Las Cortes dan el visto bueno a la reforma de la ley de agricultura social y familiar de Aragón
Este jueves se celebra San Isidro Labrador, patrón de los agricultores y El Pleno de las Cortes de Aragón no ha querido perder la oportunidad. Ha aprobado este jueves la reforma de la ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, conocida como ley de agricultura social y familiar. La iniciativa, tramitada mediante el procedimiento de lectura única a propuesta de Vox, busca favorecer la instalación de granjas y flexibilizar la unidad mínima de cultivo.
El objetivo es facilitar la incorporación de jóvenes agricultores y frenar la pérdida de explotaciones agrarias viables. Han votado a favor PP, Vox y PAR, en contra IU y Podemos, y se han abstenido PSOE, Aragón-Teruel Existe y CHA.
El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, ha defendido la reforma por los "gravísimos perjuicios" que la ley actual ha causado a los jóvenes agricultores, subrayando el aumento del abandono de la actividad agrícola profesional.
Ha criticado las “erráticas políticas del Pacto Verde Europeo”, a las que atribuye costes elevados, exigencias desproporcionadas y una pérdida de competitividad del campo aragonés frente a terceros países.
Morón ha señalado que con la ley vigente se ha frenado la apertura de nuevas granjas y se ha dificultado la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional, obstaculizando la incorporación de jóvenes al medio rural. Ha recalcado la “apremiante necesidad” de reformar la ley vigente para un desarrollo agrario más seguro.
Por parte del PP, el diputado José María Giménez ha defendido a los pequeños y medianos agricultores que viven en los pueblos, generan economía y cuidan el entorno. Ha recordado que “buena parte del sector” consideró que esta era una mala ley, y que en 2024 se duplicaron las bajas en el régimen agrario de la Seguridad Social.
Giménez ha abogado por la participación de todos los agentes implicados, mencionando el proceso de consulta pública abierto por el Departamento de Agricultura en 2024.
El diputado del PSOE, Marcel Iglesias, ha negado que la ley sea un desastre, señalando que la reducción de agricultores también ocurre en otras comunidades. Ha criticado que “vinieron a derogar una ley y van a derogar un artículo y modificar dos”, de un total de 54 artículos y 11 disposiciones, aunque ha admitido que algunos preceptos son “manifiestamente mejorables”.
Iglesias ha advertido sobre el riesgo de convertir la ley en un “coladero para macrogranjas”, y ha pedido adaptar las unidades mínimas de cultivo a la realidad del minifundio en Aragón.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha propuesto “flexibilizar” la ley sin renunciar a proteger a los pequeños agricultores frente a grandes fondos de inversión. Ha advertido que con esta reforma, “los pequeños agricultores se quedan a la intemperie”, y ha defendido mantener límites razonables en las explotaciones ganaderas, proponiendo reducir la unidad mínima de cultivo a cinco hectáreas en secano y dos en regadío.
Desde Aragón-Teruel Existe, en voz de Pilar Buj, se ha señalado que la reforma es un “recorte” que beneficia principalmente a las granjas intensivas. Ha cuestionado si Vox realmente apoya a la agricultura familiar y ha calificado la medida de “manipulación” y “propaganda”, lamentando que “no se han escuchado las propuestas de los agricultores”.
Buj ha defendido la modernización de la agricultura social y familiar, con impulso al asociacionismo y cooperativismo agrario.
El diputado de Podemos, Andoni Corrales, ha acusado a Vox de actuar por “motivos ideológicos”. Ha recordado que la ley actual es fruto de un proceso de “escucha activa” de tres años, que solo lleva uno en vigor, y ha rechazado su modificación mediante un “rodillo parlamentario por puro sectarismo”.
Desde IU, Álvaro Sanz ha señalado que “las derechas van a empezar el desguace de esta ley porque molesta proteger un modelo concreto de agricultura”. Ha defendido la norma por priorizar un modelo social que, según él, no se ha llegado a aplicar.
Sanz ha reprochado a Vox que “les da igual quién produzca, el modelo”, y que por eso modifican una ley “necesaria para quien vertebra el territorio”.
El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha apoyado una “norma más entendible y operativa”, rechazando la derogación completa de los artículos. Ha recordado que esta ley “perjudicaba” y que han pasado casi dos años para corregirla.
