El PP cobrará 120.000 euros más en las Cortes de Aragón pese a tener dos diputados menos: así queda el reparto de subvenciones
El martes, la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón tomó una decisión que lleva desde entonces generando controversia política. PP, PSOE y Vox acordaron aplicar un criterio estrictamente proporcional al número de escaños en la partida de las subvenciones destinada a la contratación de personal de los grupos parlamentarios.
Una decisión técnica, aparentemente menor, que tiene consecuencias muy concretas para los grupos más pequeños: Teruel Existe e IU verán reducida esa partida entre un 58% y un 60%, lo que según ambas formaciones les obliga a plantearse despidos de personal y amenaza su capacidad real de ejercer la función de representación y control para la que fueron elegidos.
Para entender el alcance del acuerdo hay que conocer cómo funciona la financiación parlamentaria. Los grupos reciben tres tipos de subvención: una fija —igual para todos los grupos, independientemente de su tamaño—, una variable por diputado electo, y una tercera destinada específicamente a sufragar los gastos de personal.
Esta última partida es la que ha cambiado. En las legislaturas anteriores, los grupos acordaban criterios que compensaban a los más pequeños, garantizándoles un mínimo de recursos humanos para funcionar. Esta vez, la mayoría ha impuesto la proporcionalidad pura.
Las cifras concretas aclaran por qué la decisión ha generado tanto ruido. IU mantiene exactamente el mismo número de diputados que en la pasada legislatura —uno— y sin embargo su partida de personal pasa de 66.665 euros anuales a 27.869 euros: una reducción del 58%. No ha perdido representación. Ha perdido financiación. Ese es el dato que resulta más difícil de defender bajo cualquier argumento de proporcionalidad.
En el caso de Teruel Existe, la caída es aún mayor en términos absolutos. La formación turolense pasa de tres a dos diputados —una reducción del 33% de su representación— pero su partida de personal cae de 133.330 euros a 55.738 euros, una merma superior al 60%. "Es lógico que baje la financiación, puesto que hemos perdido un 33% de diputados. Pero es que la financiación se reduce más de un 60%", ha denunciado la formación.
En el extremo contrario, el PP ingresará este año 1.552.980 euros en total, 120.919 más que en la legislatura pasada, pese a contar con dos diputados menos. La razón es el remanente de 155.929 euros generado por la salida del Parlamento de Podemos y el PAR, que se distribuye ahora entre los grupos existentes según el nuevo criterio. Vox, que ha duplicado su representación de 7 a 14 diputados, casi dobla también sus ingresos totales: de 477.813 a 879.631 euros.
La defensa de la mayoría: proporcionalidad y legalidad
La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha defendido el acuerdo con dos argumentos principales. El primero, que la proporcionalidad es el criterio más justo porque refleja directamente el resultado de las urnas. El segundo, que los servicios jurídicos de las Cortes han emitido un informe que concluye que el nuevo sistema no vulnera ni la Constitución ni el reglamento interno del Parlamento.
Marín ha rechazado también que se haya "pasado el rodillo" y ha recordado que los grupos parlamentarios disponen de otras partidas, más allá de la específica de personal, que pueden destinarse a ese concepto si lo consideran necesario. Ha añadido que en legislaturas anteriores el PP contaba con más diputados y recibía menos financiación que algunos grupos más pequeños, situación que en su opinión el nuevo criterio corrige.
El debate de fondo: ¿es la proporcionalidad suficiente garantía?
La discusión que subyace al acuerdo no es nueva en los parlamentos autonómicos españoles. Los grupos pequeños necesitan un umbral mínimo de recursos para ejercer con eficacia su función de representación, fiscalización y control del Gobierno, independientemente de cuántos diputados los integren. Una comisión de investigación, un procedimiento legislativo o el seguimiento de la actividad del Ejecutivo requieren trabajo técnico y jurídico que no escala linealmente con el número de escaños.
Aplicar un criterio puramente proporconal tiende a concentrar los recursos en los grupos mayoritarios y a dificultar la labor de los minoritarios. Estos suelen representar territorios o sensibilidades con menor presencia numérica en las urnas pero con un papel relevante en el equilibrio parlamentario, especialmente en comunidades como Aragón, donde la representación territorial —con el caso paradigmático de Teruel Existe— tiene una dimensión política específica.
Los grupos perjudicados han anunciado que estudiarán acciones legales para impugnar el acuerdo, calificado de "conculcación" de sus derechos parlamentarios. La vía jurídica es incierta y lenta, pero su sola mención indica que la controversia no va a resolverse pronto. La XII legislatura de las Cortes de Aragón arranca, en ese sentido, con una disputa sobre sus propias reglas de funcionamiento que no augura una convivencia parlamentaria sencilla.
