Aragón recupera la custodia compartida preferente si hay proceso de divorcio
El Código Foral de Aragón volverá a establecer, seis años después, que la custodia compartida será la opción preferente en los casos de divorcio o separación con hijos menores. Esta medida supone un cambio legislativo relevante, ya que en 2019 se eliminó este criterio de preferencia en la anterior reforma de la ley.
Con esta nueva modificación, se recupera el principio de custodia compartida preferente, al mismo tiempo que se elimina como criterio relevante la dedicación previa de cada progenitor al cuidado de los hijos durante la convivencia. Es decir, el tiempo que cada padre o madre haya dedicado a la crianza durante la vida en común ya no será determinante en la toma de decisiones judiciales.
La reforma ha sido impulsada por el Partido Aragonés (PAR) y ha salido adelante con los únicos votos favorables del Partido Popular (PP) y Vox. Según ha explicado el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, la modificación no impone una obligación, sino que se limita a establecer una preferencia. “La ley no obliga a la custodia compartida, solo la considera como opción preferente. Si hay razones para optar por la custodia individual, esta podrá decretarse si se considera más conveniente para el menor”, ha indicado.
No obstante, la iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los grupos de la izquierda y Teruel Existe, que consideran la reforma un retroceso en la protección de la infancia. El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha expresado que la reforma no es neutra, ya que no solo establece una preferencia clara, sino que elimina factores esenciales de análisis, lo que puede condicionar el trabajo judicial. “La custodia compartida debe aplicarse en positivo, de manera consensuada, no como una fórmula impuesta por defecto”, ha advertido.
Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA) ha calificado la medida como “neutra, ineficaz e inútil”, al considerar que no tendrá efectos prácticos, ya que los jueces seguirán tomando decisiones en función del interés superior del menor. Podemos ha ido más allá al denunciar que esta modificación puede favorecer el uso de los menores como “rehenes” en conflictos de pareja, mientras que Izquierda Unida (IU) insiste en que cada situación familiar es única y no puede ser tratada bajo un criterio legal de preferencia.
Desde Teruel Existe, la diputada Pilar Buj ha alertado sobre el riesgo de “encorsetar innecesariamente” el margen de decisión de los jueces. En su opinión, esta reforma puede ser contraproducente para el bienestar de los menores, ya que limita la capacidad del juez de valorar libremente cuál es la mejor fórmula para cada caso concreto.
En el lado contrario, desde el Partido Popular, la diputada María Navarro ha defendido la medida asegurando que no limita ni impone decisiones judiciales, sino que se respeta plenamente la autonomía del juez, que podrá estudiar caso por caso cómo proteger mejor el interés del menor.
Finalmente, el portavoz de Vox, David Arranz, ha recalcado que la custodia compartida como preferente no supone una obligación automática, sino que evita la arbitrariedad judicial. “El juez puede dictar una custodia individual si hay motivos. Lo importante es que esos motivos estén justificados. ¿Dónde está el problema?”, ha concluido.
