El tapón de oposiciones en Aragón que viene desde 2017: qué se ha resuelto y qué queda pendiente
Cuando el Gobierno de Jorge Azcón llegó al poder en 2023, encontró en la administración aragonesa un problema estructural que llevaba años acumulándose: un tapón monumental de oposiciones sin resolver.
Convocatorias que arrancaron en 2017 y que seguían sin cerrarse casi una década después, dejando a miles de interinos en una situación de incertidumbre prolongada y a la administración con una tasa de temporalidad que rozaba el 40% en los servicios generales.
Un porcentaje que no solo era un problema de gestión sino también un incumplimiento de la normativa europea sobre estabilización del empleo público, que obliga a reducir la temporalidad de forma progresiva.
Este miércoles, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, hizo balance en la Comisión de Hacienda del Parlamento aragonés: la temporalidad ha bajado del 40 al 25%, las oposiciones convocadas hasta 2023 están finalizadas y el objetivo es estar completamente al día en 2027. Un avance real pero incompleto. Y con varios interrogantes abiertos sobre lo que falta por resolver.
Por qué se acumuló el tapón desde 2017
El problema no nació de la noche a la mañana. Las oposiciones en la administración pública son procesos largos y complejos: desde que se aprueba la convocatoria hasta que los aprobados toman posesión pueden pasar dos, tres o incluso cuatro años. Durante ese tiempo, los puestos se cubren con interinos.
Cuando los procesos se retrasan —por falta de tribunales, por recursos judiciales, por problemas en la corrección de exámenes o simplemente por falta de voluntad política para agilizarlos— el tapón se va formando.
Y en Aragón, entre 2017 y 2023, los retrasos se acumularon convocatoria tras convocatoria hasta crear una situación en la que había empleados interinos cubriendo puestos durante lustros sin perspectiva clara de estabilización.
La normativa europea de estabilización del empleo público —que España tuvo que transponer en 2021— añadió presión al proceso al imponer plazos y porcentajes máximos de temporalidad que muchas administraciones, incluida la aragonesa, no estaban en condiciones de cumplir.
Lo que ha cambiado: del 40 al 25% de temporalidad
El balance que presentó Bermúdez de Castro este miércoles es positivo en términos relativos. Las oposiciones convocadas hasta 2023 están finalizadas, lo que ha permitido estabilizar a una parte significativa de la plantilla interina y reducir la temporalidad en los servicios generales del Gobierno de Aragón del 40 al 25%.
Una reducción de 15 puntos porcentuales en menos de tres años es un avance notable, especialmente considerando que los procesos selectivos no se pueden acelerar arbitrariamente sin poner en riesgo los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.
Cada convocatoria requiere tribunales, temarios, exámenes, correcciones, listas de espera y tomas de posesión que llevan su tiempo.
Pero el 25% de temporalidad sigue siendo un porcentaje muy alto. Y en Aragón todavía quedan por resolverse los procesos correspondientes a 2023, 2024 y 2025, que están en marcha pero no concluidos.
Lo que falta: tres años de convocatorias pendientes
El consejero anunció que este año la temporalidad se reducirá más con los nuevos procesos de 2023, 2024 y 2025 en ejecución. Y fijó 2027 como el año en que Aragón debería estar completamente al día: con las convocatorias de cada año lanzadas en el primer semestre del propio año, sin retrasos acumulados.
Es un objetivo ambicioso que implica resolver en paralelo tres años de convocatorias pendientes mientras se mantiene el ritmo de las nuevas. Algo que requiere recursos suficientes en los tribunales de selección, agilidad administrativa en la gestión de los procesos y ausencia de nuevos bloqueos por recursos judiciales o problemas técnicos.
El dato que ilustra bien la magnitud del reto: cuando Bermúdez de Castro habla de ponerse al día en 2027, está diciendo que en ese año se convocarán las plazas correspondientes a 2027. No las de 2024 o 2025, que para entonces deberían estar ya resueltas. Es decir, el objetivo no es recuperar todo el retraso acumulado de golpe —eso llevará más tiempo— sino establecer un ritmo de convocatoria anual que evite que el tapón vuelva a crearse.
Qué significa para los interinos y los opositores
Para los miles de empleados interinos del Gobierno de Aragón que llevan años esperando la estabilización de su puesto, el avance es real pero la espera continúa. Quienes cubren plazas convocadas en 2023 o 2024 tendrán que esperar a que sus procesos se resuelvan, lo que en función de la especialidad y el número de plazas puede suponer meses o incluso otro año de incertidumbre.
Para quienes están preparando oposiciones con la intención de acceder a la administración aragonesa, la noticia es que el ritmo de convocatorias se está normalizando. Si el Gobierno de Aragón cumple el calendario anunciado, a partir de 2027 habrá convocatorias anuales predecibles, lo que facilita la planificación del estudio y reduce la incertidumbre sobre cuándo y para cuántos puestos se convocará cada especialidad.
Un problema que no es exclusivo de Aragón
El tapón de oposiciones es un fenómeno que afecta a prácticamente todas las comunidades autónomas españolas en mayor o menor medida. La combinación de normativa europea de estabilización, retrasos históricos acumulados y complejidad de los procesos selectivos ha generado situaciones similares en Cataluña, Andalucía, Madrid y el resto de administraciones.
Lo que sí es específico de Aragón es la magnitud del problema heredado —retrasos que arrancaron en 2017— y el ritmo de resolución que el actual gobierno se ha comprometido a mantener.
Si el calendario anunciado se cumple, 2027 será el año en que Aragón cierre definitivamente un capítulo de su administración pública que ha generado frustración, incertidumbre y costes tanto para los empleados afectados como para el propio funcionamiento de los servicios públicos.
El 15 de junio —fecha límite para la orden de elaboración del presupuesto de 2027— será la primera piedra de toque para comprobar si el Gobierno de Aragón mantiene el ritmo que ha prometido.
