijena a la Orden Sanjuanista.

El precio original de esas compras fue de 10 millones de pesetas en 1983 y 25 millones en 1992. Actualizados con el IPC hasta 2026 la Generalitat cifra esa cantidad en 420.317,82 euros.

El segundo concepto son los gastos de conservación y preservación de las obras durante el tiempo que estuvieron depositadas en el Museo Diocesano de Lleida primero y en el Museu de Lleida: diocesà i comarcal después —desde 1999 hasta julio de 2016—.

La Generalitat los cifra en 358.435,62 euros originales actualizados a 370.801,65 euros con el IPC hasta 2026. En total la reclamación suma 790.119,47 euros.

La Generalitat da un plazo de 10 días naturales para manifestar voluntad de negociar y 30 días para abonar la cantidad reclamada. Si no hay respuesta amenaza con ejercer acciones legales.

El problema: los tribunales ya han hablado

El argumento jurídico de la Generalitat se basa en el artículo 1303 del Código Civil —restitución mutua de prestaciones cuando un contrato es declarado nulo— y el artículo 453 —derecho al reembolso de gastos necesarios de conservación—. En teoría el razonamiento tiene una base legal. En la práctica choca frontalmente con lo que los tribunales ya han establecido.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca declaró nulos los contratos de compraventa en 2015 y el Tribunal Supremo confirmó esa sentencia en 2021 obligando a la Generalitat a restituir las piezas al Monasterio de Sijena. Las obras salieron del Museu de Lleida el 11 de diciembre de 2017.

La clave que hace especialmente controvertida la reclamación catalana es que los tribunales declararon que la propiedad de los bienes siempre fue de la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena — nunca de la Generalitat. Que los contratos de compraventa fueron nulos desde el principio. Y que la Generalitat tuvo que devolver las piezas precisamente porque no tenía ningún derecho legítimo sobre ellas.

La respuesta de Aragón: "Un boxeador abatido pegando al aire"

Mar Vaquero no dejó ninguna ambigüedad en la posición del Gobierno aragonés. "No deja de sorprendernos. Y nos da incluso pena que el señor Illa tenga que someterse a este tipo de conflictos. Un Gobierno que debería ser serio y preocupado por las cuestiones importantes de sus ciudadanos no tendría que entrar al juego de los socios independentistas."

Vaquero fue especialmente dura con el argumento de los gastos de conservación. "Han estado disfrutando de la exposición de estos bienes desde el año 70 cobrando entrada y siendo un atractivo museístico y ahora nos reclaman los gastos. No se podría ser más peregrina la reclamación."

Y usó una metáfora que resume la posición aragonesa con precisión: "Es como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire tratando de buscar algún tipo de restitución."

La portavoz del Gobierno aragonés fue clara sobre la respuesta que dará el Ejecutivo: "El Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo la razón que nos ha dado una sentencia judicial. No hay ningún conflicto. No vamos a entrar en ningún diálogo porque carecen de razón."

La reclamación también va dirigida al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena

El burofax de la Generalitat no fue solo al Gobierno de Aragón. También llegó al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, el municipio oscense en cuyo término se encuentra el monasterio. Para Vaquero se trata de "un ataque unilateral de la Generalitat" que no tiene ninguna base jurídica sólida.

"Están embarcados en una falta de respeto a las sentencias judiciales y una falta de respeto institucional", afirmó la vicepresidenta aragonesa. "Claramente es una pataleta ante la continua pérdida de razón y la enajenación política de la Generalitat que está llevando al presidente Illa a perder los intereses de una comunidad autónoma por una falta de rigor jurídico."

El caso Sijena: una batalla de décadas

La disputa por los bienes del Monasterio de Sijena es uno de los conflictos culturales e institucionales más largos de la historia reciente entre Aragón y Catalunya. Las 56 obras artísticas — pinturas murales, esculturas y piezas de orfebrería — fueron vendidas por la Orden Sanjuanista a la Generalitat en los años 80 y 90 en un proceso que los tribunales acabaron declarando nulo décadas después.

La batalla judicial duró años. Aragón ganó en todas las instancias. Las obras volvieron al monasterio. Y ahora la Generalitat intenta una vía extrajudicial para recuperar al menos el dinero que pagó en su día por unas piezas que los jueces le dijeron que nunca debió comprar. El Gobierno de Aragón ya ha respondido. Y su respuesta es un no.

Pero los economistas aragoneses advierten: hay nubarrones en el horizonte que conviene no ignorar.

La inflación al 3,5%, el impacto de la guerra de Irán sobre los costes energéticos y logísticos y la incertidumbre geopolítica global son los tres factores que podrían complicar una evolución que hasta ahora está siendo positiva.

Así lo recoge el Boletín cuatrimestral de Coyuntura número 13 del Colegio de Economistas de Aragón, que analiza la situación financiera de Aragón y España durante el primer cuatrimestre de 2026.

Los datos positivos: empleo, industria y crecimiento

El diagnóstico del primer cuatrimestre tiene una cara claramente positiva. La economía aragonesa crece al 2,2% según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), frente al 2,7% del conjunto del país según el INE.

Una diferencia que a primera vista puede parecer desfavorable para Aragón pero que los economistas relativizan: el comportamiento industrial aragonés y las inversiones ya en curso hacen prever que la comunidad registre tasas de crecimiento por encima de las nacionales a lo largo del año.

En el mercado laboral los datos son especialmente buenos. La tasa de paro en Aragón se sitúa en el 8,37% frente al 10,83% de la media nacional. Una diferencia de más de dos puntos porcentuales que refleja la fortaleza del tejido productivo aragonés y que se mantiene de forma consistente en el tiempo.

La ocupación además está acelerando su crecimiento interanual por encima del promedio estatal y los datos de afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado de abril confirman esa tendencia positiva.

El único problema en este apartado es que las empresas siguen encontrando dificultades para cubrir sus vacantes laborales — una señal de que el mercado de trabajo aragonés está funcionando cerca de su capacidad máxima.

La producción industrial aragonesa también presenta una evolución más favorable que la del conjunto del país impulsada por cuatro sectores clave: la metalurgia, el material y equipo eléctrico, el material de transporte — con la planta de Stellantis en Figueruelas como referencia — y el sector alimentario.

Los tres nubarrones: inflación, energía y guerra de Irán

El optimismo tiene matices importantes. El primero y más inmediato es la inflación. El índice de precios ha repuntado hasta el 3,5% en Aragón con una inflación subyacente —que elimina el componente energético— del 3% en la comunidad frente al 2,9% en España. Un nivel que presiona directamente sobre el consumo de las familias y que reduce el margen de maniobra de las empresas.

El segundo nubarrón es el incremento de los costes energéticos y logísticos que afecta directamente a la competitividad del tejido industrial aragonés. El aumento de los precios de la energía está repercutiendo ya en los precios industriales y amenaza con trasladarse a los precios finales en los próximos meses.

El tercer factor de riesgo es el más incierto: la guerra de Irán. El conflicto está teniendo efectos directos sobre las cadenas de suministro y el comercio mundial y su impacto sobre la economía aragonesa dependerá fundamentalmente de su duración.

Los economistas son explícitos: "La magnitud de estas revisiones dependerá de la duración de la guerra de Irán y de su impacto sobre las infraestructuras energéticas y la capacidad de abastecimiento."

El comercio exterior: Aragón vs España

Uno de los datos más llamativos del boletín es el contraste entre el dinamismo del comercio exterior aragonés y la tendencia nacional. Mientras el comercio exterior español muestra señales de debilidad Aragón mantiene un comportamiento más favorable gracias precisamente a la fortaleza de su sector industrial y a la apertura internacional de sus principales empresas exportadoras.

La demanda interna es sin embargo el principal motor del crecimiento aragonés en este primer cuatrimestre frente al menor empuje del comercio exterior incluso en la comunidad.

El Colegio de Economistas de Aragón resume su diagnóstico con prudencia. La economía aragonesa mantiene un buen ritmo de crecimiento. El empleo evoluciona mejor que en el resto del país. La industria resiste.

Pero la combinación de inflación creciente costes energéticos elevados e incertidumbre geopolítica obliga a los principales organismos económicos a revisar sus previsiones de crecimiento a la baja y las de inflación al alza. Aragón crece. Pero sabe que el camino tiene baches por delante.

El presidente había convocado él mismo la sesión para explicar los detalles del proceso de concertación del bachillerato a partir del próximo curso — una medida que lleva semanas generando movilizaciones en el sector educativo aragonés — y un grupo organizado de más de quince personas del sector de la educación pública había acudido al palco de invitados de la cámara con un plan claro.

En el momento en que Azcón tomó la palabra lanzaron desde el palco una gran cantidad de papeletas verdes que cayeron sobre el hemiciclo y comenzaron a gritar proclamas a favor de la educación pública. El grito más repetido fue contundente y directo: "Dinero para la pública".

Azcón tuvo que interrumpir su discurso

La lluvia de papeletas y los gritos desde el palco obligaron al presidente a detener su intervención. Azcón esperó en silencio mientras los manifestantes seguían con sus proclamas y los ujieres de la cámara procedían a identificar y expulsar del palco a los protestantes. Solo cuando los manifestantes abandonaron la sala retomó la palabra.

Una vez reanudada su intervención Azcón no dejó pasar el episodio sin respuesta. Con evidente malestar lamentó lo ocurrido y lanzó una frase que resume su lectura del incidente: "Flaco favor le hacen a la educación aquellos que la defienden a través de la mala educación." Y fue más allá: reclamó la condena conjunta de todos los grupos parlamentarios ante lo ocurrido.

La presidenta suspendió el Pleno cinco minutos

Una vez concluida la intervención de Azcón la presidenta de las Cortes decidió suspender el Pleno durante cinco minutos para que los ujieres del parlamento pudieran recoger las decenas de papeletas verdes desparramadas por el suelo del hemiciclo.

Lo que siguió fue uno de los momentos más insólitos de la jornada: todos los diputados se levantaron de sus escaños y ayudaron a los empleados de la cámara a retirar las papeletas del suelo. Una imagen poco habitual en un parlamento que refleja la magnitud del desaguisado generado por la protesta.

El contexto: semanas de movilizaciones

La protesta no fue espontánea. La concertación del bachillerato lleva semanas generando movilizaciones en el sector educativo aragonés con manifestaciones convocadas en las últimas semanas por sindicatos, asociaciones de padres y colectivos de defensa de la escuela pública.

El grupo que accedió al palco de invitados de las Cortes este jueves formaba parte de ese movimiento organizado y había planeado la acción con antelación.

La elección del color verde para las papeletas no es casual. El verde es el color asociado históricamente en España con la defensa de la educación pública desde las movilizaciones del movimiento de la marea verde que sacudió el sistema educativo hace más de una década.

La pregunta iba directamente dirigida a Pilar Alegría, portavoz del PSOE en las Cortes aragonesas y una de las voces más críticas con la medida. Y Azcón no se quedó ahí. Recordó que fue el Gobierno de Felipe González en 1985 el que inició la concertación educativa en España y que el PSOE lleva "cuatro décadas impulsando ese proceso." "Ahora lo que vamos a hacer es concluir ese proceso", afirmó el presidente aragonés.

Para Azcón la medida no admite más debate. "Es cosa juzgada", sentenció. Y añadió: "Es muy difícil que a un Gobierno que ha explicado sus medidas ahora haya alguien que le diga que no tiene que cumplir su palabra."

La legitimidad democrática como escudo

El principal argumento de Azcón para defender la concertación del bachillerato fue la legitimidad democrática. La medida está recogida en los programas electorales de PP y Vox que en las elecciones del 8 de febrero sumaron el 52% de los votos y 40 escaños de 67 en las Cortes. "Si ponemos en marcha el proceso de concertación es porque los dos partidos que conformamos el Gobierno hemos obtenido un resultado histórico", afirmó.

Y fue más allá recordando que en esta legislatura la izquierda tiene "la representación más diminuta de toda la historia de la Comunidad." Un dato que Azcón usó como argumento para cerrar el debate: el electorado ha hablado y el Gobierno cumple lo prometido.

"Más presupuesto que nunca para la educación pública"

Azcón rechazó de forma explícita que la concertación del bachillerato sea un ataque a la escuela pública y lo hizo con datos. Su Gobierno destina un 14% más de presupuesto a la educación pública que el anterior Ejecutivo socialista. Tiene 736 auxiliares de educación especial contratados frente a los 575 del último Gobierno del PSOE. Y ha mejorado las condiciones laborales de los profesores que antes eran "los peor pagados de España."

"Más presupuesto que nunca, más profesores, mejor pagados y con menos horas lectivas: esa es la realidad de la educación cuando gobierna el PP", afirmó. Y recordó que la concertación del bachillerato ya existe en ocho colegios de Aragón y que su extensión tendrá un coste de cinco millones de euros anuales. "Es de justicia ampliar esos conciertos que desde hace décadas tienen ocho colegios de Aragón", señaló.

La respuesta de la oposición

El debate no fue tranquilo. Pilar Alegría criticó la supresión de aulas en la red pública, recordó que las familias están "en pie de guerra" en Cuarte de Huerva y denunció que el año pasado se dejó sin ejecutar el 40% del presupuesto de infraestructuras educativas. "Ustedes para dividir son un hacha", afirmó la portavoz socialista, que exigió que la concertación tenga "una necesidad educativa y una justificación" y no "duplicar lo que ya tenemos."

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, fue el más contundente en sus críticas. Señaló que el coste real de la medida es de 19 millones de euros anuales — muy por encima de los cinco millones citados por Azcón— que no se destinarán a mejorar la escuela pública. Y lanzó la frase más viral de la jornada: "Aragón no es imparable, lo único imparable son sus chiringuitos." También tachó al PP Aragón de practicar un "ayusismo de secano" y de ser "antisistema público."

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte preguntó a Azcón "si va a gobernar solo para los que votaron o para todos los aragoneses" y defendió que la educación pública es la única que puede ofrecer una formación igualitaria "en todo el territorio, en cualquier punto de la Comunidad Autónoma" y no solo "en las grandes capitales."

La diputada de IU, Marta Abengochea, fue la más directa: el Gobierno de Azcón "está atacando" a la educación pública y la concertada "en la mayoría de los casos pivota sobre el adoctrinamiento católico."

Desde el lado del Gobierno, la portavoz del PP, Ana Marín, defendió que quienes se oponen a la concertación "quieren quitar la libertad a nuestros jóvenes." Y el portavoz de Vox, Santiago Morón, defendió "el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos" y que los alumnos puedan continuar en la red concertada "sin que sus recursos económicos sean un obstáculo."

Un debate que no ha hecho más que empezar

Azcón cerró su intervención con una frase que resume la posición del Gobierno: "Cerrar el círculo para que las familias puedan elegir independientemente de sus posibilidades económicas." Y anunció que esta legislatura terminará de concertarse toda la educación de cero a dieciocho años.

Esa decisión dice mucho sobre cómo los grandes fondos de inversión internacionales con perfil ESG —medioambiental, social y de gobernanza— ven el mercado inmobiliario español. Y dice aún más sobre lo que Zaragoza tiene que otras ciudades no tienen o no han sabido ofrecer todavía.

Quién es Patrizia

Patrizia no es un fondo cualquiera. Es una de las gestoras de activos inmobiliarios más grandes de Europa. Con sede en Augsburgo (Alemania) y más de 60.000 millones de euros bajo gestión opera en más de 20 países con un perfil marcadamente social y medioambiental que la diferencia de los fondos de inversión inmobiliaria tradicionales.

Su especialidad son las inversiones de impacto: proyectos que combinan rentabilidad financiera con un impacto social medible y verificable. La vivienda asequible sostenible encaja perfectamente en ese perfil. Y dentro de España Zaragoza ha sido el primer mercado que ha cumplido todos sus requisitos.

Por qué Zaragoza y no Madrid o Barcelona

La respuesta tiene varias capas. La primera es el modelo de colaboración institucional. El Ayuntamiento de Zaragoza cedió suelo público bajo una concesión demanial de 75 años que garantiza la reversión de los edificios al patrimonio municipal al final del período.

El Gobierno de Aragón aporta ayudas directas que garantizan que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler. Es el tipo de marco institucional claro y predecible que un fondo internacional necesita para comprometer capital a largo plazo.

La segunda capa es el precio del suelo. Zaragoza ofrece suelo a precios muy inferiores a los de Madrid o Barcelona lo que hace que los números del proyecto sean más favorables y que el modelo sea más fácilmente viable.

La tercera es la demanda real y verificada. Zaragoza tiene 725.000 habitantes —según el padrón municipal de octubre de 2025— y una demanda creciente de vivienda asequible para jóvenes de entre 18 y 39 años que el mercado libre no está cubriendo.

Una demanda que además está respaldada por una ciudad en crecimiento económico con la llegada de Amazon Web Services y otras tantas inversiones tecnológicas, así como otros grandes proyectos milmillonarios que están atrayendo talento joven a la capital aragonesa.

Y la cuarta es precisamente el estándar de sostenibilidad que el proyecto exige. Las viviendas contarán con certificación BREEAM Very Good, certificación Passivhaus y calificación energética A. Un nivel de exigencia que no todos los mercados ni todos los promotores pueden cumplir y que en Zaragoza ha sido posible gracias a la participación de Grupo Lobe en la construcción industrializada y de Sogeviso en la gestión integral.

Los números del proyecto

Las 640 viviendas se distribuyen en tres parcelas. En Miralbueno se construirán 305 en la zona delimitada por las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz y otras 143 en la calle Hipólito Lor. Las 192 restantes se levantarán en Rosales del Canal entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss. En total las promociones abarcarán una superficie de 38.500 metros cuadrados.

Los alquileres oscilarán entre 235 y 313 euros para pisos de un dormitorio, de 352 a 470 euros para los de dos y entre 440 y 586 euros para los de tres habitaciones. La entrega está prevista para el primer semestre de 2028.

Jeffrey Sújar, CEO de Urbania Living, resumió el mensaje del proyecto en una frase: "La vivienda asequible y la sostenibilidad no son conceptos opuestos." Una declaración que desmonta el estigma histórico de la vivienda pública de baja calidad y que es exactamente el tipo de propuesta que atrae a fondos de impacto como Patrizia.

La llegada de Patrizia a Zaragoza tiene implicaciones que van mucho más allá de las 640 viviendas y los 130 millones comprometidos. Es la primera vez que un fondo de impacto internacional de ese tamaño invierte en vivienda pública en Aragón. Y lo hace eligiendo Zaragoza sobre Madrid y Barcelona.

Si el proyecto funciona —y todos los indicadores apuntan a que está bien estructurado para hacerlo— Zaragoza podría convertirse en un modelo replicable para otras ciudades españolas. Y Patrizia en un inversor recurrente en el mercado aragonés de vivienda asequible.

Los Santos del Hielo —San Mamerto el 11, San Pancracio el 12 y San Servancio el 13— traen consigo uno de los episodios meteorológicos más temidos del calendario agrícola: las heladas tardías. Este año van a cumplir su fama.

El sábado 16 de mayo, según los modelos de Meteored, Zaragoza capital amanecerá a -3 grados a las 8 de la mañana. Y en las zonas de cultivo del valle del Ebro, el Jalón, el Jiloca y el Cinca las temperaturas nocturnas serán igualmente peligrosas para los cultivos que están ahora mismo en una de sus fases más delicadas del año.

Por qué este momento es especialmente crítico

Mayo es el mes en que muchos de los cultivos más importantes de Aragón están en plena fase de cuajado del fruto. Es el momento en que la flor se convierte en fruto y en que cualquier helada puede arruinar en pocas horas lo que el agricultor ha cuidado durante meses.

Los frutales son los más vulnerables. El melocotón y la nectarina —protagonistas de las comarcas del Bajo Aragón, Fraga, Caspe y el valle del Ebro— están en este momento con el fruto recién cuajado y son especialmente sensibles a las temperaturas bajo cero.

La cereza de la comarca de Calatayud y de Aniñón y Maluenda también se encuentra en una fase crítica. Y la manzana y la pera del Pirineo y el prepirineo aragonés tienen por delante una noche de riesgo real.

El albaricoque de las Cinco Villas y la ribera del Ebro y las hortalizas de primavera del cinturón periurbano de Zaragoza completan el mapa de cultivos en alerta esta semana.

La vid: un riesgo que se extiende por toda la comunidad

La vid es otro de los grandes damnificados potenciales de las heladas tardías en Aragón.

Los brotes jóvenes que han brotado en las últimas semanas en las grandes denominaciones aragonesas —Cariñena, Campo de Borja, Calatayud y Somontano— son extremadamente sensibles a las temperaturas bajo cero. Una helada en este momento puede destruir la cosecha del año en pocas horas.

Los viticultores aragoneses conocen bien este riesgo. La historia del campo aragonés está llena de años en que los Santos del Hielo dejaron una huella económica devastadora en las bodegas y cooperativas de la comunidad.

El episodio meteorológico que llega

La causa de estas heladas tardías es la irrupción de una masa de aire ártico marítimo que descenderá desde latitudes altas hacia la Península a partir del jueves.

El viernes la masa fría se extenderá de norte a sur provocando un descenso generalizado de temperaturas con anomalías de entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

El Pirineo aragonés será la zona más afectada con temperaturas que podrían bajar de los -5 grados en cotas altas y nevadas a partir de los 1.300-1.500 metros. Pero el frío llegará también al valle del Ebro y a las zonas de cultivo de la comunidad con temperaturas nocturnas que en muchos puntos rozarán o superarán el umbral de los 0 grados.

Qué pueden hacer los agricultores

Ante un episodio de heladas tardías los agricultores tienen varias opciones para proteger sus cultivos aunque no todas son accesibles para todos los tipos de explotación.

Los sistemas de riego por aspersión —que generan una capa de hielo protectora alrededor del fruto— son los más efectivos pero requieren infraestructura. Los quemadores de parafina y las velas antiheladas son una alternativa más artesanal. Y el seguimiento horario de la temperatura durante las noches del jueves al domingo es imprescindible para actuar a tiempo.

Los agricultores aragoneses con cultivos sensibles deben seguir de cerca la evolución del episodio en los próximos días y consultar los avisos del Gobierno de Aragón y de las organizaciones agrarias antes de las noches más frías del fin de semana.

Los Santos del Hielo llegan puntuales. Y este año el campo aragonés tiene motivos reales para tomárselos en serio.

En el ranking nacional de crecimiento interanual en creación de empresas, Aragón ocupa la antepenúltima posición. Solo Baleares (+3,05%) y Navarra (+4,76%) crecen menos. Todas las demás comunidades autónomas superan a Aragón. Y algunas le sacan una distancia enorme.

El contraste con otras comunidades

Los datos del INE revelan una España inmobiliaria a dos velocidades en lo que a creación de empresas se refiere. Mientras Aragón crece un 11%, Castilla-La Mancha lo hace un 70,63%, Extremadura un 53,98% y Cataluña un 49,03%. Tres comunidades que multiplican por cuatro o cinco el ritmo de crecimiento aragonés.

La media nacional implícita en los datos —todas las comunidades crecen en positivo— sitúa a Aragón claramente por debajo del conjunto del país. Un récord histórico propio que en comparación con el resto del territorio queda relativizado.

Por qué el récord tiene trampa

La trampa no es que el dato sea falso. Es que el dato es verdadero pero incompleto. Aragón bate su propio récord de marzo porque su base de comparación histórica es la que es.

Pero cuando se pone en contexto nacional resulta que la comunidad que presume de ser el hub tecnológico del sur de Europa, de atraer miles de millones en inversión de Amazon y CATL y de tener el tejido industrial más dinámico del interior peninsular, es también una de las que menos empresas nuevas crea en proporción al año anterior.

Hay varias lecturas posibles para ese dato. Una es que Aragón parte de una base ya sólida y que crecer un 11% desde una posición de fortaleza es diferente a crecer un 70% desde una base más débil. Castilla-La Mancha y Extremadura, que lideran el ranking de crecimiento, son también las comunidades que más empresas destruyen: Extremadura encabeza también el ranking de disoluciones con un +56,52%.

Otra lectura es que el ecosistema empresarial aragonés, pese a la inversión tecnológica y la actividad industrial, todavía no está generando el efecto multiplicador en la creación de nuevas empresas que cabría esperar de una comunidad con ese nivel de inversión entrante.

Los otros datos del mes

En marzo se disolvieron en Aragón 64 empresas, un 10,3% más que el año anterior. De ellas 58 lo hicieron voluntariamente, dos por fusión y cuatro por otras causas.

El número de sociedades que ampliaron capital bajó un 41% hasta las 46 empresas, con un capital suscrito de 17,15 millones de euros, un 73,6% inferior al de marzo de 2025.

Con el dato de marzo, Aragón encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual en creación de empresas. El récord es real. El contexto, también.

Tiene entre 2.200 y 2.600 habitantes. Lleva creciendo de forma constante desde el año 2000 a un ritmo del 1% anual. Y está a 8 kilómetros del centro de la capital aragonesa con acceso directo desde la Z-40, la gran ronda que conecta los principales puntos de la ciudad.

El precio medio del suelo en este barrio se sitúa en torno a los 1.195 euros por metro cuadrado a mayo de 2026. Los solares listos para construir en el centro se pueden encontrar entre 300 y 500 euros el metro cuadrado.

Son cifras que en el contexto del mercado inmobiliario de Zaragoza y de lo que está llegando a la zona en los próximos años resultan llamativamente bajas.

Lo que está ocurriendo a su alrededor

Para entender por qué este lugar tiene tanto potencial hay que mirar lo que está pasando en su entorno inmediato. A pocos kilómetros se encuentra Villanueva de Gállego, el municipio más rico de Aragón con una renta per cápita de 37.697 euros por habitante que alberga los centros de datos de Amazon Web Services y está construyendo un polígono tecnológico que atraerá miles de empleos de alta cualificación en los próximos años.

La inversión comprometida en ese entorno supera los miles de millones de euros y el impacto sobre los barrios y municipios colindantes será inevitable.

En el mismo radio de influencia está proyectado el nuevo Hospital de San Gregorio, una infraestructura sanitaria de primer nivel que generará actividad económica, empleo y demanda de vivienda en su entorno durante décadas.

Y hay un potencial logístico en la zona que todavía está por concretarse pero que varios operadores tienen en el radar dado que el corredor norte de Zaragoza es uno de los más activos en términos de inversión industrial y tecnológica de toda España.

A todo ello se suma la presencia de la Academia General Militar, una de las instituciones de referencia del Ejército de Tierra en España, que lleva décadas siendo un motor económico silencioso del norte de Zaragoza.

Estamos hablando de San Juan de Mozarrifar

Con entre 2.277 y 2.584 habitantes —según padrón municipal y Junta Vecinal respectivamente— San Juan de Mozarrifar es una pedanía del término municipal de Zaragoza situada al norte de la capital. No es un municipio independiente. Es Zaragoza. Con todo lo que eso implica en términos de servicios, infraestructura y gestión urbana.

Su crecimiento no es nuevo. Desde el año 2000 ha experimentado un boom inmobiliario que ha ido atrayendo población de forma sostenida.

Su perfil demográfico es equilibrado con una ligera mayoría masculina. Y su conectividad es uno de sus principales activos: el acceso directo desde la Z-40 lo conecta con el centro de Zaragoza en pocos minutos y con el corredor norte —Villanueva de Gállego, Zuera, la autovía a Huesca— de forma inmediata.

El suelo que todavía está a precio de oportunidad

El precio medio de mercado en el código postal 50820 —que corresponde a San Juan de Mozarrifar— se sitúa en 1.195 euros por metro cuadrado a mayo de 2026. Para quien conoce los precios del mercado inmobiliario de Zaragoza capital o de municipios como Villanueva de Gállego, esa cifra es una señal clara de que el mercado todavía no ha descontado el potencial de la zona.

Los solares disponibles en el centro del barrio se encuentran entre los 300 y 500 euros por metro cuadrado. En la calle Comercio, por ejemplo, hay parcelas a aproximadamente 496 euros el metro cuadrado. Son precios de barrio rural que en diez años podrían no reconocerse.

Por qué en diez años será diferente

La combinación de factores que rodean a San Juan de Mozarrifar es difícil de encontrar en otro punto del norte de Zaragoza. Suelo disponible. Precio asequible. Conectividad directa con la Z-40. Término municipal de Zaragoza. Y en su entorno inmediato: un hub tecnológico en expansión, un hospital en proyecto, potencial logístico por desarrollar y una institución militar de primer nivel.

No es una certeza. Es una tesis de desarrollo urbano que los próximos diez años pondrán a prueba. Pero los ingredientes están ahí. Y por ahora casi nadie los está mirando.

El documento cifra el coste del proyecto en 173,2 millones de euros y ha generado reacciones muy distintas entre los partidos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza y en las Cortes de Aragón. Cada uno lee el mismo informe con conclusiones opuestas.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, compareció tras la Junta de Portavoces extraordinaria convocada por el PSOE para defender el informe.

Su valoración fue clara: el documento es "positivo" en los aspectos de contabilidad, examen financiero, cumplimiento normativo y seguimiento de contratos. "Tanto las cuentas de la sociedad como todo su proceso desde el punto de vista legal es transparente y acorde a la ley", afirmó.

Serrano desglosó las cifras. Los 163 millones corresponden a la construcción del estadio. Los 10 millones restantes se dividen entre la urbanización del entorno —que el Ayuntamiento considera una obra de ciudad que excede el equipamiento deportivo y afecta a sistemas generales— y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), que la sociedad pagará "en su debido tiempo y forma."

Sobre las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, Serrano reconoció que algunas ya han sido aceptadas por la sociedad —como la creación de una página web— y que otras se abordarán cuando corresponda según el propio informe.

"Falta de transparencia"

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, centró su crítica en la evolución de las cifras públicas del proyecto a lo largo del tiempo. "Comenzamos con que nos iba a costar cero euros; pasamos a 120 millones en 2024; después a 160 millones en 2025 y ahora, gracias a la Cámara de Cuentas, nos encontramos que se eleva a 173,5 millones", relató.

Ranera apuntó que la urbanización de las calles del entorno supone 4,5 millones adicionales, lo que podría elevar el coste total a 178 millones, sin contar posibles sobrecostes futuros.

La portavoz socialista reclamó mayor transparencia: "Los zaragozanos se merecen tener todas las cuentas de este proyecto." Y valoró positivamente la existencia de la Cámara de Cuentas como mecanismo de control: "Menos mal que existe, porque de lo contrario no nos hubiéramos enterado de absolutamente nada."

Ranera también señaló que el grupo municipal del PSOE tiene dificultades para acceder a la información: "Para interpretar necesito un Gobierno que se crea que hasta el último euro de dinero público hay que dar cuenta y hay que hacer rendición de cuentas."

Lo que dice ZeC: "Un pozo sin fondo"

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, fue la más crítica. Para ZeC el informe confirma "punto por punto" sus críticas anteriores al proyecto: "La Nueva Romareda es un pozo sin fondo: 180 millones gastados, sin plan de negocio y con el PP tapando los impagos de Forcén y Jorge Mas."

ZeC señaló que el socio privado —el Real Zaragoza S.A.D.— no ha realizado sus aportaciones mientras las administraciones públicas han elevado su participación, reduciendo el porcentaje del club del 33% al 25%.

La portavoz de ZeC también denunció lo que considera falta de transparencia en la gestión: ausencia de relación de puestos de trabajo, no publicación de contratos en la plataforma oficial y modificaciones contractuales aprobadas con retraso. Señaló además que la propia sociedad La Nueva Romareda no aportó la documentación requerida por la Cámara de Cuentas y que todas sus alegaciones fueron rechazadas por el organismo fiscalizador.

Lo que dice Vox: "El informe es anterior a nuestra entrada"

La portavoz de Vox en el consejo de administración de La Nueva Romareda, Eva María Torres, adoptó una posición diferenciada. Aseguró que Vox se alinea "totalmente con el informe cuando habla de transparencia, de rigor y de los tiempos en procedimientos."

Y añadió un matiz relevante: "El informe de la Cámara de Cuentas hace referencia a un período anterior a la entrada de Vox en el Consejo de La Nueva Romareda." Una declaración que sitúa a Vox en el lado de la exigencia de transparencia y desvincula al partido de las deficiencias detectadas en el período fiscalizado.

La letra pequeña del informe

Más allá de las posiciones políticas, el informe de la Cámara de Cuentas establece dos conclusiones principales: que las cuentas de la sociedad y su proceso legal son correctos y que existen una serie de recomendaciones de mejora en transparencia y gestión.

El organismo fiscalizador también señala que no ha podido acceder a toda la información necesaria para cuantificar el coste total del proyecto incluyendo todos los gastos asumidos directamente por los socios públicos.

Es ese último punto el que alimenta el debate político: quién paga qué, cómo se contabiliza y cómo se informa a los ciudadanos. Preguntas que el informe plantea y que la Junta de Portavoces de este lunes no ha resuelto del todo.

Un proyecto que se suma a las 608 viviendas ya en construcción en Actur y Valdespartera, las 496 adjudicadas en Picarral y Avenida Cataluña y las 440 previstas en Parque Goya. En total más de 3.400 viviendas públicas en construcción en Zaragoza dentro del Plan Aragón Más Vivienda.

Las viviendas están destinadas principalmente a jóvenes de entre 18 y 39 años con un sistema de ayudas que garantiza que los inquilinos no destinen más del 30% de sus ingresos al alquiler. Las entregas del primer lote están previstas para los primeros meses de 2027 y las de Miralbueno y Rosales del Canal para el primer semestre de 2028.

"Nunca en tan poco tiempo se habían impulsado tantas viviendas públicas en la comunidad autónoma de Aragón", afirmó Azcón este lunes.

Mientras tanto, a 70 kilómetros de ese acto, en Ejea de los Caballeros, la alcaldesa Teresa Ladrero lleva dos años esperando que ese mismo plan llegue a su ciudad. Sin resultado.

Las razones de la exclusión de Ejea de los Caballeros

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha presentado proyectos de construcción y rehabilitación y tiene suelo disponible. Ha concurrido a las dos convocatorias del Plan Aragón Más Vivienda.

En las dos ha quedado fuera. "Nos han excluido en la primera y en la segunda convocatoria argumentando que no alcanzamos la puntuación, pero la necesidad de vivienda para jóvenes en Ejea es muy urgente", explicó Ladrero recientemente.

El Pleno municipal de Ejea aprobó por unanimidad instar al Gobierno de Aragón a atender sus solicitudes, una moción respaldada por todos los grupos de la corporación.

Precisamente, la tensión inmobiliaria que vive Ejea de los Caballeros por una falta de política en vivienda ha llevado al municipio gobernado por Teresa Ladrero a ser el municipio aragonés donde más ha aumentado el precio de la vivienda en el último año.

El coste medio del metro cuadrado se ha disparado un 43,8% en los últimos doce meses, hasta situarse en los 1.251 euros por metro cuadrado, según el Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón

La posición del Gobierno de Aragón

El Departamento de Vivienda que dirige Octavio López explicó su posición con claridad. El Programa 700 —destinado a municipios de menos de 3.000 habitantes— tiene criterios de asignación transparentes y en las dos convocatorias celebradas otros municipios los cumplieron en mayor medida que las pedanías de Ejea.

No obstante el Gobierno abre una puerta: en la nueva convocatoria de 2026 las pedanías de Ejea tendrán más posibilidades al no poder optar los 167 municipios ya beneficiados.

Para la ciudad de Ejea —que supera los 3.000 habitantes— el programa diseñado es el +3000, que prevé viviendas de alquiler asequible sobre lotes de suelos agrupados en varias localidades.

Los primeros municipios en sumarse son Alagón, Utebo y Figueruelas. El Gobierno señala que los siguientes lotes dependerán de la capacidad de los ayuntamientos para proveer suelo suficiente.

El Gobierno recordó además que el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 no contemplaba programas a los que Ejea pudiera acogerse —salvo el de cohousing, al que el ayuntamiento no presentó solicitud— y que el nuevo Plan Estatal 2026-2030 todavía está pendiente de que se fije el reparto de fondos por comunidades y se apruebe el convenio con el Ministerio de Vivienda.

La paradoja

El Plan Aragón Más Vivienda es el mismo plan para toda la comunidad. Sus resultados en Zaragoza y en Ejea son, de momento, muy distintos. El Gobierno de Aragón defiende que los criterios son objetivos y transparentes y que Ejea tiene camino por delante en futuras convocatorias. El Ayuntamiento de Ejea defiende que la necesidad de vivienda es urgente y que dos años de espera son demasiados.

Ambas posiciones son comprensibles. La paradoja está, por tanto, entre los 3.400 pisos que arrancan en la capital y los cero euros que han llegado a Ejea es el reflejo más claro de los retos que tiene por delante un plan que aspira a ser la mayor apuesta de vivienda pública de la historia de Aragón.

El despliegue del Plan Aragón Más Vivienda en Zaragoza es innegablemente potente. Más de 3.400 viviendas en seis barrios de la capital. Una inversión de 400 millones de euros hasta 2030.

Un modelo de colaboración público-privada con empresas como Urbania, Grupo Lobe, Sogeviso, Brial, Eizasa, entre otras, que ha atraído el interés de fondos de inversión internacionales con perfil social y medioambiental.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad. Los otros 13 cruceristas han dado negativo en esa misma prueba.

El resultado es provisional. El protocolo establece que si el resultado es negativo pero persisten los síntomas se repite la prueba a las 24 horas y posteriormente cada 48 horas.

Si el positivo provisional se confirma, el pasajero ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital y las muestras serán analizadas por el Centro Nacional de Microbiología.

El contexto: lo que ya sabíamos

El pasajero positivo forma parte del grupo de 13 viajeros y un tripulante que llegaron a España el domingo tras aterrizar en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz y ser trasladados en un convoy escoltado por la Policía Nacional al Gómez Ulla.

Todos permanecen en habitaciones individuales con sistemas de presión negativa bajo el mismo protocolo que se aplicó durante la crisis del ébola en 2014.

La cuarentena podría extenderse hasta un máximo de 42 días —el período de incubación estimado del hantavirus en su variante más preocupante— aunque podría ajustarse en función de la evolución de los pasajeros.

El hospital ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 profesionales para atender a los aislados.

Clavijo tenía razón

El positivo provisional da la razón al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que llevaba días advirtiendo del riesgo. Clavijo había pedido al Gobierno central que se realizaran test de antígenos o PCR a todos los pasajeros antes del desembarco en el puerto de Granadilla de Abona, incluso a los asintomáticos.

El Ministerio de Sanidad no lo hizo. Este lunes, con dos positivos ya confirmados entre pasajeros extranjeros —un francés y un estadounidense— y ahora un positivo provisional español, Clavijo señaló: "Era un riesgo que desde el Gobierno canario veíamos como posible y que desgraciadamente se ha visto confirmado."

El escenario que se abre

El positivo provisional en un pasajero español es el primer caso de posible contagio de hantavirus en un ciudadano español procedente del Hondius. Si se confirma definitivamente será el primer caso confirmado de hantavirus en España vinculado al crucero.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave. La variante detectada en este brote ha generado especial atención porque, a diferencia de otras variantes, puede presentar transmisión entre personas en circunstancias concretas.

Las autoridades sanitarias han optado por aplicar el principio de máxima precaución aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo según el Ministerio de Sanidad.

Mientras se espera la confirmación definitiva del positivo provisional, los otros 13 españoles del Gómez Ulla siguen su cuarentena con resultado negativo en la primera PCR.

El protocolo continúa: seguimiento diario, evaluación clínica y nuevas pruebas diagnósticas si fuera necesario.

El hantavirus está en España. Y el Gómez Ulla es ahora mismo el lugar más vigilado del país.